El balance agridulce del primer año de amnistía

Este viernes ha hecho un año de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, un cumpleaños con sabor agridulce, porque si bien ya ha habido muchas personas que se han podido beneficiar de ello –un 45% de las que lo han pedido según los datos de Òmnium–, hay también muchas peticiones, que no se han concedido. están los policías que estaban acusados ​​de lesiones por el 1-O, y entre los segundos están los principales líderes políticos del Proceso. la ley en el Tribunal Constitucional. Sea como sea, la ley va haciendo camino, pero es cierto que desde el punto de vista político no habrá conseguido su objetivo hasta que el expresidente Carles Puigdemont pueda volver libremente a Catalunya. mayoría progresista debería tener este aval, pero esto no significará su aplicación inmediata, ya que el Supremo considera que la norma no es aplicable a los casos de malversación. Se abrirá entonces una segunda batalla jurídica que además puede tener también un recorrido europeo si el TS presenta una prejudicial al TJUE. sus socios independentistas se encuentra ahora empantanada y sin un calendario claro. Es posible que la amnistía no se pueda aplicar hasta el final del mandato, con el peligro real de que la legislatura acabe antes y el nuevo gobierno de las derechas busque la manera de torpedearla.

El caso de la amnistía resulta paradigmático para explicar la diferencia entre gobierno y estado. Se puede pactar algo con un gobierno, pero si el estado está en contra, tiene múltiples palancas para hacer boicot. Por eso el actual enfrentamiento del gobierno de Sánchez con ciertas estructuras del estado profundo resulta especialmente interesante, además de históricamente nuevo, y el resultado de la batalla sobre la amnistía no sólo será decisivo para el futuro de la legislatura, sino que afectará a la política española de las próximas décadas.

En su día el PP decidió torpedear un Estatut aprobado por una mayoría de catalanes como parte de su estrategia para derribar a Zapatero. Y con eso encendió la mecha del Proceso. Ahora hace lo mismo con la amnistía y Sánchez, aunque la opinión pública española, incluso la conservadora, parece haber pasado página y está más preocupada por otras cosas. Pero el precio que paga el PP es el de estar cada vez más aislado, vivir de espaldas en Catalunya y ser prisionero de su único socio posible: Vox.