El TSJC juzga los despidos masivos en las empresas moderadoras de contenidos de Meta en Barcelona

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha celebrado este martes la vista oral del juicio contra las empresas subcontratadas por la multinacional tecnológica Meta para moderar los contenidos de Facebook o Instagram desde Barcelona. El sindicato Fist (Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores) impugnó el despido colectivo que en abril de 2025 afectó a más de 2.000 trabajadores del centro de trabajo de Barcelona vinculado durante años a Telus y CCC Barcelona y a los servicios prestados para Meta. Las empresas demandadas aseguran que Meta decidió finalizar los contratos con ellas y se pactaron los despidos con el comité de empresa.

En el procedimiento figuran como demandadas tanto las sociedades vinculadas a Telus y CCC Barcelona como la propia Meta, así como los sindicatos UGT y CCOO, que estaban en el comité de empresa y pactaron las condiciones del ERE. La demanda sostiene que Meta no puede quedar al margen de una decisión que, según se alega, afectó a la práctica totalidad de la plantilla que prestaba estos servicios en Barcelona: 2.062 trabajadores de 2.114.

¿Una medida para desplazar la producción?

La cuestión central es determinar si el despido colectivo estuvo amparado por una causa legal o si, como mantiene la parte demandante, constituyó una medida ilegal destinada a desplazar la producción a otros países europeos. La demanda atribuye a las empresas la decisión de cerrar la denominada oficina de Barcelona y trasladar servicios equivalentes a Austria, Alemania y Eslovaquia, a través de la estructura transnacional de Telus. Según la parte demandante, esta reordenación no respondería a una causa extintiva real, sino a una estrategia para deshacerse de la plantilla y eludir la litigiosidad existente en el estado español.

La parte demandante sostiene que, antes del despido colectivo, había más de 1.200 reclamaciones pendientes relacionadas, entre otras materias, con una discriminación salarial por razón de la lengua de trabajo, ya que las lenguas del sur de Europa estaban peor pagadas que las del norte, o daños personales derivados de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y salud mental. Actualmente quedan vivas unas 50 demandas. Así, el abogado de los demandantes, Enrique Leiva, dice que Meta no quería asumir el coste de pagar más a los trabajadores si perdían las demandas, y tampoco el daño reputacional.