La nueva financiación catalana no encuentra adeptos

MadridLa propuesta de "financiación singular" para Catalunya que la Generalitat puso hace un tiempo sobre la mesa no encuentra adeptos o, como mínimo, no encuentra entre el resto de gobiernos autonómicos. Así se ha evidenciado este lunes, tras un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano que agrupa a las comunidades autónomas que comparten el modelo de financiación autonómica de régimen común–, donde la consellera de Economía en funciones, Natalia Mas, ha asistido personalmente para explicar el planteamiento catalán presentado en marzo.

Aunque Mas ha llegado a Madrid defendiendo que se trataba de una propuesta que "no genera ningún perjuicio [para el resto de comunidades] y que se puede materializar", el resto de consejeros de Economía y Hacienda han rechazado secundarla. La negativa no sólo ha llegado de entre las filas del PP, que ahora gobierna en gran parte de las comunidades autónomas, sino también de entre las filas del PSOE: "Es un chantaje. [La propuesta catalana] es un modelo injusto que lo único que pretende es dar privilegios a una parte de España", ha expresado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. De hecho, el presidente manchego, el socialista Emiliano García-Page, ya se había mostrado molesto a primera hora de la mañana: "Denunciaremos y nos negaremos a que nadie pueda tener las llaves de la caja común. Ni siquiera una copia" . "La propuesta no deja de ser un concierto [vasco]", ha criticado la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (PP).

Aunque el Govern mantiene que el marco para negociar la financiación para Catalunya es el de la "bilateralidad", es decir, una negociación Estado-Generalitat, la consellera se ha mostrado satisfecha tras la explicación a el resto de comunidades: "Ha sido positivo". "En el Estado deben poder convivir el modelo foral, con el de régimen común y un modelo de responsabilidad fiscal [donde se situaría Catalunya]", ha reiterado Mas.

El caso es que éste no era el motivo oficial de la convocatoria del CPFF, pero las comunidades del PP introdujeron el debate añadiendo un punto a la orden del día para saber si existe una negociación entre el gobierno español y la Generalitat alrededor de una financiación singular, sobre todo a las puertas de una posible investidura de Salvador Illa. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado el discurso que desde hace días lanzan desde la Moncloa: reconoce que se puede hablar de "elementos singulares", como hizo el propio Pedro Sánchez hace un mes, pero rechaza por completo cualquier aproximación a un concierto vasco. "La propuesta que ha defendido siempre ERC y el Govern en funciones es una especie de concierto económico para Catalunya que no comparto", ha dicho Montero, como "tampoco la comparte el PSC".

Montero no ha negado que se puedan dar "pasos de gigante" –ha recordado, por ejemplo, que el Estatut recoge elementos como el consorcio tributario–, pero ha querido tranquilizar al resto de autonomías enfriando la idea de bilateralidad. De hecho, incluso ha negado que el gobierno español esté asumiendo un papel en la negociación entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa: "La negociación en Catalunya es entre el PSC y ERC. No hay negociador estatal", ha dicho. Montero. La financiación singular es, precisamente, una de las carpetas que socialistas y republicanos discuten.

Un modelo caducado

Mas ha buscado la complicidad del resto de comunidades, pero sobre todo del gobierno español, poniendo sobre la mesa lo que considera que es una "cuestión objetiva": el hecho de que el modelo actual es "arbitrario, opaco e injusto para ciertos territorios y esto no puede seguir así". Lo cierto es que el modelo vigente de régimen común que comparten quince comunidades está caducado desde 2014, cuando tocaba revisarlo. Aparte de Cataluña, territorios como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Murcia hace tiempo que se quejan de que su diseño les aboca a la infrafinanciación. También desde el mundo académico hace tiempo que se exige una revisión del sistema.

Montero ha vuelto a exigir al PP que ponga de acuerdo a sus comunidades y que presente una propuesta de reforma única. De hecho, la ministra ha recordado que "la mejor manera" de alcanzar un acuerdo es si existe un entendimiento entre los dos grandes partidos, sobre todo porque cualquier modificación de la ley de financiación autonómica o LOFCA requiere mayoría en el Congreso de los Diputados.

La otra gran pata que el ministerio de Hacienda y las comunidades deben abordar es la condonación de una parte de la deuda autonómica vinculada al FLA. El ministerio lleva ya tiempo trabajando en una norma que recoja de qué manera cada territorio podrá secar una parte de su pasivo (en el caso catalán son unos 15.000 millones de euros). Mas se mostró confiada en "avanzar rápidamente" en los próximos días y semanas en cuanto a los detalles técnicos de la condonación y Montero recordó que quiere ponerse manos a la obra y establecer las primeras reuniones este mismo mes de julio.

Más margen presupuestario

Durante la reunión, el ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que el importe de las entregas a cuenta o anticipos, es decir, una parte importante de los recursos del sistema de financiación autonómica que recibirán las comunidades en 2025 será de 147.412 millones de euros (un 9,5% más que en 2024). Esto supone alcanzar una nueva cifra récord que debe permitir a los territorios empezar a pensar en el diseño de sus cuentas públicas del próximo año. En cuanto a la liquidación de 2023, asciende a 11.692 millones de euros.

El ministerio de Hacienda también ha trasladado que el objetivo de déficit para las comunidades será del 0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027. Esto supone un balón de oxígeno (más margen fiscal y , por tanto, más recursos) porque inicialmente se preveía un superávit de un 0,1% del PIB en 2025 y 2026. En todo caso, la disciplina fiscal de las comunidades será clave para que el gobierno español alcance un déficit para el conjunto de las administraciones de un 2,5% del PIB en 2025, tal y como se ha comprometido con Bruselas. Todo ello se aprobará en el consejo de ministros de mañana, el martes, junto con un nuevo cuadro macroeconómico que mejorará el crecimiento tanto de 2024 como de 2025, además del techo de gasto para el próximo año, el primero paso para elaborar nuevos presupuestos generales del Estado.

El ministerio de Hacienda también ha comunicado a los ayuntamientos que recibirán unas entregas a cuenta récord de 26.893 millones de euros en 2025 (un 13,1% más que en 2024). Teniendo también en cuenta la liquidación, los entes locales recibirán 28.935 millones de euros. Hacienda también ha trasladado a los ayuntamientos que tendrán mayor margen. En principio, los consistorios debían cerrar el ejercicio de 2025 y 2026 con superávit, pero ahora tendrán un objetivo de déficit del 0%, es decir, será de equilibrio presupuestario hasta 2026.

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