Los interinos de larga duración inundan la justicia europea de denuncias contra España
El abogado general del TJUE vuelve a pronunciarse contra el Estado y Luxemburgo admite a trámite otros seis casos de trabajadores públicos que encadenan contratos temporales
BruselasLa justicia europea ha contradicho en varias ocasiones a los tribunales españoles y siempre ha dado la razón a los interinos de larga duración que han denunciado la irregularidad de sus contratos laborales. El último caso es el del pronunciamiento de este jueves sobre un caso de una trabajadora de la Comunidad de Madrid por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha ratificado que la legislación española no garantiza en la práctica que se evite el "abuso" que sufren este tipo de trabajadores públicos por parte de las administraciones de todas partes.
Aunque este posicionamiento no es vinculante ni definitivo, el TJUE suele sentenciar en el mismo sentido que el abogado general, y en al menos en dos ocasiones anteriores el tribunal de Luxemburgo se ha puesto del lado de los trabajadores públicos que encadenan un contrato temporal tras otro. En cambio, la justicia española ha dictaminado en denuncias presentadas por interinos de larga duración en el sentido contrario y, por tanto, se ha posicionado a favor de las administraciones públicas y considera que estos trabajadores públicos no pueden pasar a ser funcionarios de forma automática, tal y como había apuntado Luxemburgo.
En este contexto, los interinos de larga duración han optado por presentar un alud de denuncias a la justicia europea con la esperanza de que les dé continuamente la razón, hasta el punto de forzar a España a reformar la legislación oa tomar medidas para evitar ese "abuso" que constata el propio TJUE. De hecho, la Comisión Europea ya ha abierto un expediente sancionador en España por ese motivo.
En estos momentos la justicia europea ya ha dictaminado en al menos dos denuncias presentadas por varios interinos de larga duración de diferentes administraciones públicas. Y, aparte del caso que está en curso y sobre el que se ha pronunciado el abogado general del TJUE este jueves, Luxemburgo ya ha aceptado a trámite otras seis denuncias, según informa la CGT.
En un comunicado, el sindicato califica la ola de denuncias contra España por los interinos de larga duración como una "ofensiva judicial inédita en Europa ante el abuso de temporalidad" en las administraciones de todo el Estado. "La admisión a trámite [de los seis nuevos casos de interinos de larga duración] demuestra que la causa tiene recorrido jurídico", se congratula la CGT en el mismo escrito.
Bruselas y Luxemburgo cierran filas contra España
El sindicato considera que la Comisión Europea no hace suficiente para presionar a España y le acusa de "inacción". Sin embargo, la Comisión Europea ya reaccionó a las primeras sentencias del TJUE contra el Estado y cerró filas con Luxemburgo para obligar a España a cumplir la legislación y la jurisprudencia europeas. Así, Bruselas se pronunció de forma contundente contra la normativa española y la falta de medidas de España para remediar la situación que viven miles de trabajadores públicos.
En concreto, Bruselas insta al Estado a proteger de una vez por todas a "los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada". En caso de que España no tome medidas, se expone a multas millonarias de Bruselas. Además, la Comisión Europea asegura ya ha tenido en cuenta a la hora de abrir un expediente "las modificaciones de las normas" que realizó España durante los últimos años y asegura que "siguen sin abordar lo suficiente los problemas detectados". Así, contradice los argumentos del gobierno español, que asegura que con las reformas legales sí cumplen con la legislación comunitaria.
La presión desde las instituciones europeas en España es creciente, tanto en lo que se refiere al alud de denuncias de interinos de larga duración como a los veredictos de Luxemburgo y el expediente sancionador que ha abierto Bruselas. Así, la UE insiste por todas las vías en que España reforme su normativa laboral o al menos tome medidas para evitar la situación de los miles de interinos de larga duración, y nada hace pensar que se detendrá hasta que no lo haya conseguido.