MADRIDEl consejo de ministros de este martes ha aprobado un nuevo techo de gasto histórico, que apenas toca los 200.000 millones de euros y que ha sido tildado de "prudente" por la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, Montero ha informado que el techo de gasto de 2024 será de 199.120 millones de euros, es decir, un 0,5% superior en comparación con el techo de gasto del año 2023 (198.221 millones de euros), cuando ya fue de récord.
El anuncio de mayor gasto se hace a las puertas del retorno de las reglas fiscales a Europa y, por tanto, también en España después de tres años suspendidas por la pandemia y la guerra en Ucrania. Esto implica que Bruselas volverá a mirar con lupa el déficit y la deuda, pero también el gasto público y que los estados miembros, entre ellos España, tendrán que cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
La incógnita, por ahora, es de qué forma controlará Bruselas estos tres elementos. De momento, los Veintisiete no han logrado cerrar un acuerdo para unas nuevas normas fiscales y, por tanto, es probable que a partir del 1 de enero vuelvan las reglas fiscales viejas. Sin embargo, Montero reiteró que se trata de un techo de gasto que pese a ser más alto, se guía por la "prudencia y el rigor" a la hora de cumplir con la "consolidación fiscal". De hecho, incluso anticipó que con este techo de gasto el gobierno español tiene "margen" para mantener las medidas que sean necesarias del actual paquete anticrisis, y que decaen este 31 de diciembre. Por el momento, se ha anunciado que la rebaja del IVA de algunos alimentos continuará medio año más.
Primer paso para los presupuestos del Estado
El techo de gasto es la cantidad máxima que pueden gastar en un año el conjunto de administraciones públicas del Estado, gastos financieros aparte. Esto incluye el gobierno español y el resto de instituciones de ámbito estatal, pero también las comunidades autónomas y los entes locales. Su aprobación es un paso fundamental para elaborar los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2024, que ambos socios del gobierno de coalición, PSOE y Sumar, deben empezar a negociar. Sin embargo, el acuerdo de investidura entre ambos ya da algunas pistas y durante todo el 2024 se mantendrá la reducción de precios de los abonos del transporte público estatal. Montero confía en poner en marcha los motores de la negociación de forma inmediata y no solo con Sumar, también con el resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, donde la aritmética parlamentaria es frágil. En este sentido, la ministra ha reiterado que su intención es tener las cuentas públicas aprobadas en el primer trimestre del año.
Se dispara el gasto español
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este techo de gasto no financiero incluye las transferencias directas de los fondos europeos del Plan de Recuperación que todavía están por llegar: 9.905 millones de euros. Los préstamos, que a partir del próximo año supondrán el grueso de estos fondos pendientes, no se incluyen en el techo de gasto porque se trata de gasto financiero. De este modo, el techo de gasto sin incluir el dinero europeo será de 189.215 millones de euros, un 9,3% superior si se compara con el de este 2023.
Esta cifra ha generado cierta expectación, sobre todo por si encaja o no con la regla de gasto de la Comisión Europea. Montero ha afirmado que el techo de gasto "está online" con el plan presupuestario que el gobierno envió en octubre a Bruselas y que tiene el visto bueno del ejecutivo comunitario. "Bruselas incluso era más optimista respecto a las posibilidades de gasto [del gobierno español]", ha afirmado Montero, quien ha recordado que el cumplimiento con la Comisión Europea es resultado de lo que hagan todas las administraciones, es decir, también implica que comunidades autónomas y ayuntamientos hagan los deberes.
Además, Montero ha defendido que un retorno de la responsabilidad fiscal no significa recurrir a una "política neoliberal, ni a los recortes", sino que es "compatible" cumplir con el rigor presupuestario y reforzar el estado del bienestar. Aquí entra en juego el equilibrio entre ingresos y gasto y, en concreto, el Plan de Reequilibrio presupuestario que el gobierno español enviará a Bruselas. Este documento será clave de cara a pasar el primer examen sobre si España sigue el camino para cumplir las reglas fiscales.
Objetivos de déficit y deuda
De la mano con el gasto hay dos elementos imprescindibles a tener en cuenta: el déficit y la deuda. El consejo de ministros ha aprobado un objetivo de déficit público para el conjunto de las administraciones del 3% del PIB para 2024 –se cumpliría con las reglas fiscales– mientras que la deuda se situaría en un 106,3% del PIB en 2024. Montero ha destacado que la buena marcha de la economía, sobre todo gracias a la evolución del mercado laboral, ha permitido al gobierno español secar déficit y deuda a un ritmo "acelerado" pese a la ralentización de la economía en la zona euro .
Respecto al trámite parlamentario de esta senda de estabilidad y la posibilidad de que el PP tumbe ambos elementos una vez lleguen al Senado, donde tiene mayoría absoluta, Montero ha vuelto a recriminar a los de Alberto Núñez Feijóo que "boicoteen el ' acción del gobierno porque no reconocen la legitimidad de los resultados electorales".
Hacienda confirma que modificarán el impuesto a las energéticas para "incentivar" las inversiones
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el gobierno español trabaja en una "modificación" del impuesto temporal a las energéticas para "incentivar" sus inversiones. Es decir, el ejecutivo abre la puerta a que este tributo se adapte en función de las inversiones de las compañías.
De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya planteó hace unos días la posibilidad de que ese gravamen temporal pudiera recibir cambios para que se ajuste a la "necesidad" que tiene España de inversiones. Ambas declaraciones aparecen justo después de que compañías como Repsol habían amenazado con sacar inversiones de España por la "presión fiscal".
"Queremos enviar un mensaje al sector energético para que continúen o empiecen los proyectos de inversión que permitan acelerar el ritmo de transformación de nuestra economía y de las fuentes de energía", ha dicho Montero tras el consejo de ministros. Este impuesto, junto con el de la banca, se aprobó en 2022 y estará en vigor hasta 2024. Ambos nacieron para afrontar el coste de las medidas anticrisis en plena escalada de precios.