El Sabadell responde: denuncia al BBVA ante la CNMV por vulnerar la normativa de opas

Los gobiernos español y catalán rechazan la operación: "Es lesiva para el sistema financiero"

Madrid / BarcelonaEl Banco Sabadell ha remitido a última hora de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una queja sobre la oferta pública de adquisición (opa) presentada por el BBVA, alegando que contraviene la normativa vigente en materia de estas operaciones. En concreto, en una comunicación pasadas las 22:00h, el banco catalán cuestiona el hecho de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, haya hecho referencia a una luz verde preliminar por parte del Banco Central Europeo y que haya admitido públicamente que ha estado en contacto con accionistas del Sabadell.

Este movimiento llega después de que durante todo el día se multiplicaran las muestras de rechazo a la opa por parte de los gobiernos español y catalán. La prudencia con la que se expresaba el martes la portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, ante la primera oferta del BBVA y que había rechazado el Banc Sabadell, era una forma de no llamar al mal tiempo. Pero la opa presentada este jueves no dio margen a los equilibrios. "El gobierno español rechaza la decisión del BBVA de plantear una opa hostil en Sabadell, tanto en la forma como en el fondo. La operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español", aseguró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , en declaraciones a TVE. Cuerpo dejó claro que el gobierno español es quien tiene "la última palabra" a la hora de autorizar la fusión a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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"Supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en los puestos de trabajo y en la prestación de servicios financieros", avisó. Además, tal y como advertía el martes el gobernador del Banco de España en una comparecencia en el Congreso, esta posible absorción introduciría un "riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera". El ejecutivo del Estado también cree que afectaría a la "cohestión territorial". "España tiene actualmente un sistema financiero fuerte y solvente. Nuestro deber es velar por mantenerlo sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía ya la agenda de la inclusión financiera y la protección de los clientes", resuelve el ministerio.

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La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha expresado su oposición a este movimiento en un tuit a X. "Es una operación contraria a los intereses de nuestro país. Destruiría muchos puestos de trabajo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio. Supone liquidar al Sabadell sólo en beneficio de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del BBVA", ha denunciado. Así, instó al ministro de Economía a "paralizar" la absorción.

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También el ministro de Industria, el catalán Jordi Hereu, rechazó la propuesta del BBVA porque el Sabadell "tiene una vocación especial para la industria y las pymes" y su desaparición sería perjudicial para el tejido empresarial. Además, Hereu, que se encontraba de visita en la Cámara de Comercio de Sabadell, ha criticado las formas de la entidad de origen vasco: "Hace días que se expresó una opa de forma amistosa, que finalmente ha pasado a ser , sin variar ninguna condición, una opa hostil.

La Generalitat también se opone a ello

Desde Catalunya, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado la opa al considerar que provocaría un "daño irreparable a la economía: dificultaría el acceso al crédito ya la inclusión financiera en el conjunto del país". Aragonés también ha advertido de que esta opa pondría en riesgo "centros de decisión" que en estos momentos están en Catalunya, además de impactar en "el acceso de las familias al crédito" y provocar la "pérdida" de puestos de trabajo. El presidente explicó, en una atención a los medios de comunicación, que se pondrán en contacto con las autoridades de la competencia de Catalunya y también de Europa, y también afirmó que están en conversaciones con las entidades financieras implicadas.

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En la misma línea que Aragonès, la consellera de Economía, Natàlia Mas, ha remarcado la "oposición frontal" de la Generalitat a la operación, porque comportaría una "reducción drástica de la competencia", la "destrucción de puestos de trabajo " y la "pérdida de poder económico" para Cataluña. "No podemos quedarnos de brazos cruzados operaciones que perjudican los intereses de los ciudadanos", aseguró en una rueda de prensa.

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El tema de las competencia es el que más preocupa al ejecutivo catalán. Mas considera que los análisis del mercado muestran que "técnicamente ya hay un oligopolio" bancario en Catalunya. Según la Generalitat, actualmente las tres entidades con mayor implantación territorial (Caixabank, BBVA y Sabadell) controlan un 73% de las sucursales del país, una cifra que aumentaría hasta el 85% en caso de que prosperase la opa, ya que entonces el top 3 lo ocuparían Caixabank, la entidad resultante de fusionar BBVA y Sabadell y Santander. Por eso Mas se ha puesto en contacto por carta con la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, y con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para "solicitar que la operación no obtenga el "aval" de ninguna de las dos instituciones, que son las que regulan la competencia en los mercados a nivel comunitario y estatal, respectivamente.

