"Nos echan del piso de alquiler porque la ley lo permite"

MadridEn el bloque número 22 de la calle General Lacy de Madrid, en el barrio de Arganzuela y junto a la estación de trenes de Puerta de Atocha - Almudena Grandes, un grupo de vecinos han preparado pancartas como las que tienen colgadas en la fachada del edificio: "No marcharemos", "Nos quedamos", dicen. La intención es llevarlas a la manifestación de que más de una treintena de colectivos, entre ellos el Sindicato de Alquiladoras, han convocado para este domingo a la capital española bajo el lema "Se acabó. Bajamos los alquileres ". "Creo que será un punto de inflexión", reflexiona Santiago, uno de los inquilinos del blog, que recibe el ARA en su casa. Él y otros vecinos del edificio han quedado para salir juntos hacia la marcha que arrancará en el centro de la ciudad.

Este vecino sabe muy bien de lo que habla cuando afirma que "la vivienda se ha convertido en un problema social de primera magnitud". Hace unos meses le llegó un burofax al que se le comunicaba que no le renovaban el alquiler y que este 1 de noviembre debe dejar el piso en el que vive desde hace 13 años. Lo mismo les ha ocurrido a otras 45 familias del blog. En la carta se les explica también que los propietarios del edificio, la familia Campos Cebrián, delega las funciones administrativas en Savills, una gestora inmobiliaria que preside Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Lo primero que hizo Santiago cuando recibió el aviso fue dirigirse a una asamblea del Sindicato de Inquilinos. "Ya no eres tú solo contra un monstruo, y eso es muy importante y agradecer", expresa sobre el hecho de organizarse colectivamente. Desde entonces, él y el resto de vecinos afectados se reúnen cada lunes por la tarde para realizar un seguimiento del proceso: "Nos sale más a cuenta quedarnos y denunciar y que sea un juez quien nos eche, aunque sea [un proceso] más desagradable, que irse, porque tampoco tenemos adónde ir. El alquiler se ha disparado tanto que todo está fuera de nuestro alcance", denuncia.

Como en el resto de grandes ciudades, en la capital española el acceso a la vivienda se ha convertido en un gran quebradero de cabeza. Los precios de los alquileres no han dejado de crecer en los últimos años y tampoco se ha dado ningún paso adelante en materia reguladora para contener la escalada -la Comunidad de Madrid no aplica la ley estatal de vivienda–. De hecho, la capital española encabeza el ranking en cuanto al coste: este mes de septiembre, el precio de un piso de alquiler se ha situado en los 20,4 euros/m², según Idealista (ni el gobierno autonómico ni el Ayuntamiento tienen datos oficiales), lo que supone un incremento de un 15,7% respecto a hace un año. "Da igual el trabajo que tengas o si tienes un contrato estable, no llegas [a final de mes]", lamenta Santiago, que con 55 años reconoce que para él era "impensable" verse en esta situación.

Si se mira con perspectiva, Madrid es una de las ciudades con un incremento acumulado del precio del alquiler entre 2015 y 2022 más elevado (31%), según datos del Banco de España. Una tendencia que ha continuado al alza y que el organismo supervisor ha vinculado, entre otras cosas, al aumento de pisos destinados al alquiler turístico, en particular al centro de la ciudad, así como al alquiler de temporada. Según los últimos datos del Ayuntamiento, Madrid cuenta con 1.008 alquileres turísticos registrados, aunque el consistorio cifra en "14.000 pisos" los que operan de forma ilegal. En el caso del edificio de la calle General Lacy, la gestora les ha argumentado que no puede renovar algunos contratos porque necesita vaciar pisos para poder realizar obras en el edificio. Santiago y el resto de vecinos, sin embargo, tienen claro que lo que quieren es destinar los inmuebles al alquiler turístico o de temporada: "Han decidido que todo el barrio sea un hotel", lamenta el inquilino.

Incremento de casos

La situación de este edificio del barrio de Arganzuela es un ejemplo más de lo que viven otros vecinos de la ciudad. "Es una práctica que se ha intensificado mucho en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses. Empresas que intentan echar a todos los vecinos con independencia del tiempo que llevan, incluso gente que ha nacido", comenta Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato de Inquilinos, que afirma que hay "muchos blogs en lucha" en toda la ciudad. A finales de 2022, un 23% de los pisos de alquiler en la ciudad eran propiedad de empresas que tenían 50 o más inmuebles, según una investigación de Civio. Esta presión, añade Vaquero, aboca a muchos inquilinos a dejar forzosamente el inmueble: son los llamados "desahucios invisibles". "Nos desarraigan del barrio", afirma Santiago.

"El conflicto por la vivienda en todo el país ha llegado al límite. Hay una mayoría social que llega ahogada a final de mes y que se deja más de la mitad de la nómina al pagar un piso que no es suyo , mientras que hay una minoría de especuladores y rentistas que se lucran con la vivienda", denuncia el portavoz del movimiento social, que critica que las administraciones "han fracasado estrepitosamente" a la hora de proteger a los inquilinos. "Nos echan porque la ley les permite", añade Santiago. De hecho, el Sindicato de Inquilinos de Madrid ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), y ya plantea una huelga de alquileres: "Lo vemos como una herramienta para llegar a una autorreducción de los alquileres", advierte Vaquero. Por su parte, Santiago ve imposible cualquier gesto del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP): "No hay nada que hacer".

A su vez, pensar en una alternativa al alquiler es cada vez más una utopía para muchos. En Madrid, el 38% de los inquilinos no creen que puedan llegar a comprar y un 33% lo dudan, según un informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Mientras, acceder al parque público de vivienda es casi una quimera en una ciudad y comunidad autónoma que durante años se deshizo de esta modalidad.