José Luis Escrivá: “Hay que hacer un cambio cultural en España para conseguir que se trabaje más entre los 55 y los 75 años”

José Luis Escrivá (Albacete, 1960) es uno de los ministros que sobrevivió a la remodelación de gobierno que Pedro Sánchez hizo este verano. Tiene perfil técnico pero no rehúye la confrontación con sus compañeros de gabinete. En su cartera hay temas capitales como las pensiones, la inmigración, el ingreso mínimo vital o el SEPE, responsable de pagar los ERTE que se han hecho famosos en esta crisis.

En julio se firmó el primer acuerdo consensuado en mas de una década para reformar el sistema de pensiones. ¿Es sostenible el sistema?

— España gasta en pensiones el 12% de su PIB. ¿Es mucho o poco? Pues está en la media europea. Italia gasta 15 puntos, Francia gasta 16. Por lo tanto, es un gasto importante pero está dentro de los márgenes de los países de nuestro entorno. 

¿Pero es sostenible?

— Sí, porque estamos haciendo varias cosas. La primera es que, hasta ahora, un porcentaje muy significativo del gasto correspondía a lo que se llama ‘gastos impropios’. El pacto de Toledo identificó que el sistema de pensiones tenía 21.500 millones de gastos impropios: políticas de empleo y bonificaciones que se han ido haciendo durante décadas pero que no corresponden al sistema de pensiones. Esto ha supuesto un déficit, que al principio de la pandemia estaba en 17.500 millones. El gobierno se ha comprometido al final de esta legislatura a que la administración general del Estado asuma esos 21.500 millones, de los que el año que viene ya se cubrirán 18.000. El segundo elemento: tenemos algo que algunos países están todavía lejos de conseguir, que es la edad legal de jubilación de 67 años. Conseguir que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal es el mecanismo con diferencia más potente para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

¿Cómo se conseguirá ampliar esta edad efectiva de jubilación? Se habló de que se pagarían 12.000 euros por cada año extra que una persona trabajase. 

— La edad de jubilación es un derecho, no una obligación. Si uno la retrasa, le diremos: el ahorro para el sistema nos lo repartiremos entre la Seguridad Social y usted. Y puede ser con un pago único o con una pensión mas alta durante cierto tiempo. Luego hay otro mecanismo: eliminar cláusulas de jubilación obligatoria que pueden pactar los agentes sociales e imponer a un trabajador que tenga que jubilarse. Esto también lo hemos corregido. Y finalmente, que los desincentivos a la jubilación anticipada sean mas efectivos, sobre todo en pensiones altas, que no lo eran. 

Volviendo a la sostenibilidad del sistema. El traslado de los “gastos impropios” no hace desaparecer el déficit. Solo que de la Seguridad Social se traslada al Estado.

— Y por eso hay un reto de reducción del déficit publico estructural. El plan de recuperación tiene tres componentes que abordan esta cuestión. Uno es el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero hay otros dos componentes más: uno es sobre racionalización y eficacia del gasto público, que ha pasado un poco desapercibido. Y el otro tiene que ver con el sistema tributario y allí lo que hay es una comisión de expertos que está trabajando. Vamos a esperar sus recomendaciones para tener un sistema fiscal más efectivo. Ya ha habido otras comisiones en el pasado con recomendaciones que no terminaban de aplicarse. El problema de España no es tanto de necesidad de nuevos impuestos, ni siquiera de tarifas de impuestos, sino que somos el país de Europa, junto con Italia, con mayor número de exoneraciones y beneficios fiscales. Debemos evaluarlos para ver si realmente cumplen los objetivos para los que fueron diseñados.  

¿Qué medidas tomaría usted en fiscalidad?

— Como hay un comité de expertos y, además, es una responsabilidad de la ministra de Hacienda, esperemos a ver las recomendaciones. Pero yo apunto en la línea de lo que la comparación internacional y los países que más eficientes nos dicen: hay que evaluar los beneficios fiscales, que son muy amplios en España. Y después España está un poquito por debajo en fiscalidad verde. 

Antes ha dicho que hay que desincentivar más la jubilación anticipada. ¿Qué impresión le da cuando ve a miles de trabajadores de la banca, por ejemplo, que se prejubilan a los 53 años?

— Se les llama prejubilaciones pero no son prejubilaciones, técnicamente. No es la seguridad social la que las asume…

… pero tienen un coste para el Estado.

