Del Carmel a Barbados: la historia oculta del promotor que presumía de hacer pisos protegidos

BarcelonaHay lugares donde no hay espacio para el silencio. Donde el día y la noche se entrelazan sin apenas descanso para los oídos de los vecinos. En el Paral·lel, el runrún de los coches y el jaleo de los que por la noche hacen cola en las aceras se suceden sin pausa, ocupando todos los rincones del espectro sonoro.

Muy cerca de El Molino, una fachada inacabada, casi desfigurada, no acaba de estar ni viva ni muerta: muchas ventanas tapiadas con ladrillos de arcilla sellan los primeros pisos, como si nunca hubiera vivido nadie. Más arriba, en cambio, el bloque respira por grandes ventanales metálicos, protegidos con redes verdes, como si la obra se hubiera detenido sin avisar.

Y solo cuando cae el día, justo cuando el tránsito afloja y todavía no hay colas en las discotecas, esta estructura indómita emite luz propia. Tres viviendas proyectan luz a la calle, como si viviera alguien. En la mayoría de los pisos nadie responde; y en los pocos donde sí, nadie quiere abrir. Y tras el zumbido del interfono solo queda el silencio.

En la otra punta de la ciudad, en el barrio del Carmel, algunos vecinos acaban de estrenar unos pisos de obra nueva. Pero no tienen luz y dependen de un generador que se para cada tarde, dejando el edificio a oscuras.

El caso de estos edificios podría parecer un epílogo de la crisis del 2008. Pero los bloques, ubicados en la avenida Paral·lel 81-83 y en la calle Bernat Bransi 48-58, no son cicatrices de la burbuja, sino heridas inmobiliarias de nuestros días. Y todavía están en carne viva.

El promotor del 30%

Estas heridas tienen un denominador común: un promotor hasta hace poco desconocido que se desmarcó del rechazo mayoritario del sector a reservar el 30% de los nuevos pisos a vivienda protegida. En un reportaje deEl País, explicaba lo que casi era una proeza: había sacado adelante siete promociones cumpliendo esta obligación. E incluso presumía de ello: “Compensa moralmente contribuir”, decía.

Su nombre, Ramon Triquell Monfort, aparece vinculado a una amplia red societaria. Figura como administrador de 35 empresas, prácticamente todas del sector inmobiliario, pero acumula una cincuentena de cargos a lo largo de su trayectoria, muchos en empresas ya extinguidas. Esto es así desde hace décadas, pero no dispone de ninguna propiedad a su nombre en todo el Estado.

Tampoco es especialmente conocido dentro del empresariado barcelonés. Las fuentes consultadas por la ARA no han conseguido ubicarlo más allá del Club de Tenis La Salut: su nombre aparece como segundo clasificado en una competición de 13 integrantes de este histórico club de raqueta barcelonés.

En una investigación de los últimos meses, ARA ha recogido el testimonio de al menos una quincena de personas que se consideran perjudicadas. Todas denuncian problemas en diversas promociones levantadas o rehabilitadas por él durante los últimos años en la ciudad de Barcelona.

Media docena de compradores y propietarios se quejan de problemas en dos promociones concretas: el edificio de la avenida Paral·lel, al lado de El Molino, que actualmente se está rehabilitando, y el bloque de la calle Bernat Bransi, en el Carmel. En este último, tres parejas han vivido un viacrucis en el proceso de compra: retrasos de meses en la construcción, problemas para contactar con la inmobiliaria una vez firmadas las arras, varias citaciones ante notario para firmar una compraventa que, dicen, no podía prosperar, y finalmente la entrega de pisos sin suministros ni obras del todo acabadas. "Yo firmé llorando", explica una vecina a ARA. “El banco nos dijo que eso no era normal", relata otro vecino a este diario.

Unos extremos que Triquell, en respuesta a un cuestionario enviado por ARA, niega o desmiente. Argumenta que la obra se encontraba "completamente finalizada" porque disponía del certificado final de obra (CFO). Triquell atribuye la falta de luz exclusivamente a "la demora de la compañía distribuidora" y afirma que los compradores ocuparon las viviendas "voluntariamente" estando informados de la situación.

Fallos en cadena

Estos casos ilustran una de las caras menos visibles de la promoción inmobiliaria, una actividad intensiva en capital y muy caprichosa en los plazos. Todo ello ha llevado a un puñado de empresas al límite. Sobre todo constructoras, pero también despachos de arquitectos e instaladores. Cada uno ha sufrido por separado. Pero detrás de registros mercantiles, cuentas anuales y concursos de acreedores –el proceso judicial para empresas o personas físicas en situación de insolvencia– se esconde una red societaria que se extiende más allá de Barcelona y del estado español.

