Cas Montoro: una investigación contra viento y marea
Cuando haya que realizar la historia completa de los siete años de investigación de la trama Montoro habrá que poner en un lugar muy destacado la fiscal del caso, Carmen María García Cerdá. Esta fiscal se ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años a sus superiores jerárquicos para poder salir adelante contra viento y marea una investigación que algunos parecía tener un interés especial en torpedear. Viendo los indicios claros que recoge el sumario de la causa, no acaba de entenderse que la Fiscalía Anticorrupción echara atrás algunas diligencias clave, como la intervención de los teléfonos de los implicados, que solo estuvo activa unos días, o el acceso a los correos corporativos de los altos cargos de Hacienda para investigar un posible delito de revelación de secretos.
Y es que el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón denegó a García Cerdá el permiso para investigar el acceso del ministro Montoro y otros miembros del ministerio a los datos fiscales de famosos y otros políticos. Y cuando Luzón se enteró de que la fiscala había pedido a los Mossos que no dejaran morir esa rama de la investigación, la multó con 1.000 euros por "desobediencia grave". Al final, sin embargo, ha sido la persistencia y la tozudez de esta fiscal, junto con el buen trabajo técnico de los Mossos d'Esquadra y la discreción del juez Rubén Rus, lo que ha permitido destapar la trama.
Es evidente que de todos estos obstáculos, así como de la lentitud de la Guardia Civil –que también exasperaba a la fiscal–, no se puede deducir directamente que hubiera una voluntad expresa de entorpecer la investigación, pero de algún modo sí se vislumbra que provocaba un evidente malestar en muchos despachos de Madrid. De alguna manera, que la iniciativa de una investigación que afectaba al corazón del Estado fuera de los Mossos y que la instrucción se llevara desde un juzgado de Tarragona provocaría una mezcla de malestar y estupefacción.
Pese a la solidez de los indicios aportados en el sumario, cabe tener en cuenta que sobre toda la causa cuelga la amenaza de la nulidad debido a que la prueba que da pie al caso, el correo electrónico donde el responsable de una gasista de Tarragona decía que había que contratar a Equipo Económico porque tenía "vía directa con Montoro", se encontró con una vía directa. Ésta es la principal estrategia de defensa tanto de los miembros del despacho como de los ex altos cargos del ministerio y de los directivos de las gasistas.
Sin embargo, hay que felicitarse también por la profesionalidad de los Mossos en este caso, en una investigación que se llevó a cabo en un contexto especialmente difícil para la policía catalana como fueron en los años inmediatamente posteriores al 2017, y por la actitud de la fiscal y del juez. De algún modo, este caso representa un rayo de esperanza en la lucha contra la corrupción, una lacra que por lo visto en este caso y en otros –como el caso Koldo– está mucho más extendida de lo que pensábamos y afecta no sólo al sector público, sino también al privado y especialmente a las grandes empresas.