El arma definitiva de los empresarios contra la burocracia

En junio de 2023, el Ayuntamiento de Sant Cugat sufría un colapso que fue polémico. El consistorio tenía entonces 145 licencias de obras en el cajón sin tramitar y el período de aprobación llegó a superar los 24 meses. Era un colapso histórico que convirtió a Sant Cugat en la ciudad catalana en la que más se tardaba en obtener licencias de obras. La ciudad vallesana logró superar la situación principalmente con contratación de más técnicos en el Ayuntamiento y, hoy en día, ha rebajado a unos 70 días la resolución de licencias.

Con todo, el caso de Sant Cugat es paradigmático de lo que ocurre en toda Catalunya. En promedio, las licencias de obras en el territorio tardan entre 6 meses y un año en resolverse, si no más, y eso es lo que la asociación Catalunya Sense Límits se ha propuesto resolver a través de la declaración responsable como propuesta para agilizar y disminuir la burocracia.

Según explica el arquitecto Jordi Comas –uno de los expertos con los que la asociación ha contado para la campaña de la declaración responsable– en el ARA, esta herramienta "podría ayudar a agilizar mucho las cosas". El problema, dice Comas, radica en que "para pedir una licencia de obras para sacar adelante un proyecto, hay que hacer frente a mucha burocracia y es muy pesado". Las competencias para autorizar una licencia de obras son de los ayuntamientos, pero a menudo existen otras instancias de otras administraciones que también deben decir la suya.

"Por ejemplo, si se hace una construcción próxima a un torrente, aunque lo autorice el municipio, la Agencia Catalana del Agua (ACA) también debe decir la suya, lo que hace que sea un proceso muy largo en función del volumen de trabajo que tenga cada administración y también del número de gente que trabaje", explica Comas.

Menos burocracia

"Cuando los municipios no pueden dar una respuesta rápida a las licencias, dicen que es porque tienen personal limitado y no pueden aumentarlo rápidamente, pero es una excusa de mal pagador: cuando pides la licencia de obras pagas ya dos cosas: l impuesto ICIO y la tasa de servicios urbanísticos, que quiere decir que tú pagas el gasto del tiempo de tramitar la licencia con todos los costes directos e indirectos de todos los funcionarios que intervienen –detalla el arquitecto–. estás pagando, no tiene sentido que digan que no pueden", añade.

Una licencia de obras implica que los ayuntamientos deben controlar que la normativa urbanística local y el proyecto estén alineados. "La realidad es que acaban informando sobre otros muchos aspectos que exceden estas informaciones, como el decreto de habitabilidad, el decreto de ecoeficiencia, etcétera. Ellos lo miran porque quieren validar el proyecto, pero hay una duplicidad: eso también debe validarlo el Colegio de Arquitectos. ¿Por qué el Ayuntamiento no se limita a mirar la normativa local? –se pregunta el experto–.

¿Y en qué consiste la declaración responsable que propone la asociación? Los técnicos presentarían un proyecto bajo su responsabilidad y el promotor podría iniciar las obras con un control mínimo de contabilidad urbanística y sin tener que esperar a ninguna otra autorización. "Plantea que tú, como arquitecto, comunicas que quieres realizar un proyecto, lo explicas a grandes rasgos, y el Ayuntamiento da una conformidad urbanística preliminar: cosas básicas, como si respeta la altura, el tamaño, el uso ... son unos parámetros que se pueden validar de forma muy rápida", explica el arquitecto.

Con esta primera conformidad, el arquitecto o técnico puede firmar una declaración asumiendo su responsabilidad, y empezar las obras. El Ayuntamiento comprobaría posteriormente el cumplimiento de todas las normativas. Si no se cumple lo que se ha dicho que se hará, habría multas y penalizaciones, y debería rehacerse, si es necesario, las obras ejecutadas, siempre bajo la responsabilidad del técnico. "En muchos países europeos ya funciona así; la responsabilidad es del arquitecto", apunta Comas.

"Además, las administraciones deben verlo como una oportunidad: si un Ayuntamiento puede aprobar 200 licencias de obra al año en vez de 100, recaudará mucho más dinero", apunta Comas.

La legislatura "de la simplificación administrativa"

Sacar adelante el proyecto de la declaración responsable depende de la Generalitat. Sin embargo, desburocratizar es uno de los objetivos que ha anunciado el nuevo Gobierno para impulsar la economía. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, lo dejó claro esta semana en el Parlament: "Esta debe ser la legislatura de la simplificación administrativa", aseguró. No es el único consejero que hace esta apuesta. La consellera de Territori, Silvia Paneque, de la que depende ahora la cartera de energía, también apuesta por simplificar los trámites como medida impulsora de las renovables.

Paneque ya ha anunciado algunas medidas concretas para reducir los plazos de tramitación y la carga burocrática de los proyectos, según dijo también en la cámara catalana. La consellera explicó que el Govern quiere incluir, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2025, un paquete de medidas de instalaciones de energías renovables, entre ellas la de permitir que los trámites urbanísticos puedan avanzar "en paralelo" con los estrictamente energéticos, lo que permitiría acortar entre 12 y 14 meses los plazos para conseguir el visto bueno de un proyecto.