El plan del Gobierno para reducir a un mes la espera de licencias urbanísticas
Pretende aplicarlo para materializar el Plan 50.000, mientras que para el resto de proyectos se podrá elegir la vía de tramitación
BarcelonaLos testimonios de empresas que eligieron instalarse en Aragón y no en Cataluña después de la pandemia levantaron mucha polvareda y llegaron hasta el Parlament. “La agilidad política y técnica del gobierno aragonés es brutal: si tú les llamas, a las 48 horas ya te están recibiendo, y van muy rápido”, explicaba el representante de una empresa a el ARA. “Entre abrir un almacén en Lleida o abrirlo en Fraga, que está al lado, hay mucha diferencia de ventajas”, aseguraba otra persona.
Ahora el ejecutivo de Salvador Illa quiere revertir la situación. Este lunes el presidente ha presentado un anteproyecto de ley para simplificar trámites y acortar plazos, tanto para abrir empresas como para construir vivienda. "Es política de la buena, política útil", ha dicho Illa en un acto en la fábrica de Ebro. Fuentes de la Generalitat han subrayado que la propuesta alterará "el procedimiento" de una decena de leyes y cinco reglamentos, pero que, en ningún caso, se plantean modificar el contenido de las normas: "No hemos entrado a desregular ni a suprimir ningún requisito, lo que decimos es que para verificar el cumplimiento de los requisitos puede haber formas más ágiles", garantizan.
El proyecto se someterá a consulta pública hasta el 30 de septiembre –la ciudadanía y el sector podrán decir la suya– y llegará al Parlament a finales de año. En concreto, el Govern quiere poner su granito de arena en la obtención de licencias de obras –permisos para llevar a cabo los trabajos–; el planeamiento urbanístico –define los usos de un territorio–; y las licencias y autorizaciones ambientales. "No puede ser que en Cataluña todo tarde tanto", ha advertido el consejero de Presidencia, Albert Dalmau. Ahora bien, ¿cómo lo revertirá?
La responsabilidad, al privado
La Generalitat propone que para obtener la licencia de obras baste un informe de expertos, en lugar de que sean los técnicos municipales quienes verifiquen que el proyecto cumple con todas las leyes. Dalmau ha asegurado que es una "apuesta por la confianza" y ha defendido que el sector privado "asuma la corresponsabilidad". Para emitir estos informes, el ejecutivo crea una nueva figura, las Entidades Colaboradoras de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), que asumirán la responsabilidad de la decisión. Deberán pasar auditorías anuales y contar con un seguro de como mínimo 5 millones de euros.
El plazo de concesión de licencias pasará de nueve a doce meses de media a un mes como máximo. El Gobierno hará que los promotores del Plan 50.000 tengan que tramitar las licencias con esta modalidad para agilizar al máximo los plazos, mientras que el resto podrán elegir entre esta vía y la tradicional a través de los técnicos municipales. Sobre si el hecho de tener que depender de otro actor privado disparará el precio de los trámites, fuentes del Gobierno han asegurado que lo que más encarece los procesos es la dilatación de tiempos.
Hasta que comiencen a constituirse estas ECAU, transitoriamente se encargarán los colegios profesionales que puedan demostrar suficientes conocimientos en la materia. Los promotores y otras empresas del sector no podrán a priori constituirse como ECAU para evitar conflictos de intereses. El ejecutivo catalán ha defendido que Galicia, el País Valenciano, Canarias y la Comunidad de Madrid están avanzando hacia sistemas similares.
Planificación urbanística y medio ambiente
En el ámbito de la planificación urbanística, el Gobierno defiende que también sean técnicos colegiados los que aporten los informes sectoriales y que, si la administración correspondiente no dice la suya dentro del plazo establecido, el aval de los privados será suficiente para sacar adelante el proyecto. Con esta iniciativa, junto con la unificación de normas en un único texto, la Generalitat espera reducir el tiempo de espera de los dos años actuales a entre seis y ocho meses.
En materia ambiental, el ejecutivo crea un procedimiento simplificado y sustituye el trámite de suficiencia e idoneidad –que puede tardar hasta dos años–, y elimina el trámite de información vecinal para englobarlo en el de información pública.