El ARA ha podido inventariar conflictos en al menos ocho promociones, que afectan a media docena de empresas. Entre estas se encuentran Serom (Chapí, 46-50), SAT3 (Príncep de Viana, 21; Clot, 159; Frederic Rahola, 49 y Castillejos, 242), Contracta (Paral·lel, 81-83), PBS (Bernat Bransi 48-58, Arquimedes, 33 y Príncep de Viana, 21), Belenus Energy Systems (Bernat Bransi, 48-58) y F16 Construccions (Chapí, 50 y Paral·lel 81-83). En todos los casos la denuncia es la misma: la promotora del edificio que construían dejó de pagarles.

En concreto, denuncian impagos de certificaciones de obra –es decir, de las facturas correspondientes a trabajos ya ejecutados y validados técnicamente–, y aseguran haber subsistido de milagro. “Hemos sobrevivido gracias a la covid”, dicen directivos de Sat3 y Contracta. La pandemia, que debía suponer un batacazo para el sector de la construcción, fue todo lo contrario para algunos: los créditos ICO les dieron liquidez cuando más estrangulados estaban. Fue su cuerda de salvación.

Por ejemplo, SAT3 se encontró de repente con el acceso a las obras barrado por vigilantes. La promotora lo justificaba diciendo que habían abandonado la obra y había riesgo de ocupaciones. La situación se reprodujo en otras promociones en días consecutivos. Directivos de SAT3, la constructora afectada, no solo lo niegan, sino que reclaman más de 800.000 euros en impagos de cuatro promotoras –Langres Market, Spacek XXI, Astres Elements y Altrire–, todas vinculadas a Triquell y posteriormente declaradas en concurso de acreedores sin masa, hecho que, en la práctica, deja muy pocas opciones a los acreedores para recuperar las deudas.

Este caso no está judicializado, y por lo tanto la deuda no está reconocida por nadie. Pero otras resoluciones judiciales reconocen impagos de este promotor de cientos de miles de euros a favor de diferentes constructoras. Hay que decir que estas resoluciones también han avalado parcialmente la posición de Triquell en algunos puntos, como la retención o ejecución de garantías –herramientas que tiene el promotor para cobrar una indemnización si considera que el constructor ha incumplido–, en el marco de disputas sobre cumplimiento contractual o incidencias postventa que la constructora no habría resuelto.

Otras constructoras acabaron en concurso, como F16, que reclamaba unos 175.000 euros por las obras de Chapí y el Paral·lel, pero que aceptó cobrar solo 70.000 para salvar parte de la deuda ante la amenaza de impago total. "Fue una bajada de pantalones, pero veíamos que no había manera de cobrar, si no -dice una persona cercana a la constructora-. Te prometían mucho dinero pero con cláusulas muy abusivas, y entonces las iban aplicando", añade.

Todas las promociones las ha gestionado I-Now, una gestora de promociones de obra nueva de la que Triquell es presidente ejecutivo.

Un hilo que llega al Caribe

Si su administrador es el hilo visible que conecta las diversas empresas de la red, los registros contables muestran otro: una compleja red de préstamos intragrupo de también cientos de miles de euros. Así consta en los informes concursales a los que ha tenido acceso este diario sobre dos de las promotoras de Triquell: Altrire, encargada de rehabilitar el edificio del Paral·lel, y Lassus Internacional, compañía que alzó un edificio en la calle Chapí de Barcelona.

Triquell defiende que la creación de sociedades independientes para cada promoción es una práctica estándar del sector, exigida por los financiadores para aislar riesgos. Y dice que no hay ningún patrón de actuación, sino "situaciones puntuales derivadas de factores externos y sobrevenidos".

Según su versión, los diferentes concursos de acreedores que han presentado sus empresas responden a "incumplimientos graves" de las constructoras, con retrasos que incrementan los costes financieros, lo que obliga a aplicar penalizaciones para proteger la viabilidad de los proyectos.

Tirando del hilo se llega a una sociedad clave de la red: Merinia Planning. Con sede en la avenida Diagonal, 421 de Barcelona –como gran parte de la red de empresas de este promotor–, Merinia es la promotora nuclear: recibe préstamos y participa en el accionariado de otras compañías. Su administrador es también Ramon Triquell, como en otras sociedades de la red, y tiene un socio único no registrado en España: Noyus Holding Ltd, según los últimos registros disponibles.

