MadridYa ha entrado en vigor - desde ayer, 1 de enero, y de la mano de los presupuestos generales del Estado para el 2021 - el real decreto que recoge las modificaciones en la administración pública para que los fondos europeos antipandemia lleguen de manera más “ágil” a las empresas. El texto modifica los procedimientos de contratación pública y subvenciones. Además, también tiene por objetivo la ejecución “rápida y flexibilizada” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene que aprobar el gobierno español con el visto bueno de Bruselas.
Las simplificaciones de los trámites permitirán este 2021 agilizar la ejecución del primer tramo de los fondos europeos, 27.000 millones avanzados de los 140.000 millones que recibirá España hasta el año 2026. A la espera que se ponga en funcionamiento la principal página web a través de la cual el gobierno informará con detalle sobre como las empresas podrán acceder a los fondos y de qué manera habrá que presentar los proyectos, estos son los principales cambios dentro de los órganos públicos que, a priori, permitirán “eliminar los cuellos de botella”.
Solicitar los fondos
El real decreto recoge la creación de una ventana única
El gobierno pondrá en marcha una página web, es decir, una “ventana electrónica”, a través de la cual las empresas podrán tramitar la solicitud para acceder a los fondos. Además, este canal también tiene que servir para centralizar y canalizar toda la información necesaria y, por lo tanto, para resolver dudas. Aun así, fuentes de la Moncloa han especificado que los ministerios también podrán recibir proyectos concretos a través de sus páginas web como órganos licitadores que son.
Proyectos estratégicos
El ministerio de Hacienda abrirá un registro para todos los interesados
Una de las figuras más destacadas del real decreto son los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación (PERTE), que, de hecho, el gobierno español tiene intención que sean figuras permanentes más allá de los fondos europeos. El ministerio de Hacienda abrirá, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto, un registro para que todas aquellas empresas interesadas se puedan presentar e impulsar proyectos -puede ser un proyecto determinado o un conjunto de propuestas - con el ámbito público. El consejo de ministros será el encargado de decidir qué proyecto puede ser considerado un PERTE y qué no. Los requisitos que se desprenden del texto todavía son amplios, pero tendrán que ir en sintonía con los requisitos europeos para acceder a los fondos, y también demostrar la creación de puestos de trabajo o “ser innovadores y mejorar la competitividad”, según recoge el decreto.
El decreto también establece otras formas de colaboración público-privada a la hora de canalizar los fondos, como por ejemplo la creación de sociedades mixtas, con un peso superior del ámbito público. Estas sociedades podrán recibir de manera directa concesiones o subvenciones y se regirán por la ley de contratos.
Tramitación de urgencia
Se agilizarán al máximo los plazos
Todos los proyectos que reciban fondos verán reducidos al máximo los plazos a la hora de firmar contratos o convenios y recibir subvenciones públicas. A todos se les aplicará el régimen excepcional de tramitación de urgencia (recortando a la mitad los plazos), además de tener prioridad a la hora de recibir informes favorables. Unos informes que, por otro lado, el gobierno español se ha comprometido a emitir en un plazo de cinco días naturales sin posibilidad de prórroga, como se recoge en el decreto.
Esto no quiere decir que las empresas interesadas queden exentas de presentar documentos como por ejemplo las memorias económicas o un detalle y presupuesto del proceso de ejecución del proyecto. Además, el decreto establece que todas las compañías tendrán que demostrar que están al corriente de sus pagos y obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda para recibir las ayudas, excepto las subvenciones de entre 3.000 y 10.000 euros. Una vez se asigne un proyecto, las empresas tendrán acceso de manera anticipada al 50% de la cantidad total a percibir.
Ampliación de los umbrales
Se incrementan los límites económicos de los procedimientos
En función del coste del proyecto, la tramitación tiene que pasar por unos procedimientos concretos. El texto aprobado amplía el límite de los umbrales que definen los procesos abiertos simplificados, encomenderos y abreviados. A partir de ahora, los procesos simplificados afectarán a las subvenciones de hasta dos millones de euros para contratos de obras y 139.000 para suministro (39.000 más que hasta ahora). Para los contratos vinculados al plan de recuperación del gobierno, el límite se incrementa hasta los 5.350.000 euros.
Aun así, los contratos de más envergadura tendrán que continuar justificando su urgencia. Además, las subvenciones superiores a los 12 millones necesitarán luz verde del consejo de ministros para ser concedidas a las empresas.
Todas las modificaciones tienen que permitir, según el gobierno, una gestión más “eficiente, clara y ligera” de los fondos europeos. Esta es la principal preocupación tanto para el ejecutivo central como para los agentes interesados a poder acceder a los fondos, que temen que los como mínimo 72.000 millones que tienen que llegar en tres años no se canalicen de manera eficiente. En todo caso, el gobierno español tiene la obligación, tal como se recoge en el real decreto en vigor, de informar cada tres meses en el Congreso de Diputados de la evolución e implementación del Plan de Recuperación.
LAS CLAVES
1. ¿Por qué el gobierno ha decidido agilizar los trámites?
España nunca había canalizado y gestionado una partida económica tan importante. La preocupación por poder absorber y canalizar el dinero de manera correcta y la necesidad de una rápida recuperación han obligado al gobierno a aprobar por la vía de urgencia estas medidas.
2. ¿Cuáles serán los requisitos concretos para acceder a los fondos?
Los requisitos irán en sintonía con los pilares fundamentales del Plan de Recuperación y, por lo tanto, con los que marca Europa. Todavía por concretar, los ejes genéricos son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.
3. ¿Quién gestionará el reparto de los fondos?
El presidente del gobierno español, todos los ministros y los secretarios de estado conformarán el órgano principal de control de los fondos. Un sistema que ha levantado voces críticas por “centralizado”. En total, se crearán cinco órganos, entre los cuales destaca la Dirección de Fondos Europeos, que rendirá cuentas en Europa.
4. ¿Faltarán manos para llevar a cabo todos los trámites?
Probablemente. Es por este motivo que el decreto prevé “de manera excepcional” la contratación pública de profesionales. Se reorganizarán las plantillas de la administración y se crearán equipos específicos, también dentro de cada ministerio, que se dedicarán exclusivamente a la gestión de los fondos.
5. ¿Se pueden pedir dinero europeo a pesar de que no ha llegado todavía?
Sí. El gobierno español ha decidido anticipar los fondos que tienen que llegar este 2021 a través de la deuda. La intención es secar la deuda una vez Bruselas envíe el dinero, de momento 27.000 millones que se canalizarán a través de los presupuestos generales del Estado.