Nuevo paquete de medidas para hacer frente al alza de los precios de la luz

El consejo de ministros de este martes ha aprobado "las medidas complementarias al decreto ley para rebajar la factura de la luz que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzó hace algunos días. El paquete de cambios aprobado a través de un real decreto ley, y anticipado este domingo por Pedro Sánchez, llega después de un pulso entre las grandes eléctricas y el gobierno español por las medidas aprobadas a finales de septiembre y, en concreto, por el recorte de las ganancias extraordinarias de las energéticas fruto del funcionamiento del mercado mayorista.

Las nuevas medidas amplían la protección del consumidor vulnerable; matizan la definición de "minoración del gas" que recoge el decreto del 16 de septiembre y, finalmente, ofrecen a las energéticas salir del recorte de los beneficios extraordinarios a cambio de ofrecer contratos "estables" a la industria, según ha detallado Ribera en rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Consumidor vulnerable

Se amplía la cobertura del consumidor vulnerable. El nuevo decreto aumentará los descuentos que ya se aplicaban al bono social eléctrico que afecta a 1,2 millones de hogares, según datos del ejecutivo. Ahora los descuentos pasarán del 25% al 60% en el caso del consumidor vulnerable general y del 40% al 70% en el caso de los casos severos.

También se incluye un cheque de 90 euros por hogar a partir del mes de diciembre para los consumidores vulnerables que ya se acojan al bono social térmico del invierno. Se trata de un cheque adicional que las comunidades autónomas tendrán que gestionar y activar una vez el ministerio de Transición Ecológica transfiera las partidas a las comunidades, ha detallado Ribera. "Es una medida adicional para un año difícil con precios energéticos altos", ha dicho. Además, el gobierno español ha vuelto a prorrogar el escudo social hasta el 31 de marzo que, entre otras cosas, prohíbe el corte de suministros básicos. "Con este paquete adicional el consumidor vulnerable queda cubierto", ha insistido Ribera.

Más transparencia

El nuevo decreto también matiza la definición de "minoración del gas" a las energéticas. Ribera ha detallado que la medida solo se aplicará en caso de que una empresa se haya beneficiado del aumento de los precios del gas, es decir, que haya obtenido beneficios extraordinarios después de vender energía más económica –como la nuclear o la verde– al precio que marca el gas. Quedan fuera del recorte de las ganancias las compañías eléctricas que tienen contratos fijos firmados antes del 16 de septiembre, así como las empresas que introduzcan a partir de ahora estos contratos a un precio fijo. En cambio, a las energéticas que continúen ofreciendo una tarifa indexada al mercado mayorista se les aplicará la minoración para beneficiarse de los llamados "beneficios caídos del cielo".

Contratos estables en la industria

Además, el nuevo decreto dejaría fuera del recorte de las ganancias a las eléctricas que ofrezcan mantener un contrato a un precio fijo, ya sea a través de la prórroga automática o la ampliación, ha detallado Ribera. Este cambio, que por un lado busca incentivar la estabilidad de los precios en uno de los sectores más afectados por la espiral alcista, el industrial, también suavizará el recorte de los "beneficios caídos del cielo" de las empresas energéticas.

Pulso con las eléctricas

Los cambios llegan después de un pulso con las principales empresas eléctricas de España, en especial Iberdrola, que a través de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado el rechazo a las medidas del ejecutivo. "Todas aquellas personas que se han comprometido a mantener los contratos [estables], espero que cumplan la palabra", ha dicho Ribera en referencia precisamente a la propuesta de la energética que controla Galán de ofrecer este tipo de contratos siempre que el gobierno suavice sus medidas.

El anuncio de Ribera llega en un momento en el que España ha planteado en Bruselas pedir salir del sistema europeo de precios de la luz. Hace semanas que el gobierno exige a la Comisión "medidas excepcionales" ante la inacción y la oposición de algunos países como Alemania.