— Hay que hacer un cambio cultural en España. En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Lo vemos en las tendencias internacionales: a estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más. Y España es una anomalía a nivel europeo: no solo no estamos siguiendo esta tendencia si no que incluso se está reduciendo la proporción de mayores de 55 años en activo. Yo creo que claramente hay elementos que tienen que ver con aspectos normativos, por ejemplo. Los convenios colectivos son un elemento. Pero creo que es un elemento fundamentalmente cultural. 

¿Por qué?

— España es un país que ha tenido una tasa de paro elevada y hay una cierta creencia de que hay una sustitución entre empleo joven y empleo senior. Pero esto no es así, está ampliamente demostrado. No son sustitutivos. Hay que generar dentro de las empresas dinámicas en las que personas de cierta edad van cambiando su actividad, las horas de trabajo, su dedicación… Hay todo tipo de alternativas antes de sacar a estas personas del mercado de trabajo, y no se explotan lo suficiente. 

El gobierno tiene que presentar en noviembre el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Usted dijo que la generación de los baby boomers [nacidos entre 1960 y 1975] tendrá que hacer algún esfuerzo para no penalizar tanto las generaciones posteriores. ¿Puede concretar?

— No tendrán que hacer necesariamente ningún esfuerzo. El mecanismo de equidad intergeneracional es un mecanismo contingente, en el caso de que las previsiones y los escenarios que hemos planteado o las medidas que estamos planteando no fueran suficientemente eficaces. En este momento estamos discutiendo con los agentes sociales. Pronto tendremos los detalles..

Como ministro encargado de la inmigración, ¿cree que España está manteniendo una política de inmigración coherente desde el punto de vista del mercado laboral?

— El marco migratorio que nos vincula a todos es la Ley de Extranjería del año 2001, cuando en España había muy pocos inmigrantes. En algunos temas tiene un sesgo securitario y efectivamente tenemos que hacer como los países europeos que mejor lo han hecho. He visto reformas en Alemania, en Portugal, por supuesto los países anglosajones… el énfasis tiene que ponerse en el mercado de trabajo porque es un gran reto que tenemos por delante. Se tienen que promocionar mecanismos de migración regular y ordenada, pero que realmente respondan a las necesidades que vamos a tener crecientemente en nuestro mercado. La realidad es que el modelo que tenemos genera unas bolsas de inmigración irregular muy extendida en el tiempo sin que los mecanismos de integración, una vez pasado cierto tiempo, estén suficientemente establecidos.  

Los ERTEs por fuerza mayor vencen esta semana. El gobierno ya ha dicho que se prorrogarán pero, a cambio, las empresas tendrán que presentar un plan de formación para los trabajadores que estén afectados. ¿Por qué confían tanto en la formación viendo que el sistema de formación a los parados no funciona?

— Porque realmente el modelo es distinto. Si algo falta en España son los mecanismos de formación dual y de formación dentro de las empresas. Las políticas activas de empleo son políticas destinadas a parados y las empresas no participan en el proceso de formación. Lo que queremos ahora, y es uno de los grandes retos en España, es establecer mecanismos donde la formación se haga dentro de la empresa. Así los trabajadores tendrán mejores habilidades dentro de la propia empresa o, si no es así, para que tengan una buena transición a otras actividades laborales.

En Catalunya había esta semana 49.000 personas en ERTE, la mitad de las cuales en el sector turístico. ¿Qué tipo de formación pueden recibir estos trabajadores?

— En el ámbito de la hostelería hay muy buenas escuelas de formación. El tema de los idiomas es un tema evidente, pero hay buena formación para mejorar la calidad del servicio de un hotel o de un restaurante, desde la elaboración de la comida hasta el servicio… En España hay poca tradición de formación pero hay que generar los incentivos para conseguirlo.

Respecto al ingreso mínimo vital (IMV): ¿Cuántos hogares lo cobran?

— Pasado ya algo mas de un año hemos tramitado un millón y medio de solicitudes del ingreso mínimo vital. Son muchísimas. Se les ha concedido a cerca de 350.000 familias, en Catalunya son 28.000, me parece. Eso coincide con las cifras que habíamos identificado. Pero también nos ha surgido un elemento que nos está haciendo trabajar: muchos de los que nosotros habíamos identificado a priori como potencial beneficiario, no nos lo han pedido. Ahora estamos diseñando una encuesta para dirigirnos a estas familias. 

Si han tramitado un millón y medio y han concedido 350.000… ¿han rechazado muchas peticiones?