Según ha podido saber este diario, a través de una investigación en colaboración con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Noyus Holding Ltd es una empresa constituida en Chipre en enero de 2015. En octubre de 2015 las acciones de Noyus cambiaron de manos: pasaron de Globiance Limited, una empresa nominee –es decir, que habitualmente figura en los papeles como accionista, pero que no es el propietario real–, a Universal Ventures Fund, SCC, un fondo con sede en el país insular de Barbados.

Pocos meses después, en enero de 2016, un empresario de Barcelona fue nombrado director de Noyus. Era el mismo Ramon Triquell, que ostentó el cargo hasta la disolución de la empresa, en diciembre de 2024. Según la documentación a la que ha tenido acceso el ARA, justo un año antes de que Noyus se disolviera la firma secretaria declaró bajo juramento que había perdido el contacto con el "propietario real". 

Actualmente, Chipre ofrece uno de los impuestos de sociedades más bajos de la eurozona y, según la organización independiente Tax Justice Network, es una jurisdicción con un nivel relevante de secretismo financiero. La organización ha señalado deficiencias en transparencia sobre titularidad real, especialmente en los registros de propiedad efectiva de sociedades y en el acceso público a información sobre propiedad inmobiliaria. En cambio, Barbados es considerada una jurisdicción cooperadora porque está adherida a mecanismos internacionales de intercambio de información tributaria. Su legislación también permite estructuras como las segregated cell companies (SCC), sociedades en las que una única entidad jurídica puede operar con células patrimonialmente segregadas, de manera que los activos y pasivos de una célula quedan separados de los de las otras. Este diseño se utiliza habitualmente para compartimentar riesgos y gestionar inversiones o activos diferenciados dentro de una misma estructura.

El dinero sin rastro público 

Consultado por el ARA, Triquell admite la existencia de estas estructuras societarias extranjeras, pero afirma que se plantearon exclusivamente para buscar capital internacional durante la crisis financiera iniciada en 2007. Según el promotor, estas entidades "no llegaron a tener ninguna operativa real" y no generaron ningún flujo económico ni hacia España ni desde España.

Estas afirmaciones no quedan ni demostradas ni desmentidas en las cuentas de Merinia –al menos en los años 2014, 2019, 2020 y 2022, los únicos que la compañía ha presentado al registro–, sin ninguna referencia a Noyus. Sin embargo, lo que sí aparece en estas cuentas es una deuda de 2,7 millones de euros con una "parte vinculada" desde el año 2018. En paralelo, también declara un activo de la misma cantidad en inversiones de su propio grupo.

"El hecho de que una entidad sin actividad ni negocio acumule una deuda de 2,7 millones de euros –con una antigüedad superior a cinco años y sin una trazabilidad clara del acreedor– resulta, desde un punto de vista contable, irregular", explica al ARA el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José Maria Mollinedo.

Según este experto contable, la situación financiera de Merinia presenta indicios que podrían apuntar a una planificación para el vaciamiento patrimonial, es decir, a que el empresario pudiera estar deshaciéndose de los bienes de manera deliberada para evitar pagar a los acreedores. Sin embargo, con la información pública disponible no es posible determinar el recorrido exacto de estos flujos ni confirmar si existieron movimientos efectivos de fondos.

La arquitectura de la quiebra

El rastro del dinero nos lleva a Serom, otra constructora que llevó a los tribunales los impagos de una promotora de Triquell. En septiembre de 2020, Serom reclamó casi 700.000 euros a Lassus Internacional, que contraatacó reclamando 300.000 a su favor. Finalmente, el juez reconoció una deuda de 387.600 euros a favor de Serom y, para asegurar su cobro, ordenó el embargo de 500.000 euros a Lassus. Para garantizar el pago, Lassus ofreció un derecho de cobro de 400.000 euros que tenía sobre Merinia. Pero, dos años más tarde, la situación dio un giro radical. 

Cuando el cobro de la deuda parecía encarrilado, Lassus presentó un concurso de acreedores sin masa (expreso), un proceso judicial que obliga a los acreedores a impugnarlo si quieren recuperar las deudas. La impugnación es un proceso costoso para el acreedor que, sumado a la certeza de que la compañía ya no tiene activos, suele desincentivar cualquier acción legal. Por tanto, en la práctica, puede generar incentivos para desplazar riesgos hacia los acreedores, facilitando liquidaciones sin una investigación de las causas de la insolvencia o el destino final de los activos.

