Vacas confinadas: la última guerra de Vox y el PP con el gobierno español salpica al campo

MADRIDCastilla y León está en el foco mediático por un cambio legislativo de Vox y el PP, que gobiernan en coalición en la comunidad. En este caso, la problemática salpica al campo y, particularmente, al sector vacuno. La crisis ha abierto una nueva guerra con el gobierno español y ha dejado imágenes de ganaderos de la zona asaltando un edificio de la junta de Castilla y León, disturbios que han acabado con un detenido y una docena de policías heridos. El motivo de fondo: la flexibilización del control de la tuberculosis en el sector vacuno.

Paso a paso. Todo empezó el 10 de mayo, cuando la consejería de Agricultura del gobierno autonómico, en manos de la ultraderecha de Vox, anunciaba una resolución que flexibilizaba el protocolo sanitario de saneamiento del sector vacuno y que, entre otras cuestiones, velaba por el control de la tuberculosis entre este ganado. Desde hace años, España y la Unión Europea cuentan con rigurosas normas para que esta enfermedad que afecta a los animales salvajes, como por ejemplo a los jabalíes o los zorros, no se propague a las vacas y a sus derivados alimentarios, desde la carne hasta la leche, cosa que podría acabar afectando a los consumidores.

Como es una enfermedad contagiosa, los protocolos prevén restricciones en los movimientos de los animales e incluso sacrificios obligatorios –por los cuales se compensa a los ganaderos– en el caso de infección. Por eso, la decisión del gobierno autonómico hizo saltar las alarmas y, automáticamente, generó la reacción del gobierno español: días después, el ministerio de Agricultura limitaba el movimiento del ganado vacuno en Castilla y León en seis de las diez provincias. Además, señalaba que la decisión "vulneraba la normativa estatal y europea". Paralelamente, presentaba un recurso al Tribunal Superior de Castilla y León, a quien la Abogacía del Estado también había pedido la suspensión de la resolución de Vox y el PP.

Finalmente, el tribunal ha decidido suspender de forma cautelar el cambio legislativo del gobierno autonómico, que se ha visto obligado a dar marcha atrás. La consejería de Agricultura autonómica (Vox) ha decidido suspender su propia resolución, cosa que también ha llevado al ministerio de Agricultura a levantar la limitación del movimiento del ganado vacuno a partir de este jueves.

"Esto no impide que sigamos defendiendo que [el cambio normativo] es legal", ha expresado el consejero de Agricultura autonómico, Gerardo Dueñas (Vox), en rueda de prensa este miércoles. Dueñas ha defendido que se trataba de una "medida recogida en el programa electoral, que quiere apoyar al sector ganadero, que está en una situación complicada", ha dicho. El tono, no obstante, era más suave que el que expresaba el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), hace solo unos días, cuando defendía la flexibilización de los controles "ante las imposiciones de la Agenda 2030 del ministerio y Bruselas".

Problema "histórico" y "utilización política"

Lo cierto es que el campo fue uno de los temas centrales de la última campaña electoral en la comunidad, de las que surgió el primer gobierno autonómico con presencia de la extrema derecha. Los partidos se disputaban el voto de los agricultores con promesas que, una vez se han materializado, han quedado en papel mojado: el último ejemplo, la flexibilización de los controles de la tuberculosis. De aquí que la respuesta de una parte del campo a esta problemática se haya acabado traducido en una "mala imagen" del sector, asume Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, en declaraciones al ARA .

Detrás de los disturbios estaba la organización Unión por la Ganadería, de la cual Delgado también es portavoz. El sector critica que "históricamente no se les ha hecho caso" y que "hace 40 años que [en Castilla y León] tienen el mismo problema". "[El asalto] es fruto del cansancio y de no ver soluciones", opina Delgado.

El sector ganadero en Castilla y León sostiene que su situación es "particular". Dado que predomina mucha ganadería extensiva, es decir, al aire libre, el ganado tiene más contacto con la fauna salvaje. "Beben agua en los vertederos de los animales y después estos se infectan. Lo que se pide es que se controle la fauna, porque, por mucho que se maten vacas, la tuberculosis no desaparecerá", apuntan desde Asaja Castilla y León, que recuerdan las "pérdidas económicas" que genera la situación.

Los veterinarios denuncian "ilegalidades"

"Lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad para generar falsas expectativas ante un sector tan importante", apuntaba la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, esta semana. "La situación es muy grave", ha afirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas, este jueves, que ha dicho que el apoyo es "total" hacia el sector, "pero no se puede evitar la realidad ni la evidencia científica. Vox está inoculando prácticas contrarias a la seguridad y sanidad animal y esto no se puede permitir", ha manifestado.

Más allá de las voces políticas, los veterinarios también se han echado las manos a la cabeza. Concretamente, los directores de la campaña de saneamiento en cada provincia de Castilla y León emitieron un informe "objectivo e independiente" en el que "se evidencia que la resolución [del gobierno autonómico] en unos casos ignora y en otros contradice la normativa nacional y comunitaria; está llena de ilegalidades, transgresiones e incongruencias sanitarias, además de una vergonzosa redacción", denunciaron los veterinarios días después de hacerse pública la flexibilización de los protocolos.

Silencio del PP

El PP, que es quien tiene la presidencia del gobierno autonómico, ha optado por el silencio. Previamente, Vox ya lo había arrastrado a otra polémica sanitaria. El planteamiento de Vox, con el apoyo inicial del PP, obligaba a los médicos a hacer escuchar el latido del feto o a hacerse una ecografía 4D a todas las mujeres que quisieran abortar. Una propuesta, sin embargo, que también acabó en nada ante las críticas de sanitarios y juristas.