Sobre la CNMC, Mas ha elogiado el papel que tuvo durante la adquisición de Bankia por parte de Caixabank, cuando "hizo un análisis muy correcto por código postal" de los niveles de concentración en el mercado bancario. "En Catalunya la alerta es importante", ha añadido. En el caso de la Comisión, Mas cree tener potestad de intervenir en la operación porque, en caso de producirse la absorción, la entidad resultante sería muy grande y representaría "un riesgo sistémico" para el sector financiero europeo .

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De hecho, esta situación de concentración empresarial en el sector financiero catalán y del Estado provoca que la banca española sea la que "menos dinero está pagando a sus clientes por sus depósitos", una situación que "se agravaría aún más" con la compra del Sabadell, ha opinado la consejera. Además, Mas cree que puede afectar a la inversión extranjera: "Las empresas no quieren venir a un territorio de oligopolio bancario", remachó.

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Las reacciones se multiplican en Cataluña e impactarán en la jornada de campaña electoral. El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha rechazado la operación y ha recordado en una entrevista en TV3 que el último y único precedente de una opa hostil es el de Banco Bilbao en Banesto en 1987, y que no llegó a buen puerto. El aspirante de Junts, Carles Puigdemont, ha defendido "contestar con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón". "Hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, y eso perjudica a los usuarios y perjudica al país", ha criticado.

¿Y el PP? Alberto Núñez Feijóo no se ha referido a ello durante un acto en Barcelona y fuentes de la dirección se han posicionado pasadas las cinco de la tarde. De entrada, Génova apuesta por "respetar" los acuerdos a los que puedan llegar empresas privadas y piden esperar al análisis que puedan realizar el Banco de España y la CNMV. Entienden que pueda generar "preocupación" una operación así en caso de que perjudique a trabajadores, clientes y usuarios, pero no se mojan sobre si esto ocurriría. Esta prudencia contrasta con la opinión expresada por el candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. "Me preocupa enormemente que afecte a las pymes ya la libre competencia. No me gusta", pió. También el presidente de la Generalitat Valenciana -la sede fiscal del Sabadell se encuentra en Alicante desde el referéndum del 2017- ha rechazado frontalmente la opa: "No tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo y forma parte de unas formas absolutamente soberbias e intolerables", ha subrayado el popular Carlos Mazón.

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Divergencia CEOE-Foment

Desde el ámbito empresarial, Foment del Treball -la patronal que agrupa a las grandes empresas catalanas- ha advertido que si prospera la absorción, "los grandes perdedores serán las pequeñas y medianas empresas catalanas y, por tanto, también las empresas españolas" . "Muchas Pymes quedarán huérfanos de financiación. El crecimiento de las concentraciones financieras debería hacerse en Europa y no en España", considera la patronal catalana. Por el contrario, la principal patronal española, la CEOE (de la que también forma parte Fomento), ha tenido un tono mucho menos intervencionista y no ha mencionado los posibles problemas de competencia que preocupan a los gobiernos español y catalán. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que las empresas "son libres de actuar" y "hacer ofertas, o no", por lo que ha dicho que se trata de una operación que tiene lugar en el" ámbito privado". "Hay que respetar las decisiones de ambas partes y de los accionistas", aseveró.

La otra patronal catalana, Pimec -que agrupa a pequeñas y medianas empresas-, también ha lamentado la operación. "Siempre que hay una concentración bancaria, las pymes acaban perdiendo. Se reduce el mercado, hay menos competencia y perdemos condiciones. Y esto es un problema", ha comentado el presidente de la organización, Antoni Cañete.

A los sindicatos la opa tampoco ha gustado. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, expresó "máxima preocupación" por el anuncio, ya que cree que se trata de la primera operación de una "nueva ola" de fusiones que reducirán aún más la cantidad de bancos en España. "Hay que regular los términos de la competencia del sector financiero", ha declarado, porque "empieza a ser un problema económico" que conlleva "serios riesgos" para la economía. Según Sordo, existe la posibilidad de que el sector bancario se convierta en "un oligopolio que no compita, que abuse en precios, en las comisiones y en los tipos de interés, y que además restrinja el crédito a la economía productiva" , ha afirmado. Por su parte, el sindicato UGT pidió que las plantillas no paguen el coste de una posible adquisición.