El gobierno español aprueba el decreto de centros de datos para prevenir un “impacto” de 5.000 M€ en la factura eléctrica

El ejecutivo mantiene medidas como el 80% de energías renovables o los estándares de eficiencia hídrica

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La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una imagen reciente.
20/11/2026 - 15:13 h

BarcelonaEl gobierno español saca adelante el decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital de los centros de datos. Lo aprueba, finalmente, antes de llegar a la cita electoral del 29-N, y a pesar de las críticas que ha dirigido el sector desde que se planteó la normativa, con más de 600 alegaciones durante el periodo de audiencia pública. Según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, las medidas que introduce la nueva normativa evitan “un impacto de 5.000 millones de euros sobre la factura” cada año, con una regulación que considera “pionera”. “Los centros de datos tienen la oportunidad de oro para demostrar que pueden ofrecer sostenibilidad y soberanía digital”, ha afirmado la ministra.

En concreto, el decreto evita, según Aagesen, una subida de unos 4.000 millones de euros al año atribuible al precio del mercado mayorista, por el aumento de consumo de gas natural, y otros 1.000 millones anuales debido al incremento de los costes del mecanismo de capacidad. Se trata, además, de un escenario “conservador”, en palabras de la titular de Transición Ecológica. “Si se tiene en cuenta el contexto de guerra en Oriente Medio y en Ucrania, las cifras ascenderían muchísimo”, ha declarado, en respuesta a los periodistas. La subida de precios, según los cálculos del gobierno, afectaría especialmente a los consumidores industriales, que experimentarían un incremento de costes del 25%, de acuerdo con las mismas estimaciones.

La norma, tal como ha quedado aprobada por el ejecutivo, mantiene algunos de los puntos que habían generado más polémica en el sector tecnológico, como el requisito de consumo energético de un 80% de fuentes renovables de nueva incorporación hora a hora. Según la patronal de los centros de datos, Spain DC, la norma “ignora las recomendaciones de la CNMC” en su reciente informe sobre la cuestión.

También fija un régimen, que será opcional, y permitirá a los centros de datos que así lo elijan escalar la energía proveniente de renovables hasta 2032. En concreto, tendrán que asegurar un 60% de renovables en un primer momento, un porcentaje que aumentaría hasta el 70% en 2029 y que llegaría hasta el objetivo del 80% en el año 2032. Además, durante el periodo transitorio, los centros de datos podrían ser desconectados en momentos de tensión de la red, una medida que había concentrado las críticas de las empresas del sector.

En cuanto al consumo hídrico, la norma mantiene que los centros de datos deban contar con la etiqueta A de máxima eficiencia. Según ha detallado Aagesen, este certificado asegura un consumo “casi nulo” de agua, unos 0,1 litros por kilovatio hora. A juicio de la ministra, es un hito que “se puede conseguir con las tecnologías disponibles”.

La regulación busca poner guardarraíles reguladores a un sector en claro crecimiento, de acuerdo con los datos que ha facilitado la vicepresidenta tercera: ha asegurado que se han concedido 15.000 megavatios en permisos de acceso a centros de datos, de los cuales unos 3.000 megavatios han llegado “en los últimos meses”. “Y hay numerosos más que quieren venir”, ha defendido.

Otras medidas energéticas

Más allá de la regulación de los centros de datos, el ejecutivo español también ha sacado adelante el real decreto de la nueva planificación energética, que atenderá 47,7 gigavatios de nueva demanda de electricidad. Según Aagesen, la nueva planificación requiere una inversión de 17.142 millones de euros hasta el 2030, un incremento del 146% respecto al planeamiento actual. A juicio del gobierno, esta nueva planificación busca llevar a cabo una “gran transformación del tejido industrial” hacia iniciativas de electrificación. La industria, de hecho, protagoniza el incremento de demanda, si bien también destaca la vivienda, que podrá acceder a 6 gigavatios.

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, también ha anunciado diversas medidas para mejorar la soberanía tecnológica del Estado, como la reconversión de la forma jurídica del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que se convertirá en una fundación pública para “dotarse de mayor autonomía de gestión”. Según ha destacado la ministra, el BSC “nació como un centro de investigación, pero ya es un referente europeo en supercomputación e inteligencia artificial, que mantiene una gran relación con las empresas”.

El ejecutivo también ha anunciado la creación de una red de centros de investigación de interés nacional centrados en tecnologías críticas para la soberanía tecnológica, así como incentivos a las empresas para invertir en investigación y desarrollo o contratar personal investigador.

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