Goteo de millones para defensa: así alcanza el Estado el 2% del PIB

MadridDonald Trump le trasladaba este lunes a Pedro Sánchez que el Estado estaba "haciendo un trabajo fantástico" en lo que se refiere al incremento del gasto público en defensa. Veinticuatro horas después, el presidente de Estados Unidos cambiaba completamente el tono afirmando que está "muy decepcionado" con España por el poco dinero que invierte en esta materia.

El presidente del gobierno español abrió hace tiempo un choque con la Casa Blanca tras rechazar alcanzar el 5% del PIB en defensa. Ahora bien, está haciendo manos y mangas para llegar al 2% en 2025, tal y como se ha comprometido con la OTAN. Lo hace a través de un goteo de millones de euros aprobados en el consejo de ministros, y que no necesitan el visto bueno del Congreso de los Diputados, por lo que a diferencia de otras cuestiones –por ejemplo, el embargo de armas a Israel–, pasan desapercibidos. Con estos desembolsos, Sánchez da respuesta al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa anunciado en abril y valorado en 10.471 millones de euros –sólo una parte se ejecutará este 2025– y que debe permitir a España cumplir con ese 2% del PIB en defensa. Las últimas grandes partidas vinculadas al plan se aprobaron, precisamente, en el consejo de ministros de este martes.

De entrada, se han aprobado cinco préstamos para cumplir con cinco programas militares del plan que deben servir para la "modernización en los ámbitos terrestre y aéreo". Los cinco programas ascienden a 1.291 millones de euros. El primer programa (788 millones de euros) se ha adjudicado a la empresa TESS Defence y dotará al ejército de tierra con nuevos vehículos. Un segundo programa de 132 millones de euros se ha encargado a la empresa UROVESA y también debe servir para dotar al ejército de nuevos vehículos. El tercer programa (176 millones de euros) supone actualizar a los llamados vehículos Pizarro y se ha adjudicado a la empresa Santa Bárbara, filial de la empresa estadounidense General Dynamics; el cuarto programa (17 millones de euros) se ha adjudicado a Indra ya Escribano para que desarrollen el Sistema Contra UAS que, entre otras cosas, busca neutralizar drones. Y el último programa (178 millones de euros) cayó en manos de la empresa AERTEC Defence and Aerial Systems, que deberá desarrollar "tecnologías aéreas robóticas de movilidad autónoma sensorizada".

Asimismo, se concedió otra batería de préstamos directos de carácter plurianual bajo condiciones especiales: un interés del 0% fijo y no revisable vinculado a otros 10 programas correspondientes al plan aprobado en abril y que suman 4.719 millones de euros, tal y como se desprende de la referencia del consejo de ministros.

La principal empresa beneficiada a la hora de desarrollar estos últimos 10 programas vuelve a ser la empresa de defensa Indra, donde el Estado tiene el 28% del capital social. Concretamente, la compañía que preside Ángel Escribano tendrá acceso a 4.652 millones de euros del total concedido.

Algunas de las partidas, sin embargo, son compartidas con otras empresas con las que se ha unido para ganar la concesión. Por ejemplo, destaca la aparición de Telefónica -su presidente, Marc Murtra, ya anticipó que quería invertir en defensa–, con quien compartirá un préstamo de 380 millones de euros. Con la firma Escribano, que preside Javier Escribano, hermano de Ángel Escribano, Indra compartirá tres de los diez préstamos concedidos (3.152 millones). Por último, un préstamo por valor de 67 millones de euros se ha adjudicado a Grupo Oesía y Epicom. De todas ellas, las compañías españolas Escribano y Grupo Oesía son las que históricamente han mantenido relaciones comerciales con Israel.

Por último, y ya fuera del plan extraordinario de la primavera, el gobierno español también ha aprobado tres préstamos directos destinados exclusivamente a Indra. En total, son 880 millones de euros para desarrollar tres programas destinados a ciberseguridad y tecnologías vinculadas a la seguridad y la localización. Teniendo en cuenta las líneas de préstamos vinculadas al plan y éstas últimas, en un solo día el gobierno español ha aprobado la concesión de 6.890 millones de euros.

