MADRIDLa ley de vivienda española, que esta semana ha aprobado el consejo de ministros, prohibirá que las administraciones públicas vendan sus pisos sociales. El anteproyecto, que ahora empezará a tramitarse en el Congreso de Diputados, impedirá que los gobiernos, autonómicos o locales, puedan vender parques de vivienda pública en la mayoría de los casos.
La norma solo lo permitirá para casos muy específicos. En todo caso, la venta estará totalmente prohibida en los primeros 30 años de existencia de los pisos, según se recoge en el texto al que ha tenido acceso el ARA. Con la medida se quiere cortar de pura cepa una práctica que durante años han hecho en España diferentes administraciones y que, en concreto, pone a la Comunidad de Madrid en el punto de mira. El año 2013 la región vivió una de las operaciones más sonadas. El gobierno regional de Ignacio González (Partido Popular) vendió hasta 2.935 inmuebles públicos a la empresa Encasa Cibeles, controlada en un 95% por Goldman Sachs.
De un día para el otro, las familias, que en una gran mayoría eran vulnerables, vieron cómo pasaban a tener un fondo privado como propietario del inmueble donde vivían. Estas mismas familias, años antes, habían recibido en un acto multitudinario las llaves de aquellos pisos de alquiler social de la mano de Esperanza Aguirre, predecesora de González. La venta aportó 201 millones de euros a las arcas del gobierno autonómico. En total, eran 32 promociones de vivienda pública repartidas en 11 municipios de toda la comunidad. Además, se dividían en tres categorías: alquiler, alquiler con derecho a compra para jóvenes y alquiler con derecho a compra en general. Aquel cambio de titularidad desencadenó "una guerra de David contra Goliat", resume Alejandra Jacinto, una de las abogadas que acompañaron a decenas de personas que decidieron emprender una batalla judicial contra la decisión del gobierno autonómico.
La sentencia del Tribunal Supremo
A pesar de que, ocho años después, en muchos casos, parte del periplo judicial todavía no ha acabado, una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2017 marcó un antes y un después. En concreto, el Supremo daba la razón a Rachid, un vecino afectado de Navalcarnero (Madrid), y le permitía presentar un recurso contra aquella operación, es decir, impugnar la venta "porque tuvo un impacto en la vida de los vecinos". Un año después, el juzgado donde Rachid presentó el recurso declaraba nula la venta de los inmuebles por parte de la Comunidad de Madrid y el aumento del alquiler que el fondo de inversión había aplicado a este vecino, a quien, por su situación de vulnerabilidad, se aplicaba una rebaja en el alquiler.
Imagen de los buzones de la promoción de pisos protegidos en el Ensanche de Vallecas.JAVIER BARBANCHO
Tras aquella victoria estaba César Pinto, abogado de oficio. “Yo me enteré que detrás hay un fondo de inversión cuando empezamos el proceso judicial”, recuerda Pinto en una conversación con el ARA. Según Pinto, no fue un proceso fácil porque la Comunidad de Madrid, que había activado toda su artillería, no dejó de presentar un recurso tras el otro “hasta que se agotaron todas las vías”, añade.
Además, lo que tampoco se esperaba es que tiempo después, en concreto en febrero de 2021, su caso marcaría jurisprudencia y la decisión se haría extensiva a los otros 2.934 inmuebles. “No estoy acostumbrado a que un caso afecte a tantas personas”, dice antes de añadir que “el enfoque es trabajar mucho e intentar ayudar al máximo”.
Del total de viviendas que se vendieron, Goldman Sachs ha devuelto 1.700, pero paralelamente ha puesto en marcha un proceso judicial contra la región por “daños y perjuicios”. “Todavía quedan muchas puertas abiertas”, insiste Pinto, como asegurar que, cuando los pisos han vuelto a manos de la Comunidad de Madrid, ofrezca unos alquileres “asequibles”. “Será alquiler social dentro de lo posible”, apuntan fuentes de la consejería de Vivienda madrileña al ARA.
Marisol: “El sueño no duró ni 2 años. Fue un batacazo”
Entre las 2.935 casas que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 a Goldman Sachs estaba la de Marisol, que ahora tiene 48 años. Vecina de Madrid de toda la vida, en 2006 presentó una solicitud para optar a uno de las viviendas públicas que el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre sacó en promoción. Un año después, le adjudicaron un piso en el Ensanche de Vallecas, al sur de Madrid, en el grupo de pisos para jóvenes con opción de compra. “Llegué al lugar y vi que era un solar con una valla. La casa todavía no estaba construida”, recuerda.
A pesar de que al inicio la ilusión se rebajó, la recuperaría en 2011 cuando la construcción finalizó y Aguirre le entregó las llaves del piso “a bombo y platillo”, explica. Fue un paso más, pero insuficiente porque las condiciones de la vivienda la obligaron a estar unos meses más de obras, explica. “En octubre de 2013, cuando lo tenía todo instalado, llegó la carta donde nos explicaban que la propiedad ya no era pública, sino de Encasa Cibeles. El sueño no duró ni 2 años. Fue un batacazo”, lamenta la vecina, que añade que enseguida se organizaron en asambleas con el resto de afectados.
Empezaba el periplo judicial, y también los problemas. Encasa Cibeles le aumentó el alquiler por encima de los 400 euros, el doble de lo que pagaba –su único ingreso era la renta mínima de la comunidad–. Explica que a esto se añadió el chantaje de abandonar el piso a cambio de dinero, lo que no aceptó. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, “el calvario ha aflojado pero no ha desaparecido”. Marisol tiene abierto un procedimiento de desahucio del tiempo que no pudo hacer frente al alquiler y está pendiente de negociar, de nuevo, un alquiler público. “Es de justicia”, reclama Marisol.
