Escaso seguimiento de la huelga por los interinos de la administración pública

Los funcionarios catalanes estaban convocados este jueves a salir a la calle para reclamar más estabilidad para los trabajadores interinos y defender el sector público. Tres de los principales sindicatos de la administración pública en Catalunya, CGT, IAC y COS, habían convocado una jornada de huelga que no contaba con el apoyo de CCOO ni de UGT.

Pero el seguimiento de la huelga ha sido escaso. Según datos del conseller de empresa y Trabajo, Roger Torrent, el seguimiento ha sido del 5,3%, con una incidencia un poco superior en la educación, donde llega al 9,10%. Además de Educación, los departamentos en donde la huelga está teniendo más incidencia son el de Acción Climática, Alimentación y Agricultura, con un 3,96%; y el de Cultura, con un 3,64%. En la ciudad de Barcelona el tránsito no ha sufrido graves afectaciones.

Las principales demandas de los sindicatos convocantes son acabar con el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones, así como con la precariedad de los funcionarios interinos. Los sindicatos convocantes no comparten la vía planteada por el gobierno español en el texto legislativo que se está tramitando en el Congreso de Diputados porque aseguran que dejará sin trabajo a funcionarios que llevan décadas trabajando.

En concreto, algunos de los sindicatos piden regularizar la situación de los interinos que llevan años trabajando y no convocar nuevas oposiciones. La portavoz de la Plataforma d'Interins/es a Catalunya (PIC), Cristina Gruas, ha asegurado que la situación es "muy grave" porque la reforma "dejará en la calle a todo un colectivo de personas, muchas de las cuales de más de 50 años, que se encontrarán con una situación difícil en el mercado laboral", ha dicho en declaraciones a la ACN. A su vez, la propuesta de la IAC pasa por hablar "de estabilizar a personas y no a plazas" y por rechazar cualquier tipo de oposición de ingreso libre, que podría perjudicar a los trabajadores temporales. El sindicato también critica que la administración no admita el "fraude de ley" que ha cometido durante años con los trabajadores interinos e incluya indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un límite de 12 meses para el personal temporal que no consiga una plaza en una oposición.

La reforma que prepara el ejecutivo central es de gran envergadura y obligará a las administraciones públicas –incluidos los ayuntamientos y las diputaciones– a no tener más de un 8% de los contratos temporales, a cubrir las plazas de interinos con personal fijo en un plazo máximo de tres años y también a indemnizar con 20 días por año trabajado a los interinos que pierdan la plaza.