El índice de control del precio de los alquileres, aplazado unos días
El gobierno español prevé que la medida se publique en el BOE este viernes
BarcelonaEl índice de referencia del precio del alquiler tardará unos días más de lo previsto en ver la luz. La medida más esperada de la ley de vivienda estatal se publicará en el BOE a partir de este viernes, según explicaron fuentes del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Este martes era el último día de un período de diez días hábiles de consulta pública desde que el ministerio de Vivienda publicó la medida en su página web, justo hace dos semanas. Si todo iba bien, el índice debía publicarse en el BOE el miércoles. Pero el ministerio ha informado que legalmente es necesario habilitar 24 horas extra para responder a todas las consultas planteadas por la ciudadanía u otras instituciones. Asimismo, también debe esperar las consultas que hayan entrado a través de otros registros, como los de las comunidades autónomas.
Transcurridas estas horas, el secretario de estado de Vivienda, David Lucas, firmará la resolución para que se publique en el BOE, lo que se prevé que sea este viernes, 15 de marzo. Paralelamente a la publicación del índice, también se podrá tramitar la declaración de zona tensionada en Catalunya, el único territorio del Estado que lo ha solicitado, por lo que ambas cosas pueden llegar el mismo día. La Generalitat finalmente no ha presentado alegaciones.
La expectativa sobre esta medida es máxima: llega meses más tarde de lo previsto –la ley de vivienda se publicó hace nueve meses– y después de visibles desavenencias entre el gobierno español y la Generalitat, que pedía que la incorporación del índice estatal incorporara también el catalán, elaborado por el tope de precios que estuvo vigente en Catalunya durante dieciocho meses, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó parcialmente la ley que el Parlament había aprobado en 2020 para controlar los precios de los alquileres.
Los puntos débiles
Quien sí presentó alegaciones fue Sumar, que trasladó una batería de propuestas de mejora al ministerio, como la inclusión de un régimen de inspecciones y sanciones ante posibles subidas excesivas del precio por parte de los propietarios. "Si aprobamos una norma pero no tenemos la fórmula de cómo inspeccionar y sancionar los incumplimientos, no funcionará", ha dicho la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de Diputados, Gala Pin. De hecho, ésta es una de las principales demandas de expertos y asociaciones de inquilinos para que se pueda garantizar el cumplimiento de la medida.
Sumar también pidió que en vez de establecer un rango de precios, con un valor mínimo y un valor máximo, se publique el precio medio de la zona para que sirva realmente para bajar los precios en las zonas más caras y tensionadas. Otro elemento cuestionado en los últimos días es el carácter subjetivo del índice a la hora de definir las características de un piso, como si se encuentra en buen estado o está amueblado. Sumar pidió que estos criterios sean objetivables, a fin de que el propietario no sea finalmente quien tenga la última palabra.
El grupo municipal de Barcelona en Común en el Ayuntamiento de Barcelona propuso ayer en la comisión de Urbanismo crear una mesa de regulación del alquiler con la presencia de diferentes instituciones para hacer seguimiento de la aplicación de la ley de vivienda. El objetivo es la preparación de informes mensuales de la zona tensionada con datos de contratos firmados, la evolución de los precios y los incumplimientos detectados.
Paralelamente el Gobierno está trabajando para aprobar antes de que acabe el año el reglamento del Registro de Grandes Tenedores para conocer quién tiene esta consideración y, por tanto, estará expuesto a esta normativa. El índice de precios será de obligado cumplimiento para los grandes tenedores de zonas tensionadas –en Cataluña este criterio será de 5 o más pisos en propiedad, mientras que la ley de vivienda estipula el mínimo en más de 10 y deja la puerta abierta a las comunidades autónomas para que lo rebajen a 5– y también para los pisos que se pongan en el mercado de alquiler en estas zonas por primera vez en cinco años.