Esta fórmula del concurso de acreedores sin masa ha sido la que ha utilizado reiteradamente Triquell para disolver sociedades sin supervisión concursal efectiva, como ya hizo con Barbacana Construmat (2020), Wavecrest, Astres Elements, Spacek XXI (2024) y Langres Market (2025). Si los acreedores no impugnan el proceso, no se llega a nombrar nunca a un administrador que investigue la gestión.

La red crediticia

A pesar de los costes, Serom impugnó el procedimiento y el juez nombró una administradora concursal. El primer informe de evaluación de esta administradora fue demoledor: detectó indicios de actos perjudiciales para la masa activa, mala gestión y un posible concurso culpable. Tres de tres. Este escenario abrió la fase de liquidación y una investigación más profunda sobre los activos reales de Lassus.

El informe preliminar de la administradora reveló una sorpresa contable: una partida de 1,42 millones de euros en "inversiones en empresas del grupo" que Lassus no había incluido en el inventario inicial. No eran activos materiales, sino créditos que habían ido a parar a Merinia Planning. La cifra triplicaba los 400.000 euros declarados originalmente por Triquell.

Según el informe, el promotor alegó que estos fondos eran incobrables debido a un efecto dominó de insolvencias dentro del grupo. Por un lado, Merinia habría prestado más de 500.000 euros a Altrire, que también estaba en concurso. Por otro lado, buena parte del dinero habría acabado en Wavecrest, una holding del grupo que perdió su inversión principal en la quiebra de Thrombotargets Europe. Y por ello también había entrado en concurso. De esta manera, la imposibilidad de recuperar el dinero se trasladó de Wavecrest a Merinia y, finalmente, a Lassus. 

Este diario ha pedido a Ramon Triquell los contratos de préstamo y los justificantes de transferencia bancaria de estos 1,42 millones de euros. El promotor asegura que se trata de operaciones "debidamente registradas y reflejadas en la contabilidad" y en las cuentas anuales depositadas en los registros. Aun así, ha declinado enviar los justificantes bancarios o los contratos originales alegando la "antigüedad de las operaciones". 

En la misma línea de Mollinedo, el abogado Carles Mundó, socio de la firma barcelonesa Vallbé, considera en declaraciones a l’ARA que, viendo la información pública disponible, puede parecer que se estaría repitiendo un patrón en el que se busca situarse en una posición de insolvencia con la exclusiva finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones. “Llama la atención la reiteración de un patrón de conducta que siempre acontece de la misma manera: una insolvencia puede ser un hecho aislado perfectamente explicable, pero muchas insolvencias idénticas en un período relativamente breve de tiempo no parecen una situación fortuita sino que podrían hacer pensar en una manera deliberada de actuar”, asegura.

En cuanto a las inversiones de Merinia en Wavecrest, y de esta última en Thrombotargets, Triquell dice que constan en sus registros contables. Cuando el ARA le ha pedido que los acredite, el promotor se ha limitado a decir que estos son “públicos y accesibles”. Este diario ha consultado los folios registrales de las dos compañías en el registro mercantil: en las cuentas de Merinia –solo están disponibles las de 2014, 2019, 2020 y 2022– no aparece ninguna referencia explícita; en el caso de Wavecrest, el registro mercantil dice lo siguiente: “La sociedad que usted ha seleccionado no tiene depósito de cuentas disponible”.

El efecto dominó

Así, según Triquell, el dinero que Lassus había dejado en Merinia –1,42 millones de euros– habrían acabado en dos préstamos que el promotor considera incobrables: uno a Wavecrest, que hizo una apuesta biotecnológica que no salió bien, y otro a Altrire, la promotora que devuelve el caso al principio de la historia: el edificio del Paral·lel situado al lado de El Molino.

Contracta, una constructora que participó en la rehabilitación de este edificio impulsado por Altrire, relata un episodio similar a los otros: primero llegaron los impagos y después la obra quedó bloqueada con vigilantes, como ya había pasado en otras promociones del mismo promotor. La historia que vivió SAT3 en la calle Frederic Rahola se repetía.

En este caso, la constructora afectada, Contracta, se adelantó y provocó el concurso de acreedores a Altrire, es decir, se presentó en los juzgados y pidió el concurso necesario de la promotora, con el objetivo de evitar que, como les había pasado a SAT3 y a Serom, la promotora se declarase en concurso voluntario. Así, Altrire perdía la capacidad de administrar su patrimonio y la constructora evitaba que, potencialmente, la empresa pudiera vender activos que pudieran perjudicar el cobro final de la promotora si se declaraba en quiebra.