Lo ocurrido en el consejo de ministros de este martes, sin embargo, ha sido la tónica habitual desde la vuelta de las vacaciones de verano.

Despliegue del plan extraordinario

De todos los consejos de ministros celebrados desde el 26 de agosto hasta el 14 de octubre (un total de ocho), en tres de ellos aparecen partidas vinculadas al plan de más de 10.000 millones aprobado en primavera. Bajo este paraguas se ha aprobado un contrato de un año por valor de 17 millones de euros para el despliegue del NATO CYBER RANGE, una plataforma tecnológica que dota de "capacidades de prevención de ciberataques" en el Mando Conjunto del Ciberespacio de la Base Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madridtán), conocida como. En concreto, la partida se aprobó en el consejo de ministros del 9 de septiembre, en el que también se dio luz verde a 42,3 millones para la construcción de un Centro de Respuestas ante Emergencias Informáticas para la propia Base Retamares, así como a otros 17 millones de euros para la construcción de un Centro de Operaciones (CesOC).

Una semana después, en el consejo de ministros del 16 de septiembre, Hacienda aprobó una transferencia de crédito por valor de 562,3 millones de euros al ministerio de Industria para afrontar el gasto vinculado al plan. Hay que tener en cuenta que la estimación del gobierno español es que la cartera que pilota Jordi Hereu movilice en 2025 un total de 4.500 millones de euros de los 10.471 millones contemplados en el plan.

Asimismo, Hacienda modificó el límite de gasto del ministerio de Industria y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto entre los años 2026 y 2031. La cartera de María Jesús Montero ha vinculado este balón de oxígeno a la necesidad de financiar actuaciones de la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), 51%, e Indra (49% del capital).

Por último, y aún bajo el marco del plan extraordinario, el gobierno ha aprobado la concesión directa de préstamos para desarrollar "programas especiales de modernización en el ámbito aéreo". La concesión, aprobada el 23 de septiembre, la ha encauzado el ministerio de Industria a través de dos reales decretos.

Un primer decreto está valorado en 350 millones de euros, de los que 278 millones deben ejecutarse este año (el resto se invertirá entre 2026 y 2029), según datos del ministerio de Industria a los que ha tenido acceso el ARA. Las empresas beneficiadas son Indra y la filial de Airbus dedicada a la defensa y el espacio, tal y como consta en la referencia del consejo de ministros de ese día. Ambas compañías tienen el encargo de desarrollar dos programas "críticos" para el ejército asociados al Sistema Integral Aéreo de Última Generación.

La concesión vinculada al segundo decreto se ha hecho sólo en Airbus (en la filial de defensa y espacio, pero también en la filial de helicópteros) y la cifra asciende a los 3.680 millones, de los que 1.032 millones deben ejecutarse este año, según ha podido saber el ARA.

¿Por qué estas empresas?

En las referencias de los consejos de ministros, el gobierno español argumenta que la adjudicación a estas empresas tiene un "carácter singular" y no es posible realizar una convocatoria pública porque "las entidades beneficiadas han sido consideradas por el ministerio de Defensa como aquellas capaces de proveer a la alternativa óptima para desarrollar los programas".

Otras partidas

Pero fuera del plan extraordinario de la primavera, el gobierno español se ha dedicado a aprobar otras partidas que han dado oxígeno financiero sobre todo al ministerio de Defensa. En ese caso, el ejecutivo de Pedro Sánchez opta por vías como el Fondo de Contingencia, las transferencias directas de crédito y los acuerdos marco (un instrumento de contratación que aglutina adjudicaciones) y tampoco necesita el aval de los grupos parlamentarios.

Aquí, la lista es extensa porque en todos los consejos de ministros aparecen partidas destinadas a Defensa. Por ejemplo, el pasado 26 de agosto se aprobaron dos acuerdos marco de 86 y 83 millones de euros para munición y un acuerdo de 258,4 millones para la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D).

Más adelante se aprobaron 64,9 millones para la adquisición de sistemas lanzacohetes, un contrato de 25 millones para "potenciar las capacidades" del ejército ante las "nuevas ciberamenazas" o 716,4 millones adjudicados a Navantia para el diseño y construcción de dos buques de Acció Marí.