Finanzas públicas
Economía 23/08/2021

Dos de cada tres contratos adjudicados por la Generalitat en 2020 incluían cláusulas sociales

La proporción sube tres puntos respecto al año anterior

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Imagen de los edificios del llamado campus de funcionarios de la Zona franca.

BarcelonaLa Generalitat ha incrementado la presión para hacer la contratación pública socialmente responsable. Siguiendo el mandato de Bruselas, que obliga a los estados de la Unión Europea a fomentar esta tendencia, el 66,6% de los servicios que adjudicó el Govern el año pasado estaban vinculados a algún tipo de cláusula social. Es decir, que en aproximadamente dos de cada tres licitaciones se tuvieron en cuenta cuestiones como las condiciones de producción, los materiales utilizados, las consecuencias de la producción y las condiciones laborales de los trabajadores implicados.

Sin contar los acuerdos de emergencia, este tipo de condiciones se incluyeron en 6.245 contratos de un total de 9.382 adjudicaciones. Son, en conjunto, unas 550 contrataciones de este estilo menos que en 2019, pero proporcionalmente superan en 3,4 puntos el peso en el total de contratos de ese ejercicio. Por otro lado, esto también significa que de los más de 1.800 millones de euros adjudicados en 2020, el 76,2% han sido condicionados a cláusulas sociales: aproximadamente 1.400 millones de euros. En este caso, el porcentaje también implica un crecimiento de 2 puntos respecto a 2019.

Además, según recoge la propia Generalitat en el informe que analiza el estado de la cuestión, poco menos de la mitad de los contratos vinculados a cláusulas sociales incluían más de una de estas medidas. De acuerdo con este análisis, las más recurrentes son las relacionadas con la igualdad de género, presentes en el 63,1% de las licitaciones. A continuación aparecen la estabilidad laboral (28,8%) y la inserción laboral (25,8%). Por tipo de contrato, los de obras, suministros y servicios incorporan cláusulas sociales en más de dos tercios de su importe adjudicado.

Margen de mejora

El incremento generalizado se atribuye sobre todo a la incorporación de un nuevo marco legislativo (vigente desde 2018) que propicia la inclusión. A pesar de todo, la Generalitat reconoce en el informe que "posiblemente hay todavía un cierto margen para seguir incrementando de forma gradual la reserva social prevista en los acuerdos de Govern futuros". Especialmente, añade, "a partir del momento en el que la actividad contractual recupere la plena normalidad". De hecho, una de las cuestiones que celebra el ejecutivo es que la proporción crezca a pesar de la pandemia.

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