— Sí, muchas. Hay una gran brecha entre la percepción que tiene uno de lo pobre que es y de su situación de vulnerabilidad y la realidad. El principal motivo de descarte de peticiones de IMV es por superar los umbrales de renta y patrimonio y, en la mayoría de los casos, muy ampliamente.

¿Les llegó mucha gente que cobraba las rentas garantizadas de las comunidades autónomas, como por ejemplo Catalunya?

— Después de casi 20 años de rentas autonómicas, el numero total de familias beneficiarias en el punto máximo no llegó a los 250.000 familias con el agregado de todas las comunidades autónomas. Nosotros en algo más de un año hemos llegado a 350.000 y seguimos creciendo. El grueso, no sé si el 80% o así, de los beneficiados de rentas autonómicas ya nos han solicitado a nosotros el IMV. Y también puedo decir que en un porcentaje muy significativo los hemos rechazado porque no cumplen los criterios de renta y patrimonio.

Como experto, como la persona que fundó la Airef, usted tiene un gran conocimiento de la financiación autonómica. ¿Cree que es reformable el sistema de financiación autonómico?

— La ministra de Hacienda hará una propuesta. Debemos esperar a que se presente y se discuta. No tengo que dar muchas recomendaciones porque ella sabe muchísimo de este asunto, tiene muchísima experiencia. Yo creo que cuando los intereses son distintos hay que intentar que desde el centro se generen mecanismos que objetiven la discusión y faciliten la discusión sobre parámetros objetivos.

¿La solución pasa por que el gobierno central acabe cediendo más ingresos a las autonomías? ¿Inyectar más dinero a las comunidades?

— Digamos que esta ha sido una solución clásica a la resolución de estos temas, vamos a esperar qué dice la ministra. 

Los mecanismos para salir de esta crisis han sido muy diferentes a los de la crisis anterior. Aun así, ¿usted cree que se tendrían que haber dado más ayudas directas a ciudadanos y empresas?

— Nosotros hemos dado ayudas directas, a ver…

No tantas como otros países.

— En ningún país de Europa se han dado exoneraciones por los trabajadores activados, nosotros sobre todo lo hemos hecho en los sectores mas afectados por la crisis, hoteles y tal… Imaginemos un hotel que ha abierto al 50% o que ha abierto la mitad de su cadena, los trabajadores en ERTE tenían una exoneración que ha llegado a ser del 50%, y el otro 50% de trabajadores activos también han tenido una exoneración más alta incluso cuando estaban ya produciendo y generando.

Mirando atrás, hubo muchas personas que tardaron en cobrar los ERTEs. ¿Qué se hizo mal para que estas personas tardaran meses en tener un ingreso?

— Conviene poner perspectiva. Estábamos en una pandemia, con la gente teletrabajando… yo creo que son instituciones donde nos hemos dado cuenta que hay que mejorar el nivel de digitalización y de trabajo a distancia de los propios trabajadores de los Sepes. Con los Sepes cerrados, las oficinas cerradas y sin tener capacidad de trabajo a distancia bien desarrollada y con muchos trabajadores además en cuarentena, lo que se hizo yo creo que supera incluso lo que uno razonablemente puede esperar. Lo que puedo decir es que la abnegación por parte de los funcionarios ha sido extraordinaria.

El gobierno se plantea eliminar el llamado “paro extraordinario” a los autónomos. ¿Por qué quieren acabar con esta ayuda? Según ATA, el 80% de los 226.000 autónomos que la cobran se quedarían sin ella.

— Estamos en un contexto distinto de fuerte crecimiento y de levantamiento de restricciones. Ahora se trata de apoyar una reactivación que ya está lanzada. Hay 220.000 autónomos protegidos con prestación y otros 200.000 con exoneraciones. Lo que proponemos es que la mayoría de ellos pase a recibir ayudas en forma de exoneraciones para apoyar el mantenimiento de la actividad. Además, se seguirían manteniendo prestaciones para aquellos que tienen suspendida su actividad o para a los autónomos de temporada con bajos ingresos.

El gobierno también dijo que, pasado el verano, tendría "desplegada y concretada" la penalización a las empresas que abusen de los contratos muy cortos. ¿Cómo será esa penalización?

— Los datos nos demuestran que existe un abuso de los contratos de muy corta duración por parte de algunas empresas y creemos que estos comportamientos deben ser penalizados. Esperamos presentar una propuesta a los interlocutores sociales pronto.