Bruselas propone limitar los alquileres turísticos y la compra de segundas residencias

BruselasLa Comisión Europea prepara un marco regulatorio para permitir a los ayuntamientos restringir el alquiler turístico y la compra de segundas residencias, con el objetivo de combatir la crisis de acceso a la vivienda que sufre el continente. Ante las mil y una recetas aplicadas por los estados miembros para frenar la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía comunitaria, Bruselas presentará el miércoles la ley de vivienda asequible. La norma fijará las condiciones bajo las cuales los entes locales podrán aplicar estas restricciones y ofrecerá una metodología común para dotar a las medidas de seguridad jurídica.

Las condiciones para poder aplicar la limitación de compra y de alquileres turísticos son numerosas. Según el borrador del texto al cual ha tenido acceso el ARA, el nuevo reglamento plantea crear a escala europea la figura de la zona "de estrés residencial", que sería el equivalente a las "zonas tensionadas" en Cataluña.

Para que un municipio sea incluido en esta categoría, se deben dar simultáneamente tres condiciones. La primera es que el precio medio de compra de una vivienda en aquella zona debe ser equivalente o superior a ocho veces los ingresos anuales de la familia media, a fin y efecto de determinar que el coste de la vivienda es inaccesible para la capacidad económica de las familias. La segunda es que esta ratio de afectación se debe haber encarecido de forma continuada durante los últimos 10 años. Y la tercera es que la administración debe demostrar que hay indicios de que la presión inmobiliaria no disminuirá en los próximos tres años.

Además, la ley prevé un principio de “proporcionalidad”. La medida que se decida aplicar debe ser la menos restrictiva posible para el mercado interior y habrá que valorar opciones más suaves como límites cuantitativos o cláusulas para proteger situaciones legales anteriores a la norma europea. Los municipios estarán obligados a revisar las limitaciones, como mínimo, cada cinco años; y las limitaciones de compra no podrán discriminar a ningún comprador de la UE por motivos de nacionalidad.

El choque entre el derecho a la vivienda y el libre mercado

El reglamento no prevé ninguna restricción para la residencia principal, ya que considera que esta modalidad no retira vivienda del mercado residencial habitual. Tampoco pretende que estas limitaciones se apliquen a todo el territorio comunitario, sino dar cobertura legal a aquellas ciudades o gobiernos que sí quieren intervenir en el mercado de la vivienda. De hecho, la Unión Europea no tiene competencias en materia de vivienda y, en el mismo documento, reconoce que "la asequibilidad de la vivienda en sí misma no es el problema directo que aborda esta iniciativa", sino establecer una metodología común para reducir la incertidumbre jurídica.

Con todo, Bruselas reconoce que no basta con restringir la compra especulativa y el alquiler turístico para resolver la grave crisis de la vivienda. Dado que las restricciones solo ofrecen un alivio a corto plazo, el texto defiende que es imprescindible aumentar el parque de vivienda, especialmente el de vivienda social y asequible. En este sentido, insta a las administraciones a acompañar las limitaciones con medidas a largo plazo como, por ejemplo, simplificar licencias o rehabilitar el parque. "Los códigos de construcción, las normas de zonificación, la planificación y los procedimientos de permisos son factores clave en los que la acción de las autoridades competentes podría ayudar a adecuar mejor la oferta y la demanda de viviendas", se lee en él.

El reglamento ha sido impulsado por la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Transición Limpia y Competitiva, la socialista española Teresa Ribera, y el comisario europeo de Vivienda, el socialista danés Dan Jorgesen, que serán los encargados de hacer pública la propuesta el miércoles. Antes de entrar en vigor, el texto deberá recibir el visto bueno del Consejo de la UE —donde están representados los estados miembros— y del Parlamento Europeo.

El camino legislativo de la norma no será plácido. Fuentes populares consideran que, mientras que el reglamento relativo a los apartamentos turísticos tiene recorrido, el intento de limitar la compra de vivienda de uso no habitual es un "disparate". En cambio, fuentes de los verdes interpretan que los criterios para acceder a la denominación de zona tensionada son "obstáculos legales muy pesados" que bloquean la acción local.