El caso del Hamid, primera multa de la Generalitat a una inmobiliaria por racismo
La sanción de 10.001 euros a una agencia llega después de cuatro años de laberinto burocrático y sufrir una denuncia por coacciones
BarcelonaLa Generalitat ha emitido su primera sanción por racismo a una agencia inmobiliaria por supuestamente llevar a cabo prácticas discriminatorias de forma encubierta contra el Hamid, un inquilino de Maratón de origen marroquí. Él y su familia, en la que hay dos menores, llevan cuatro años buscando piso, pero pese a disponer de los ingresos necesarios, las agencias le dejaban de llamar o no le enseñaban los pisos. Han llegado a interponer 13 denuncias ante el Ayuntamiento de Mataró, que las archivó todas a los dos años.
Después de un laberinto burocrático de cuatro años que ha pasado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña y también la Agencia Catalana del Consumo, una instancia de la síndica de agravios de Cataluña derivó su caso a la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación de la Generalitat (OITND), que quien finalmente ha impuesto la sanción a una agencia de Mataró. Por el camino, el Hamid ha sido denunciado por coacciones por intentar llegar a un acuerdo para no iniciar procedimiento sancionador. "Nos encontramos una administración pública tibia, que se pasa la pelota de un lado a otro; agencias que no asumen obligaciones éticas y legales y que prefieren atacar", ha explicado en una rueda de prensa este lunes el abogado del caso, Miguel Ruiz, que es técnico de vivienda y ciudad del Observatorio Desca.
Este vía crucis ha provocado que 9 de las 12 denuncias prescribieran, y de los tres expedientes restantes, la Generalitat ha resuelto esta primera sanción por un valor de 10.001 euros –la más baja dentro de una horquilla que puede ascender a 40.000 euros–. Ahora, una vez incoada, la agencia inmobiliaria puede decidir si presenta un recurso de alzada y recurre a la vía contenciosa. Sin embargo, desde el Observatorio Desca consideran que las pruebas son "abrumadoras".
"Estoy contento, pero el daño ya está hecho. Hay mucha gente que sufre esto; soy la persona que le da voz y cara, pero hay miles de personas que están sufriendo esto todos los días", ha explicado Hamid. En la misma línea, Laura Rodríguez, miembro de SOS Racisme Catalunya, ha lamentado que muchas personas no denuncian por estar en una situación de precariedad.
Los hechos de enero de 2024
El pasado septiembre la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat abrió los primeros expedientes administrativos sancionadores por un caso que vivió el Hamid en enero del 2024. Después de haber buscado piso sin éxito, el Hamid hizo un testaje: pidió a un compañero de trabajo que preguntara por el piso que él debía. La inmobiliaria le había dicho que "ya estaba alquilado" un día y medio después de haber hecho la solicitud para ir a verle, explicó Ruiz.
Sin embargo, la agencia llamó al compañero del Hamid inmediatamente después de presentar la solicitud, le informaron que el piso seguía disponible, le detallaron los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertaron una visita al inmueble. A la visita acudió el Hamid para recibir una explicación sobre el trato desfavorable, y preguntó si se debía a que los propietarios no querían a personas de origen marroquí. El administrador de la agencia inmobiliaria llegó a admitirlo: "Eso también es verdad, pero no tiene nada que ver. Está reservado", le dijeron.
La multa
La sanción impuesta por la Generalitat da respuesta a lo que la Oficina de Igualdad considera una infracción grave basada en el origen territorial, la raza o el origen étnico. Además de los 10.001 euros, también se ha impuesto a la agencia la prohibición de recibir ayudas públicas y contratar con la administración de la Generalitat durante un año.
"El expediente se encuentra resuelto en vía administrativa, cuya resolución reconoce la existencia de daños y perjuicios, incluido el daño moral, y el derecho de la persona afectada a reclamar una indemnización por la vía judicial", explicaron fuentes de la Generalitat al diario ARA. Hasta ahora sólo se conocían dos sanciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona.