El gobierno español reclama 110 millones de euros a Uber Eats por usar falsos autónomos

Barcelona / MadridEl ministerio de Trabajo reclama 110 millones de euros a Uber Eats por haber dado empleo a 60.000 repartidores como falsos autónomos entre los años 2022 y 2026, según ha avanzado El País y han confirmado a el ARA fuentes del ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo, que depende de la cartera que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, inició una investigación el verano del año pasado y llegó a la conclusión de que estos trabajadores debían ser asalariados.

Los 110 millones de euros que el gobierno español pide ahora a la compañía de reparto son en concepto de cotizaciones impagadas a la Seguridad Social. A este importe se sumará una sanción administrativa por el uso de autónomos en lugar de empleados con contrato, la cifra de la cual aún se debe concretar.

En declaraciones recogidas por El País, un portavoz de Uber Eats asegura que la empresa está comprometida con la legalidad de sus contrataciones: “Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan y continuaremos trabajando con repartidores, sindicatos y el gobierno [español] para garantizar un proceso justo para todos”, afirma. De hecho, según el mismo diario, miles de trabajadores de la plataforma de reparto a domicilio recibieron este jueves un mensaje de la Seguridad Social en sus teléfonos en el que se les informaba de su alta en el régimen general en los períodos durante los cuales habían trabajado como autónomos.

Todo ello, después de que en enero, cuatro años después de la aprobación de la leyrider, Uber Eats ya anunció que dejaría de "colaborar con repartidores autónomos". La compañía, con sede en California (EE. UU.), detalló entonces que los repartidores que aún utilizaban su aplicación como autónomos podrían continuar trabajando como empleados por cuenta ajena en una de las flotas subcontratadas por la firma.

Seguía así los pasos de la catalana Glovo, que acabó aceptando un modelo asalariado justo antes de que su fundador, Oscar Pierre, declarase en el juzgado como acusado de un delito penal contra los trabajadores. La otra gran plataforma del sector que opera en el Estado, Just Eat, ya funcionaba con repartidores en plantilla desde hace tiempo.