Vanesa: "Me fui del piso porque ya no podía más”
No todos los vecinos afectados han continuado viviendo en el piso de protección oficial después de la decisión del gobierno madrileño de vender casi 3.000 de estos pisos. "Creo que todos los que se quedaron son muy valientes. Yo, cuando empecé a ver las presiones y los desahucios, me fui. Ya no podía aguantar más", explica Vanesa, de 42 años. A ella le dieron el piso en 2012 y tiene grabada la fecha en que también recibió la carta: "El 25 de octubre del año siguiente". "En la carta nos decían que no cambiaría nada", explica, pero con los días vio que "todo era un engaño".
A través del Instituto de la Vivienda de Madrid, el organismo que gestionaba estos inmuebles públicos, Vanesa firmó un contrato de 409 euros con posibilidad de rebajarlo en función de los ingresos. "Llamaba a Encasa Cibeles para explicar mi situación y me decían que ellos no eran una ONG, que ahora eran los nuevos propietarios y que ellos fijaban las condiciones", dice la afectada. Tres años después de recibir la carta, en 2016, la situación la superó y se vio empujada a dejar la casa con sus dos hijos. Después intentó acceder al mercado de la vivienda a través de un alquiler normal, pero solo pudo aguantar dos años. "Fue imposible. Para mí, una diferencia de 100 euros es mucho: la luz, el agua, la compra", explica. Tras meses de odisea consiguió una plaza en una casa de acogida, donde continúa todavía ahora: "Soy prisionera de mis recursos económicos".
Si bien está contenta por los vecinos que después de la sentencia del Supremo han visto algo más de luz, denuncia que miles de personas que se fueron en contra de su voluntad han sido "abandonadas". "No se nos reconoce el daño que nos provocaron dejándonos fuera de casa nuestra –lamenta–. No nos han ofrecido ninguna reparación por algo que no fue culpa nuestra".
Emilio Brujito: "Me cuesta creer que hayamos ganado esta guerra”
Emilio, padre de familia de 49 años, todavía se mira incrédulo la sentencia del Supremo. “Piensa que luchábamos contra la Comunidad de Madrid y Goldman Sachs. Si te soy sincero, todavía me cuesta de creer que hayamos ganado esta guerra”, reconoce. Como el resto de testimonios entrevistados, recuerda con “sufrimiento” todo lo que ha vivido.
En su caso, el piso de alquiler que le adjudicó el gobierno autonómico tenía opción de compra. “¿Por qué no nos lo vendieron a nosotros en lugar de hacer negocio?”, se pregunta hoy. Emilio tiene claro que ahora, si todo se pone en su lugar, quiere comprar la casa en caso de que la pongan a un precio “razonable”. “Quiero tener mi piso y saber que no me podrán echar”, exclama. Emilio y su familia también han tenido que hacer frente a procedimientos de desahucio. A él, como a Rachid, también le ayudó el abogado de oficio César Pinto. “Encasa Cibeles denunció a muchas personas por impago cuando aumentó los alquileres”, explica Pinto, que insiste que si bien la causa principal está resuelta “quedan muchos frentes abiertos”. “Para el ciudadano que lo ha vivido ha sido un desgaste terrible”, añade el abogado.
Emilio explica que estos años han desencadenado en problemas de salud físicos y también de salud mental. “Tuve ansiedad con la comida y aumenté mucho de peso. Ahora vuelvo a estar con tratamiento, pero, claro, ¿cómo quieres que no te afecte?”, lamenta. De hecho, todos los testimonios entrevistados comparten que han vivido situaciones similares en algún momento de estos ocho años, pero no siempre las han podido explicar. “Pones buena cara y sonríes ante tus hijos y la gente para que no se den cuenta de nada. Te da vergüenza –recuerda el vecino–, hay cosas irreparables”.
Liliana, sobre los juicios: "Se nos han comido la vida”
La batalla judicial contra Goldman Sachs ya hace ocho años que dura. Liliana, de 57 años, resume todo este tiempo en una palabra: "Calvario". "Se nos han comido la vida y la tranquilidad", exclama sobre el recorrido judicial emprendido, que asegura que ha desencadenado en una "desconfianza" hacia la justicia. "No entendía nada de nada. Muchos tribunales daban la razón a Encasa Cibeles, hasta que el Supremo dijo basta", recuerda.
"La Comunidad de Madrid nunca acreditó que las viviendas no eran necesarias y es evidente que lo eran. No lo habría podido justificar", explica Alejandra Jacinto, la abogada que llevó el caso de Liliana. Jacinto asegura que "en todo momento" el gobierno autonómico ha puesto dificultades a lo largo del proceso judicial.
En el caso de Liliana, el proceso tampoco ha acabado con la sentencia del TS porque dice que la Comunidad todavía no le ha asegurado unas condiciones como las que tenía antes de la venta. Hace tiempo que los vecinos afectados piden la creación de una oficina concreta que aglutine todos los casos y resolverlos de manera rápida. A los políticos "les importa un pepino lo que nos está pasando", denuncia Liliana, que lamenta el silencio y la "inacción" de la región.
"Este septiembre la Comunidad de Madrid ha dicho que ya no recorrerá más la sentencia", explica Jacinto, para quien todo ello es "una victoria de los vecinos". Además, Jacinto también recuerda que queda pendiente resolver cuánto costará indemnizar al fondo de inversión, Goldman Sachs, que reclama una compensación en la línea de lo que le costó la compra de los casi 3.000 pisos. "No tenemos todavía los datos de cuánto costará esto a los ciudadanos", avisa Jacinto.
![Imagen de los buzones de la promoción de pisos protegidos en el Ensanche de Vallecas.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 5180 3449"%3E%3C/svg%3E)
