El gobierno español avisa grandes inmobiliarias y fondos de la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los alquileres

BarcelonaEl ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a grandes inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 22 de diciembre de 2027 deberán ser prorrogados siempre que lo soliciten. El texto enviado por el gobierno se ha dirigido a trece grandes tenedores que concentran más de 100.000 viviendas en toda España, según ha informado el ministerio liderado por Pablo Bustinduy. Así, la misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler será obligatoria una vez el arrendatario la solicite, según el reciente real decreto ley aprobado por el consejo de ministros y que de momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo, permite que el inquilino renueve de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice, siempre que la fecha límite del contrato sea entre las fechas previstas. Así pues, la normativa genera un nuevo derecho de renovación del contrato de alquiler por un máximo de dos años que, en caso de activarse, el arrendador deberá prorrogar manteniendo los términos y condiciones en vigor. Además, la carta también solicita a las entidades la máxima diligencia para asegurar que se apliquen correctamente las medidas y pide que se adopten mecanismos de procedimientos internos para asegurarse de que se cumplan inmediatamente.

De hecho, Bustinduy ha pedido que, "ante las campañas del miedo que han puesto en marcha estos días los lobbies inmobiliarios", el máximo número posible de inquilinos soliciten la prórroga. Además, se ha mostrado convencido de que si los inquilinos se movilizan y la solicitan la votación en el Congreso de los Diputados "se ganará". El ministro ha explicado que negocian con todos los partidos políticos y que dejan la puerta abierta a que Junts pueda acabar votando a favor. "Atenderemos todos los sugerimientos, las dudas y las aportaciones".

La medida no será aplicable cuando propietario e inquilino acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o bien firmen uno nuevo, con una renta inferior a la que estuviera acordada en el contrato vigente. También se establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es un gran tenedor, esta se tendrá que llevar a cabo de acuerdo entre las partes. A más tardar, el decreto se tendrá que votar en el Congreso la semana del 6 de mayo. Ahora bien, todo apunta a que pueda llevarse a votación la última semana de abril, ya que no está previsto ningún pleno para la primera de mayo.