Vivienda: preguntad a los candidatos
El tema de la vivienda nos recuerda constantemente que España es un país diferente, y en algunos sentidos, muy inmaduro. En Europa, se escandalizan de que desde el franquismo no haya habido en España una política sostenida de mantenimiento del parque público de alquiler, capaz de hacer una saludable competencia al sector privado. Cuando mis amigos extranjeros me preguntan cómo es que hasta ahora todavía se podían descalificar viviendas pagadas con dinero público, respondo que es una carencia estructural; la incapacidad de gobernar pensando a largo plazo.
Dicho esto, pienso que las movilizaciones de los últimos años han ido creando un movimiento imparable. Incluso si gana la derecha, lo tendrán muy difícil para volver a determinados postulados. A todos los efectos, es necesario promover (rehabilitar y construir), sobre todo, vivienda asequible. Un determinado sector financiero se ha lanzado a captar clientes atrapados por la rueda del consumo, que gastan más de lo que ingresan, con préstamos asociados a tarjetas de crédito, muy rentables. Esto no crea riqueza compartida, como tampoco la creaba un sistema hipotecario basado en tasaciones irreales, porque ni siquiera iban a ver los pisos que financiaban. En cambio, invertir en la creación de vivienda protegida crea puestos de trabajo en la construcción y genera unas rentas asequibles que supondrán ingresos patrimoniales a medio plazo.
No es vivienda de libre mercado lo que hay que acelerar ahora; la promoción de vivienda asequible generará también una libre competencia con el sector privado, que tendrá que hacer unas viviendas de mayor calidad, ser más eficaz y sobre todo más competitivo. Incluso para una economía de mercado, es bueno que exista el contrapunto de la oferta pública, porque esto evita también que la demanda se canalice solo hacia el sector privado; entonces, pueden vender cualquier cosa, de mala calidad o mal integrado en el barrio.
La CNMV ha publicado un informe interesante: describe, desde el punto de vista económico, qué barreras pone el urbanismo a la producción de vivienda asequible. A mí me ha hecho pensar cómo nos ven desde las otras profesiones: queda claro que el planeamiento y el urbanismo molestan a quienes intentan optimizar sus negocios. De entre todas las recomendaciones, hay alguna que me preocupa: propone un modelo en el que todos los terrenos no protegidos por interés público se puedan considerar aptos para la transformación urbanística. Se defiende que disponer de más terrenos urbanizables reducirá la especulación. Pero la experiencia demuestra que esto no ha funcionado nunca: dado que la titularidad de los suelos urbanizables está mayoritariamente en manos privadas, muchos no los desarrollan o los retienen a la espera de que lleguen tiempos mejores. Es una idea teórica que puede funcionar si vendes teléfonos o neveras, pero en las ciudades no todo vale. España creció muy mal durante la década de los sesenta, y creó auténticas fronteras urbanas. Hay que ver Barrio, de Fernando León.
Y es exactamente la dirección opuesta a la que sigue Europa, donde se distinguen dos tipos de terrenos: los greenfields (campos o espacios rurales) y los brownfields (solares abandonados o degradados). Desarrollar los primeros es más barato para el promotor, porque no hace falta descontaminar ni hacer costosos derribos. Pero las ciudades europeas dan ayudas para rehabilitar piezas de suelo degradadas precisamente para evitar que se consuman terrenos naturales alrededor de las ciudades. En Francia han aprobado la política Cero Artificialización Neta, que precisamente quiere reducir el consumo de terrenos verdes y naturales en todo el país.
También se menciona la necesidad de hacer una “ordenación supramunicipal” de los terrenos edificables. Comparto que los planes territoriales son importantísimos para conectar trenes y ciudades, y procurar que el desarrollo del país no sea exclusivamente la metropolización alrededor de Barcelona. Pero tiemblo cuando alguien menciona la “ordenación supramunicipal”, porque el conflicto está servido. Si una ciudad vota en contra de un determinado planeamiento, la imposición por parte de un organismo superior todavía genera más conflicto. El urbanismo hay que explicarlo, consensuarlo y redibujarlo muchas veces; las imposiciones solo generan bloqueos.
Después de las elecciones generales, vendrán las municipales, y podrían salir resultados completamente opuestos. Entonces, aunque los partidos de derechas prometan un atajo para aprobar planes urbanísticos, lo tendrían muy complicado para llevarlo a la práctica vulnerando la autonomía municipal. Es una buena pregunta para hacer a los candidatos: qué modelo territorial proponen y dónde ubicarían exactamente estas nuevas viviendas sobre suelo liberalizado. Y qué barrios y lugares urbanos de referencia tienen en mente. De momento, la mejor protección del entorno construido se hará votando: ignorar la compatibilidad entre vivienda y protección del territorio puede tener consecuencias devastadoras para generaciones enteras.