La sorprendente victoria del difunto Ruiz-Mateos sobre el Estado
Una sentencia obliga a recalcular el valor que tenía Rumasa cuando fue expropiada al polémico empresario
BarcelonaRumasa tenía un agujero enorme, de 260.000 millones de pesetas, según la Abogacía del Estado, cuando el gobierno de Felipe González decidió expropiar este conglomerado formado por bancos, bodegas, hoteles y todo tipo de empresas industriales y financieras el 23 de febrero de 1983.
El fundador de este imperio, José María Ruiz-Mateos, declaró entonces una guerra sin tregua al gobierno socialista y, especialmente, al entonces todopoderoso ministro de Economía –y más adelante marido de Isabel Preysler–, Miguel Boyer. Una guerra que generó más de 1.500 pleitos, sentencias de todo tipo en diversos tribunales, incluso el Constitucional, y una serie de situaciones esperpénticas, como el "que te pego, leche", cuando Ruiz-Mateos intentó agredir a Boyer en los juzgados, donde también se hicieron habituales sus disfraces de Superman para denunciar lo que consideraba una injusticia.
Ruiz-Mateos falleció en septiembre del 2015, pero la batalla que había iniciado fue continuada por su viuda –y expresidenta del Rayo Vallecano–, Teresa Rivera, y sus hijos. Y ahora un tribunal les ha escuchado. La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que establece que debe recalcularse de nuevo el precio de las acciones de Rumasa, expropiadas a la familia Ruiz-Mateos y otros pequeños accionistas.
La sentencia no es firme, y se puede presentar un recurso ante el Supremo. De hecho, la Abogacía del Estado, que representa al ministerio de Hacienda, estudia presentar recurso. La clave radica en que mientras el Estado mantiene que Rumasa tenía un patrimonio neto negativo, la familia mantiene que su valor se acercaba a los 14.000 millones de euros. Los Ruiz-Mateos aseguraban que aquel conglomerado empresarial, en ese momento, aportaba casi un 1,8% del PIB español y empleaba a más de 60.000 personas. Pero el gobierno socialista del momento estableció que el precio a pagar por la expropiación era de cero pesetas por acción.
El Tribunal Supremo, en diferentes causas judiciales, ha avalado aquella valoración cero, defiende la Abogacía 'Estado. Esto significa que Rumasa no valía nada. Sin embargo, la defensa de la familia Ruiz-Mateos, representada en este procedimiento por el letrado Juan Manuel García-Gallardo, esgrimió que las resoluciones que se dictaron no eran conformes a derecho, así como que se fijaron diferentes justiprecios ( el precio que se paga por la expropiación de un bien) positivos en empresas del grupo que nunca se abonaron. El Tribunal Superior de Madrid esgrime ahora que "de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, debe procederse a una nueva valoración de las acciones de Rumasa SA, a la vista del balance consolidado del grupo", según establece en su sentencia . Por tanto, dice el tribunal madrileño, "procede la retroacción de las actuaciones".
Un riesgo multimillonario
Ahora habrá que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre los recursos. Pero si avala un nuevo cálculo sobre el precio de la expropiación, se abriría la posibilidad de que la familia del empresario andaluz recibiera una sustanciosa indemnización: habría que valorar de nuevo el precio de las acciones expropiadas, lo que alargaría un litigio de unos hechos ocurridos hace 40 años.
José María Ruiz-Mateos –y después su viuda y sus hijos–, siempre defendió que el holding de la abeja tenía un valor. De hecho, reclamó una indemnización en el Estado por la expropiación, que le fue negada. Pero esto no le detuvo y construyó un personaje que se movió entre las salidas de tono, su paso por la cárcel, su incursión a la política (fue eurodiputado), el enfrentamiento con los Valls-Taberner y el Opus Dei y una nueva incursión en el mundo empresarial. En efecto, el polémico empresario creó Nueva Rumasa, un holding formado por empresas como Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el Rayo Vallecano que acabó haciendo suspensión de pagos y atrapó de nuevo a pequeños inversores que habían comprado pagarés de la compañía con la promesa de importantes rentabilidades, pese a las reiteradas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que estos títulos no estaban bajo su supervisión.