Triquell sostiene que el concurso de Altrire se produjo por un “bloqueo societario” y que se presentó dentro del plazo legal. Pero el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona recoge que el concurso voluntario no se presentó a tiempo, y por eso mantiene la prevalencia del concurso necesario instado por la constructora Contracta. Finalmente, el juez condenó a Altrire a pagar cerca de medio millón de euros a Contracta al declarar que hubo un desistimiento unilateral del contrato por parte del promotor. La sentencia rechazaba así la acusación de abandono de obra que pesaba sobre la constructora.

Los informes concursales también revelan una práctica conocida y también discutida en el sector: los mismos socios de Altrire habían puesto hipotecas sobre los pisos a favor de sus propias empresas. Aparte de la hipoteca inicial con el banco –en este caso, Bankinter–, 11 de las 27 viviendas tenían otra hipoteca a nombre de Neliant (que después se convertiría en Aldicer Capital, controlada por Javier Alsina), y cinco más tenían una a nombre de Diagonal Sun, vinculada a Ramon Triquell.

En la práctica, esto significa que, si los pisos se venden para pagar deudas, las empresas de los socios tienen derecho a cobrar antes que el resto de acreedores, porque su crédito está garantizado con los mismos inmuebles. Y en un concurso de acreedores, estos créditos con garantía hipotecaria suelen tener privilegio especial: se cobran primero. Pero en este caso, la administradora concursal los rebajó a créditos subordinados –los últimos de la cola– porque provenían de empresas de los mismos socios. Alsina y Triquell acabaron enfrentados en los juzgados, y en enero de 2025 un juez eliminó casi 200.000 euros de la deuda que reclamaba la sociedad de Triquell. Con los créditos ya clasificados, el siguiente paso era vender los activos y repartir el dinero ordenadamente.

Una subasta circular

El concurso de Altrire arrancó en 2024, y en octubre de ese año las 27 fincas del edificio del Paral·lel se vendieron en una subasta por 6,12 millones de euros. Pero el ganador no fue la oferta más alta, que ascendió hasta los 6,57 millones de euros. Tampoco lo fue la segunda mejor apuesta, de 6,52 millones, sino la tercera. ¿El motivo? Ambas desistieron de sus ofertas para quedarse con el edificio de fachada desfigurada que el concurso de Altrire había dejado a medias en el corazón del Paral·lel. La primera era de una sociedad vinculada a Triquell y la segunda, de un tercero: Sorom Tim.

Finalmente, fue Alsina quien tuvo el músculo financiero suficiente para quedarse con la guinda del pastel: su empresa Neliant Equity se adjudicó la subasta. Pero decidió escriturar las viviendas a favor de otras dos sociedades suyas: 24 fueron a una y 3 a otra.

Las viviendas habían cambiado de manos, pero no de propietario: seguían en la cartera de Alsina, uno de los socios que había vivido la quiebra de la empresa. Del precio de compra (6,12 millones), más de 2,2 millones de euros se destinaron a cancelar hipotecas que recaían sobre los pisos –y que en buena parte iban a empresas del mismo grupo–, y casi un millón a pagar una deuda a Diagonal Sun, de Triquell, que no se hizo efectiva porque está judicializada.

Este diario ha intentado contactar sin éxito con Javier Alsina Cerdá, socio en Altrire y en Aldicer Capital, y miembro de una estirpe empresarial. Triquell, en respuesta a ARA, asegura que Alsina podrá eventualmente resarcirse mediante los activos. “Yo he sido el único socio que ha asumido una pérdida directa e irrecuperable de la inversión, y el único perjudicado real de todos los intervinientes en este proceso”, sostiene.

Mientras no llega un pronunciamiento definitivo de la administradora concursal que ha sacado a la luz los diferentes créditos y quiebras, el edificio del Paral·lel continúa inacabado. Un andamio nuevo cubre ahora la fachada, símbolo de que algo avanza, pero insuficiente para la esperanza del eslabón más débil de toda esta historia: unos vecinos que todavía están pendientes de si cobrarán por la derrama de miles de euros que les ha supuesto todo esto. 

El caso pone de manifiesto las dificultades para delimitar dónde acaba una gestión empresarial fallida y dónde empieza una estrategia para limitar responsabilidades, en un sector donde las estructuras societarias permiten trasladar riesgos con demasiada facilidad. 

“Lo he pasado muy mal, yo ya he perdido la confianza en la justicia”, dice una vecina afectada, que decide, a pesar de todo, romper el silencio que hasta ahora mantenía tras el interfono.