El Supremo afronta un alud de demandas por las restricciones del cóvid

BarcelonaAl menos 7.000 demandas por las pérdidas que causaron las restricciones decretadas por la pandemia del covid-19. Es lo que tiene sobre la mesa el Tribunal Supremo (TS). Un auténtico alud de reclamaciones de empresas y autónomos que vieron cómo sus ingresos caían por cierres, limitaciones de aforos y otras medidas que se adoptaron para evitar los contagios.

Unas limitaciones, en gran parte, decretadas al amparo del estado de alarma, una medida del gobierno español que posteriormente Tribunal Constitucional tumbó por los recursos presentados por Vox. El estado de alarma se decretó el 14 de marzo de 2020 y después el gobierno español lo prorrogó otros seis meses. El TC le declaró inconstitucional y también la prórroga.

En el caso del decreto inicial, el Constitucional, en una sentencia de julio de 2021, decía que "la inconstitucionalidad no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas". Pero, sin embargo, la sentencia dejaba una puerta abierta cuando añadía "sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3.2 de la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y lugar". Este artículo establece que "quienes, a consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, sufran de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados".

Cogiéndose a este punto de la sentencia, pues, muchos empresarios han decidido reclamar. Eso sí, tendrán que demostrar que han sufrido un daño irreversible. La sentencia del Constitucional sobre el segundo estado de alarma (la prórroga) simplemente no decía nada sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y, por tanto, queda la puerta abierta a presentar reclamaciones.

Para el Supremo es todo un reto afrontar este volumen de demandas. Según la agencia Efe, son más de 7.000 recursos y podrían alcanzar los 9.000. Por eso, el Supremo ha trazado una hoja de ruta para los próximos meses. La idea es analizar cinco o seis demandas, con casuísticas diferentes, para marcar doctrina y fijar jurisprudencia para el resto. En general, los recursos son por la desestimación por parte de la administración, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo, de reclamaciones de empresas y autónomos que alegaban haber sufrido daños económicos indemnizables por las medidas dictadas durante la pandemia.

Ahora bien, sí existen ciertas variaciones. Por ejemplo, algunas reclamaciones se enmarcan en el primer estado de alarma y otras en el segundo; las hay contra decisiones del Estado y contra las comunidades autónomas; algunas hacen énfasis en un daño total, como el cierre del negocio, y otras en daños parciales por limitaciones horarias o de aforos en bares, restaurantes y discotecas.

De hecho, en plena pandemia, las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball ya pidieron compensaciones por las restricciones y los cierres en un manifiesto que hicieron público en diciembre del 2020. "Las empresas, sobre todo las más pequeñas, y los autónomos deben recibir compensaciones rápidas, directas y suficientes por el perjuicio causado por las restricciones o por los cierres", se decía. También se pedía la supresión temporal o la moratoria de algunos impuestos. De hecho, tanto el gobierno del Estado como el de la Generalitat abrieron líneas para las empresas, desde los créditos ICO hasta ayudas directas. A finales de 2021, la Generalitat había destinado casi 2.000 millones, de los cuales más de 1.200 fueron para mantener la actividad y el empleo.

Los empresarios no quieren pagar la factura

Casos hay miles. Por ejemplo, el de August Tarragó, directivo de una empresa de gimnasios que ha llevado el caso a los tribunales de la mano de la patronal del sector, después del silencio administrativo de la Generalitat. Para el empresario, el problema no fue el cierre del primer confinamiento, sino las restricciones posteriores, cuando los gimnasios tenían limitado su aforo al 30%. "Durante el cierre tuvimos menos pérdidas, por los ERTO y porque había una reducción de costes porque no abríamos", asegura. Pero después, con las restricciones, "todo el sector entró en pérdidas" porque es un negocio "con costes fijos elevadísimos y muy pocos variables".

"Si esto genera un impacto en las empresas, alguien debe hacerse cargo del coste", cree Tarragó: "No puede ser que la factura la acaben pagando los empresarios". Además, explica que no sólo tuvo pérdidas en los ejercicios de 2020 y 2021, sino que muchas empresas como la suya tuvieron que endeudarse y eso condiciona el futuro. Un endeudamiento que, según explica, limita las inversiones y genera unos gastos financieros que, con las subidas de los tipos de interés, van al alza.