Fiscalidad

El gobierno español mantiene el impuesto a la banca, mientras el energético queda en el aire

El PSOE presenta un nuevo paquete de impuestos tras negociar con Junts y el PNV

MadridEl gobierno español ha logrado desatascar un acuerdo para mantener el impuesto extraordinario a la banca, y también llevar adelante una serie de ajustes fiscales, pero tendrá que buscar un plan alternativo si quiere mantener el impuesto que afecta al sector energético. Éste es el resultado tras la negociación a contrarreloj entre el ministerio de Hacienda (PSOE), Junts y el PNV para salvar los dos gravámenes especiales y cumplir con la reforma fiscal comprometida con Bruselas y incluida en el Plan de Recuperación.

Hacienda ha negociado con el PNV y Junts porque han sido los dos partidos del bloque de investidura que más bastones en las ruedas han puesto en cuanto a la permanencia de los dos impuestos extraordinarios. De hecho, el impuesto a las energéticas no se tramitará por la negativa de Junts. "El gravamen en las energéticas cae por factores ajenos a la formación jeltzale [en el PNV]", ha apuntado en un comunicado de prensa la formación que lidera Aitor Esteban. La incógnita es si el ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá negociando para encontrar una fórmula para mantener una figura fiscal que decae este 31 de diciembre.

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Batiburrillo de enmiendas y resultado incierto

La vía por la que ha optado el ejecutivo de Pedro Sánchez por tramitar el impuesto sobre las entidades financieras y el paquete con medidas fiscales ha sido la de las enmiendas al Congreso de los Diputados. A través del PSOE se han introducido una serie de enmiendas al proyecto de ley que transpone la normativa europea por el tipo mínimo del 15% sobre el impuesto de Sociedades y que apenas empieza su trámite en la cámara baja española. El siguiente paso es ahora el debate y votación de éstas en la Comisión de Hacienda del Congreso.

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De esta forma, pese al acuerdo entre Hacienda (PSOE), el PNV y Junts, las enmiendas aún pueden caer si el resto de partidos no las ven bien. Sin ir más lejos, fuentes de Sumar, el socio minoritario en el gobierno español, aseguran que ellos no ven con buenos ojos el acuerdo del ministerio de Hacienda. El partido fundado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado sus propias enmiendas, entre ellas la permanencia del impuesto energético y un nuevo impuesto estatal sobre las herencias.

El batiburrillo de posibles cambios, sin embargo, no termina aquí. EH Bildu y ERC también registraron una batería de enmiendas y ya advirtieron de que sus votos "no estarán al servicio de aquellos que quieren acabar con una medida de sentido común como el impuesto a la banca ya las energéticas". Los equilibrios parlamentarios, y en este caso el eje izquierda-derecha existente en el bloque de investidura, apuntan a una tramitación agónica y de resultado incierto.

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¿Qué ha negociado Hacienda?

Hacienda, bajo la batuta de María Jesús Montero (PSOE), ha planteado en lo que se refiere al impuesto a la banca la creación de un "impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras". En concreto, se propone grabar el margen de intereses y el de comisiones obtenido por las entidades españolas y por las sucursales en España de bancos extranjeros por las actividades que desarrollen en España. El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo (del 1% al 6% en función de la base liquidable). Además, se permitirá la deducción del 25 por ciento de la cuota del Impuesto de Sociedades y se abre la puerta a una "deducción extraordinaria" en caso de un "descenso sostenido de la rentabilidad" del banco. Fuentes de Hacienda matizan que, por ahora, estará en vigor durante los tres ejercicios posteriores al 2024, es decir, hasta el 2027. PSOE y Sumar se comprometieron a revisar y convertir en "permanentes" a ambas figuras. Por su parte, el PNV explicó que el impuesto será regulado por las haciendas forales, aseguraron los jeltzales.

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Más medidas fiscales

Según el ministerio de Hacienda, el resto de medidas acordadas en materia fiscal y que el PSOE ha registrado a través de las enmiendas permiten "cumplir" con la reforma fiscal comprometida con Bruselas. "Siguen las recomendaciones de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo", apuntan fuentes del ministerio.

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De entrada, se introduce una enmienda para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba los cambios sobre el Impuesto de Sociedades aprobados por el exministro de Economía, Cristóbal Montoro (PP). Así, se establece un nuevo límite a las grandes empresas a la hora de aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas (un límite del 50% en el caso de una empresa con una facturación entre los 20 y los 60 millones de euros, y del 25% para aquellas empresas que superen los 60 millones).

También se plantea incrementar del 28% al 29% la tributación sobre las rentas del capital superiores a los 300.000 euros.

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En materia medioambiental se quiere equiparar la tributación del diesel a la gasolina de forma que se elimina la bonificación que tenía el primer carburante. La medida no afecta al gasóleo profesional.

En cuanto a la vivienda, se compromete a "impulsar" un IVA sobre los alojamientos destinados al alquiler turístico en zonas donde su oferta "dificulte el acceso a la vivienda o zonas saturadas". De hecho, el gobierno español reconoce que esta medida se prevé ya a escala europea.

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Finalmente, se crea un nuevo impuesto sobre los líquidos para los puros electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. El objetivo es combatir el incremento del consumo de vapeadores y otros productos que contienen nicotina.

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Negativa de Juntos

En cuanto al impuesto a las energéticas, el ministerio de Hacienda no ha logrado convencer a los de Carles Puigdemont. Tras la presión de empresas como Repsol (amenazó con congelar las inversiones previstas en zonas como el Camp de Tarragona), los junteros ya advirtieron de que no apoyarían un impuesto que supusiera una "presión fiscal que aleje inversiones clave". Juntos aspiraba a un rediseño de la figura fiscal que permitiera a las compañías energéticas poder aplicar fuertes deducciones por sus inversiones.