El Estado busca apoyos en el consejo de administración para cambiar la presidencia de Indra

BarcelonaEl gobierno español mantiene el pulso con el presidente de Indra, Ángel Escribano. La pugna entre los dos principales accionistas de la compañía, el Estado a través de la SEPI, con el 28% del capital, y los hermanos Escribano, propietarios de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con el 14,3%, sigue cara al consejo de administración ordinario previsto para este miércoles. Esta reunión se celebrará después de que los Escribano trataran de parar la presión del ejecutivo español aparcando el proyecto de fusión de Indra con su compañía familiar.

Lo hicieron en un consejo extraordinario al día siguiente de que la SEPI manifestara que quería que se solucionara el conflicto de intereses que entienden que se produce debido a que los Escribano sean jueces y parte en esta operación empresarial, a pesar de excluirse de los trabajos para analizar la operación. El objetivo de la fusión era construir "un campeón" del sector de la defensa español y en la Moncloa existía el temor a perder su control en favor de EM&E, la empresa familiar de los Escribano, que se ha revalorizado en los últimos años hasta un valor entre los 1.000 y los 2.000 millones gracias a la posible relación con Indra.

El ejecutivo español busca conseguir una mayoría en el órgano de gobierno de la empresa, que tiene 15 miembros, para forzar a que Escribano deje la presidencia ejecutiva, que ocupa con un aval mayoritario desde enero del año pasado, cuando sustituyó a Marc Murtra, actual presidente de Telefónica. Pero la SEPI, pese a ser el principal accionista, no tiene de momento suficientes apoyos. Se da por sentado que la sociedad pública puede contar con el grupo industrial vasco SAPA, que controla el 7,9% del capital y que tiene como consejero a Jokin Aperribay. Escribano, por su parte, tendría de su parte al menos a Amber Capital, con el 7,24%, la sociedad del francés Joseph Oughourlian, principal accionista de Prisa (editora de El País), y que está enfrentado con el ejecutivo de Pedro Sánchez. En el consejo lo representa Pablo Jiménez de Parga.

Será clave el bando por el que opten los consejeros independientes en la pugna entre los dos principales accionistas. El Estado, que ha intentado sin éxito que Escribano dejara el cargo voluntariamente, aspira a convencer a buena parte de vocales, lo que supondría 8 de los 15 que hay. Además de la vicepresidenta, Virginia Arce, otros vocales independientes son Belén Amatriain, Teresa Busto, María Aránzazu Díaz Lladó, Eva María Fernández Góngora, José Oriol Piña y Bernardo Villazán. En total, seis miembros (la vicepresidenta y otros cinco).

La SEPI tiene tres representantes en el consejo: el exministro de Industria y exjefe de la oficina económica del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián; Antonio Cuevas, ex diputado socialista, y el ex candidato socialista la alcaldía de Pamplona Juan Moscoso del Prado.

Los Escribano ocupan dos plazas: la del presidente ejecutivo, Ángel, y otra su hermano, Javier, que además es el presidente de EM&E. Ambos hermanos controlan su participación en Indra a través de la sociedad Advanced Engineering and Manufacturing. Además se encuentra el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, encargado de gestionar la operación con la compañía de los Escribano y que ocupa el cargo desde 2023, cuando el presidente del grupo era Marc Murtra.

Los diferentes gobiernos centrales han propuesto siempre al presidente de Indra, como ocurrió con Fernando Abril Martorell, del 2015 al 2021, propuesto por Mariano Rajoy (PP), y Marc Murtra –vinculado al PSC–, del 2021 al 2025, por el ejecutivo.

Ayer las acciones de Indra vivieron una nueva sesión de pérdidas, cuya caída llegó a superar el 5% pero cerró con un descenso del 2,93%, hasta los 48,68 euros. La situación ha hecho que también reaccionen los representantes de los trabajadores. La sección sindical de CCOO expresó a través de un comunicado su "firme preocupación" ante los movimientos que se están produciendo. "Indra no es una empresa más. Es una pieza clave en la construcción de la soberanía tecnológica de España y Europa, especialmente en ámbitos críticos como la seguridad y la defensa", dice la central sindical. Es por ello que considera "inaceptable que se estén promoviendo dinámicas que generen inestabilidad, incertidumbre y debilitamiento institucional en el seno de la compañía". "Este tipo de actuaciones no son neutras: tienen consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto, sobre la confianza de los mercados y, especialmente, sobre el empleo y el tejido industrial asociado", concluye.

La operación de Indra y EM&E empezó a analizarse el año pasado. Aunque se había hablado extensamente, fuentes cercanas al gobierno español afirman que no fue hasta finales de este enero cuando se decidió cómo enfocarla. Y entonces surgió el problema del conflicto de interés. De hecho, este aspecto provocó ya las críticas de algunos miembros del consejo de administración, como Olga San Jacinto y Coloma Armero, que acabaron fuera del consejo. Finalmente, se decidió que se tomaría una decisión una vez se tuvieran las cuentas de 2025 de las dos compañías y las auditorías. Otro punto fijado fue que José Vicente de los Mozos, el consejero delegado, fuera el encargado de gestionar todo lo relacionado con la operación.