España, el último país de la UE en trabajadores sénior

Bruselas“Hace falta un cambio cultural en España. En Europa hay una tendencia clara a trabajar cada vez más entre los 55 y los 70, 75 años. Lo vemos en las tendencias internacionales: a estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más. Y España es una anomalía europea: no solo no seguimos esta tendencia sino que incluso reducimos la proporción de mayores de 55 años en activo”. Son las polémicas declaraciones de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, en una entrevista a este diario. Y los datos que recoge la oficina europea de estadística, Eurostat, le dan la razón (en parte): España es el país de la Unión Europea con menos porcentaje de población mayor de 65 años ocupada: solo un 2,7% de personas de este grupo de edad trabajaban en 2020, menos de la mitad que la media europea. 

Y Escrivá también apuntaba correctamente cuando afirmaba que hay una tendencia común entre la población sénior europea de trabajar cada vez más. “En la UE, las últimas dos décadas han estado marcadas por un aumento constante de la ocupación de las personas entre 55 y 64 años. En todos los estados miembros de la UE la tendencia general muestra cómo los trabajadores se mantienen durante más tiempo en activo, cosa que aleja la edad de jubilación. Ni siquiera la pandemia del covid ha causado una pérdida de ocupados mayor en este grupo de edad, teniendo en cuenta que ha fluctuado más la ocupación entre los jóvenes que en las personas de entre 55 y 64 años”, decía el Eurostat en un informe reciente. En este caso, sin embargo, España no es una anomalía en términos relativos. Si nos fijamos en el porcentaje de personas de entre 55 y 64 años que trabajaban en el Estado en 2004, era del 41%. En 2019 (sin la pandemia del coronavirus), había aumentado hasta el 53,8%. En los dos casos, además, la cifra es superior a la media europea.

Donde sí que el aumento es mínimo y las cifras ya descienden los umbrales comunitarios es a partir de los 65 años. Mientras que en la media de los Veintisiete los ocupados mayores de 65 eran un 6,9% en 2019, en España eran solo un 4,3%. Ahora bien, a pesar de partir de niveles más bajos, el incremento de ocupados en esta franja de edad entre 2004 y 2019 rozó el 55% tanto en España como en el conjunto de la UE. Por lo tanto, ciertamente España está a la cola de Europa en trabajadores sénior pero avanza en la misma línea que el resto de Europa a la hora de aumentarlos, aunque parte de niveles más bajos.

Las cifras varían mucho en función de los países de la UE y cuesta delimitar una tendencia clara entre los habituales grupos de países en los que se divide el club (es decir, ricos y pobres). Así, si nos fijamos en los datos más recientes [ver gráfico], países como Suecia o Letonia tienen niveles similares, alrededor del 10% de mayores de 65 años que trabajan. Alemania se sitúa en un 7,4% y Francia, en cambio, se acerca mucho más a España, con solo un 3,3%. 

Un debate europeo y global

Tal como explica Marek Góra, investigador asociado del Instituto de Economía del Trabajo IZA, las diferencias entre países pueden ser por motivos varios, tanto porque en algunos no hay suficientes incentivos para seguir trabajando más allá de los 65 años como porque en otros pasa todo lo contrario. Sea como sea, Góra cree que es imprescindible retrasar la edad de jubilación e incentivar el trabajo más allá de los 65: "Se tiene que repensar la noción de la vejez, usamos este término como si estuviéramos en el siglo pasado”. El problema es, pues, global.

Cree que a nivel político falta valentía para hacer entender que hay que “actualizar” el sistema de pensiones “en interés de los más jóvenes” y rechaza que alargar la edad de jubilación suponga en ningún caso impedirles acceder al mercado laboral, sino todo lo contrario: “Aunque los trabajadores mayores que se retiran dejan trabajo, también se llevan dinero. Cuanto más dinero se destina a pensiones, menos hay para pagar a los jóvenes, para incentivar la contratación o para su educación. En consecuencia, hay menos trabajos disponibles para la juventud, salarios más bajos y menos protección social para ellos”. Los mismos datos en el caso español llaman la atención porque, a pesar de ser el país de la UE con menos trabajadores sénior, también es el que tiene más paro juvenil y una población joven con más riesgo de pobreza, un extremo que Góra considera “absurdo”. 

Hace una semana, el think tank Bruegel organizó una conferencia sobre el futuro de las pensiones en Europa con Suvi-Anne Siimes, exministra finlandesa de Finanzas y directora de la Alianza Finlandesa por las Pensiones, y Elsa Fornero, exministra de Trabajo italiana. “Si no se explica correctamente, la población protesta contra esta reforma, porque se entiende que el estado está incumpliendo una promesa, pero hay que explicar que también se trata de repartir el dinero desde los que tienen más hacia los que tienen menos, de justicia intergeneracional”, decía Fornero. 

En Finlandia, explicaba a su vez Siimes, se ha incrementado la edad de jubilación, se ha vinculado a longevidad y se han bonificado las pensiones que llegan más tarde, pero la exministra admite que “no fue fácil”, que el debate costó una década para la opinión pública. En este punto, el economista danés Svend E. Hougaard Jensen apuntaba al hecho de que en Dinamarca también “se ha aceptado” que hay que actualizar la jubilación con la longevidad pero que se ha abierto el debate a una longevidad flexible, en función, por ejemplo, de las profesiones que pueden tener diferentes requerimientos físicos y que a menudo también tienen esperanzas de vida diferentes o del género, porque las mujeres tienen una vida laboral con más trabas e interrupciones.