Defensa

¿Qué está pasando en la empresa de defensa Indra?

La compañía, a petición del gobierno español, estudia fórmulas distintas a la fusión para desatascar la operación con el grupo Escribano

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, en una imagen reciente.
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MadridHace días que la empresa de defensa Indra, en la que el Estado tiene un 28% del capital social a través de su brazo inversor, la SEPI, está eclipsando a los titulares de prensa, pero también a los números rojos en bolsa: en los últimos cinco días sus acciones han caído más de un 11%. El motivo de fondo es una operación empresarial que desde que se puso sobre la mesa no ha estado exenta de polémica: la adquisición de la empresa española de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group). Se trata de una compañía que cofundó el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que hoy preside su hermano, Javier Escribano. Pero ambos son propietarios. Asimismo, EM&E Group es el segundo accionista de Indra, por detrás del Estado, con un 14,3% del capital social.

El alto directivo de Indra siempre ha defendido la operación, que se confirmó en abril de 2025, cuando la compañía comunicó que se estaban produciendo conversaciones para analizar la adquisición y estimar el valor de EM&E Group. Sin embargo, desde entonces la idea de un posible conflicto de intereses no ha pasado desapercibida. De hecho, el temor llegaron a plantearlo parte de los miembros del consejo de administración a finales del 2025. En concreto, las consejeras Olga San Jacinto y Coloma Armerom se mostraron críticas, tal y como explicaba el ARA. Aquel escollo se resolvió aceptando tener sobre la mesa los números completos del 2025 de ambas empresas y la auditoría de éstos antes de dar cualquier paso. También que fuese José Vicente de los Mozos, el consejero delegado, el único encargado de gestionar todo lo que rodeaba la operación. Él mismo confirmaba este lunes que ha recibido el visto bueno del consejo de administración para negociar con Javier Escribano, presidente de EM&E Group, y "estudiar distintas estructuras de la operación". Y en este matiz de las "diferentes" posibilidades para que la operación salga adelante es donde entra en juego el gobierno español y el jaleo de las últimas horas.

El fantasma del conflicto de interés

En principio, todo apuntaba a que si Indra y Escribano se acababan consolidando como un solo grupo sería a través de una fusión por absorción, pero en la Moncloa habrían mostrado recelo por el fantasma, precisamente, del conflicto de intereses. Pero también por el miedo a perder poder en una empresa que el gobierno considera estratégica –vive, principalmente, de los contratos del ministerio de Defensa–, sobre todo en un momento en que el gasto público en defensa se ha disparado. Desde el gobierno español se han limitado a mostrar prudencia. "La presencia del gobierno como accionista [de Indra] tiene un objetivo de estabilidad a largo plazo y de potenciar también el interés general", indican fuentes gubernamentales, que aseguran que "cualquier decisión deberá tomarla el consejo de administración de la compañía".

Algunas informaciones han indicado que la discrepancia sobre cómo debería ejecutarse esta operación ha abocado a un choque directo con Ángel Escribano, al que se le habría planteado el cese, aunque él lo ha negado. "Quiero ser claro, nadie ha pedido mi dimisión y no hay ningún proceso abierto al respecto", ha afirmado este jueves el directivo, a través de un comunicado a la agencia Bloomberg. Hasta dos fuentes conocedoras del proceso confirman al ARA que este escenario no se ha puesto sobre la mesa.

¿Quiere decir todo ello que la operación con los Escribano ha descarrilado? No. De hecho, la propia empresa ha emitido este jueves un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmando que el análisis de la operación sigue. Ahora bien, lo que sí se enfría, y por momentos, es la posibilidad de una fusión. Fuentes de la SEPI consultadas por el ARA confirman que, si bien se autorizó al consejero delegado a negociar "diferentes alternativas" de operación con el grupo Escribano, algunas apoyarían "pero otras no", aseguran las mismas fuentes. Para la SEPI, es decir, para el gobierno español, es clave blindar el interés general y tener en cuenta cómo puede afectar a la gobernanza de la empresa si la operación se realiza de una u otra forma. En este sentido, aparte de la fusión se plantea, por ejemplo, la adquisición de parte de Escribano. En cualquier caso, la decisión se tomará cuando todo llegue a la mesa del consejo de administración, aseguran desde la SEPI.

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