El Parlamento aprueba la ley de cámaras más de una década después

BarcelonaEl Parlament ha aprobado este miércoles la ley de cámaras de comercio. De esta manera, Cataluña adapta doce años después la ley básica estatal de cámaras de comercio, aprobada en 2014. Desde entonces, el Principado había sido uno de los pocos territorios del estado español sin una ley cameral actualizada. La norma ha pasado el examen del hemiciclo con 114 votos favorables, 11 abstenciones y 9 votos en contra.

La norma ha podido llegar al pleno del Parlament semanas después del aval unánime que le otorgó el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) a principios de agosto. El órgano consideró que la ley es conforme con el Estatuto y la Constitución española, en un dictamen solicitado por los grupos parlamentarios de Comunes y la CUP. Entre otras cuestiones, el CGE valoró el encaje de las vocalías de mayor aportación voluntaria, las conocidas como sillas de plata, que se ampliaron de dos a diez el pasado julio.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa cameral es la financiación de las trece cámaras catalanas. La norma establece que el Gobierno y el Consejo General de Cámaras deberán suscribir, en un plazo de seis meses, un convenio plurianual de tres años. La Generalitat, de acuerdo con la ley, deberá prever una financiación que crecerá progresivamente durante los tres cursos: tres millones en el primer año, cinco millones en el segundo y hasta siete millones en el tercero.

Encaje con sindicatos y patronales

Uno de los obstáculos principales para sacar adelante la normativa cameral ha sido la preocupación de patronales y sindicatos respecto al rol que establece para las corporaciones de derecho público. De hecho, a finales de 2023, Foment del Treball, Pimec, CCOO y la UGT firmaron una carta alertando de "cuestiones fundamentales" de la propuesta de las cámaras que afectaban al "equilibrio institucional del diálogo social y su preservación como bien público".

En este sentido, la norma establece que las funciones de las cámaras se llevarán a cabo "respetando las funciones y facultades de representación, defensa y participación de los intereses de trabajadores y del empresariado que tengan legalmente atribuidas"; especialmente en términos de negociación colectiva y diálogo social.

La patronal Pimec ha celebrado, así, que la norma avance en "la definición y clarificación del papel que corresponde" a las cámaras dentro del ecosistema económico. En un comunicado, la asociación de las pequeñas y medianas empresas celebra el texto final, que "contribuye a ordenar y dar más seguridad jurídica al espacio de participación, representación e interlocución empresarial".

Aun así, la entidad que preside Antonio Cañete mantiene su rechazo a la ampliación de las sillas de plata, tal como ya expresó en el momento de la ampliación. Las nuevas vocalías de pago, alerta Pimec, "pueden acabar alterando el equilibrio de la representación sectorial resultante del proceso electoral". En este sentido, reclaman "criterios transparentes, democráticos y representativos" para definir el pleno cameral.