Gobierno español y PP mantienen las diferencias por las políticas de vivienda

BarcelonaEl gobierno español y las comunidades autónomas gobernadas por el PP siguen estando lejos en cuanto a las políticas de vivienda en el Estado, y en particular en lo que se refiere al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el ejecutivo de Pedro Sánchez prevé aprobar en diciembre. Así, la reunión de este jueves de la Conferencia Sectorial de vivienda, en la que participan el ejecutivo central y las comunidades, se ha convertido en un nuevo marco de reproches entre socialistas y populares, que en todo caso se han instado a reunirse de nuevo la próxima semana. "Persisten algunas diferencias sobre aspectos concretos del Plan [...] pero buscaremos el consenso", indican fuentes del ministerio que pilota Isabel Rodríguez. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros –el triple que el plan anterior–, en el que el Estado aportaría el 60% y las comunidades el restante 40%.

Rodríguez ha asegurado que no es "descabellada" la cofinanciación que se les está pidiendo a las comunidades autónomas, y ha pedido a los representantes de las comunidades que no vayan "al dictado del PP y [Alberto Núñez] Feijóo", sino al de la ciudadanía. Lo ha dicho a los medios de comunicación, después de que el lunes el PP publicara un comunicado en el que mantiene el rechazo al nuevo plan.

Al respecto, la ministra de Vivienda ha recordado que la cofinanciación a los planes anteriores suponía que las comunidades aportaran el 25% y el resto lo ponía el Estado. Sin embargo, para este plan se les pide un esfuerzo extra a las autonomías porque "la anomalía" es que el Estado haga de "caja pagadora" cuando la competencia en vivienda es de las autonomías. "¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda?", se preguntó Rodríguez.

En todo caso se ha felicitado "por el tono" con el que se ha celebrado la reunión y que se ha constatado la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el gobierno español y las comunidades autónomas, aunque se mantienen "algunas diferencias".

La ministra ha indicado que para la Comunidad de Madrid, el esfuerzo que se le pide es de 75 millones de un presupuesto de 28.600 millones; en el País Valenciano se le pide un esfuerzo de 48 millones de un presupuesto de 32.200 millones; en Andalucía de 80 millones de un presupuesto de 48.800 millones o en Castilla y León, 25 millones de un presupuesto de 15.000 millones.

"Lo que estoy pidiendo es un ejercicio de corresponsabilidad presupuestaria, en base a su competencia y la necesidad que existe hoy en España. Y si todas colaboramos más presupuestariamente, llegaremos antes a este objetivo y las acompañaremos, como estamos haciendo, también pidiendo más recursos a instituciones europeas", ha asegurado la ministra. En esta línea, la titular de Vivienda aseguró que también es una "anomalía" que las comunidades autónomas hablen en nombre del partido político en el que militan sus dirigentes, ya que deben representar a "todos los ciudadanos".

Los representantes de las comunidades gobernadas por el PP, sin embargo, no se han ahorrado reproches al ministerio y han acusado al ejecutivo de "autoritarismo" y "unilateralidad" para imponerles, a su juicio, el Plan Estatal de Vivienda. El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha hablado en nombre de las comunidades presididas por el PP, ha denunciado que no han conocido el plan con suficiente antelación y no han podido participar.

"No podemos aceptar que, después de casi un año desde la última convocatoria, se nos cita hoy con siete puntos del orden del día", ha criticado Suárez Quiñones, quien ha lamentado "la forma y el fondo" con la que, en su opinión, se está comportando el ministerio de Vivienda y que sus comunidades. Por el contrario, las comunidades gobernadas por el PSOE sí apoyaron el plan del ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, aunque se proponen algunas mejoras.

En este sentido, la directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Salud García Alfaro, ha manifestado, antes de entrar en la sectorial, que para que el plan estatal siga su curso se debe conseguir "un marco financiero coherente y realista", que tenga en cuenta el esfuerzo que ya se ha hecho por parte de la comunidad. Castilla-La Mancha ha propuesto que no sea tan rígida la distribución de los fondos, ya que establece un 40 por ciento para la construcción, un 30 por ciento para la rehabilitación y la accesibilidad y otro 30 por ciento para el acceso a la vivienda.

Su planteamiento es que estos porcentajes se puedan adaptar a las circunstancias de cada comunidad, a la vez que defiende otras medidas como la creación de una línea específica de ayudas para subvencionar la urbanización de suelo destinado principalmente a la construcción de vivienda protegida o garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación.

Más pisos y facilitar el acceso de los jóvenes

El plan prevé destinar un 40% de los recursos a la ampliación del parque de vivienda, tanto con la ayuda a la construcción de vivienda pública y protegida, como con la movilización de suelo privado. Incluye la recuperación de ayudas a la vivienda protegida (VPO) y la adquisición de viviendas para aumentar la cartera de pisos asequibles y la movilización, también, de viviendas vacías.

Otro 30% de los recursos del plan quiere destinarse a la mejora de la eficiencia y accesibilidad con ayudas a la rehabilitación en zonas de protección patrimonial y ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía que se dedique al alquiler asequible. El resto de recursos irán para ayudar a los jóvenes al acceso a la vivienda, con ayudas como la de los 30.000 euros por el alquiler con opción de compra, ayudas al alquiler y avales. Entre los objetivos del plan también se encuentra el fomento de la construcción industrializada y programas de regeneración urbana y rural.