La fiscal del caso Montoro se enfrentó a sus superiores para sacar adelante la investigación

MadridLa imputación de Cristóbal Montoro y de miembros de su equipo en el ministerio de Hacienda y en el despacho jurídico Equipo Económico (EE), que fundó en 2006, ha sido fruto de la persistencia del titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, y de la fiscal que persigue este asunto lo abriera en el 2018 por el descubrimiento fortuito de unos correos electrónicos en el marco de otra investigación dirigida por los Mossos d'Esquadra. Se trata de Carmen María García Cerdá, a quien fuentes de la Fiscalía consultadas por el ARA describen como una profesional que "se apasiona con los temas" y "no suelta la presa". "Es una luchadora contra la corrupción sin límite de horas", explican. Su determinación se ha topado con reticencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción y, durante los siete años de investigación secreta en Tarragona, García Cerdá ha visto cómo se le ha recortado el margen de actuación unas cuantas veces e incluso fue sancionada con una multa económica por desobediencia grave a su superior jerárquico.

Hay que retroceder hace más de una década para entender el alcance del caso. García Cerdá aterrizó en la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2013 proveniente de la Fiscalía Provincial de Valencia. Un par de meses después llegó una primera denuncia anónima que apuntaba a una presunta contratación a dedo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Es a partir de ese indicio que Equipo Económico aparece en el radar de Anticorrupción. Es en el despacho fundado por Montoro al que el organismo señalado habría contratado sin que la adjudicación saliera a concurso con dinero de subvenciones públicas para conseguir, con su capacidad de influencia en el gobierno español del PP, la tramitación de una nueva ley de cámaras. Casi cuatro años más tarde, en el 2017, después de que llegara una segunda denuncia anónima contra EE —incorporada en el 2019 a la causa de Tarragona—, García Cerdá firma una primera querella contra los responsables de Equipo Económico entre los que están algunos de los que ahora han acabado imputados —como Ricardo Martínez Rico, presidente de Montoro.

Aunque el juzgado de instrucción número 22 de Madrid admitió la querella por prevaricación administrativa, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles, acabó archivada en el 2019. Tanto la instructora del caso, Patricia Jiménez-Al había suficientes indicios de delito. En ese momento, el juzgado de Tarragona ya había empezado a tirar de otro hilo relacionado no con las cámaras de comercio, sino con empresas gasistas después de que los Mossos d'Esquadra, casualmente en otra investigación, interceptaron correos sospechosos del director técnico de Messer Ibérica de Gasas SA sobre EE. Por su parte, Equipo Económico esgrime el primer archivo para desacreditar a García Cerdá. En el comunicado con el que reaccionó a las imputaciones, el despacho jurídico ataca a la fiscala que los tiene en el punto de mira: "Consideramos importante señalar que ha sido sancionada por sus superiores por los excesos".

El enfrentamiento dentro de Anticorrupción

El despacho fundado por Montoro hace referencia a una multa de 1.000 euros -confirmada por el Tribunal Supremo a principios de julio- por haber actuado a espaldas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según consta en el sumario de la causa al que ha tenido acceso el ARA, García Cerdán trató de investigar los correos electrónicos corporativos de ex altos cargos, como el propio exministro de Hacienda, ante la sospecha de una posible revelación de secretos —por detectar mensajes con datos fiscales de adversarios políticos y periodistas—. Luzón no lo autorizó y ordenó el archivo de esa parte de la investigación. La fiscal del caso se resistió y forzó una reunión de la cúpula de Anticorrupción en septiembre del 2023 para debatir el tema. La decisión, prácticamente unánime, fue que se centrara únicamente en la rama principal de la investigación sobre el presunto tráfico con leyes. Unos meses después, el Consejo Fiscal volvió a abordar la cuestión.

Sólo un miembro de este órgano de la cúpula de la Fiscalía, en una reunión celebrada en marzo del 2024, se posicionó a favor de García Cerdá. Se trata de Salvador Viada, en ese momento fiscal del Tribunal Supremo (actualmente jubilado). En una conversación con el ARA, Viada recuerda que "vio clarísimo" que había que investigar los correos porque el asunto era "muy serio". ¿Por qué se optó por recortarle el margen de actuación? Viada descarta que fuera un intento de Luzón de poner bastones en las ruedas o que intervinieran motivaciones políticas. El exfiscal del Supremo apunta a que nunca se habían encontrado con una investigación secreta que se alargara tantos años y existía el temor de que se pudieran dar pasos que le alargaran aún más o que fueran en falso y llevaran a la nulidad de la causa. Esta longitud "anómala" del secreto es, de hecho, uno de los argumentos que ha utilizado EE, en el mismo comunicado, para alegar "indefensión" en el procedimiento. Sin embargo, Viada mantiene que sus compañeros "se equivocaron" alineándose con Luzón.

De hecho, este jueves ha trascendido que el juez del caso no ve tampoco delito de revelación de secretos en la intromisión de Montoro en datos fiscales privados y que se centra en el presunto tráfico de leyes a través de los pagos de EE.

El choque por las intervenciones de teléfonos móviles

El choque por los correos del caso Montoro no fue el único en esta investigación. Luzón también se topó con García Cerdá en el 2022 por las intervenciones de los teléfonos móviles de algunos de los investigados. En un primer momento, la fiscala del caso se pronunció a favor de esta actuación y la policía catalana pudo tener acceso a las comunicaciones de cuatro implicados (Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente-Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Covadonga Gómez Garrido). Sin embargo, cuando su superior se enteró recurrió la autorización judicial y la Audiencia de Tarragona la frenó. Toda la información recogida en este período no se ha podido utilizar.

En este conflicto, apuntan fuentes cercanas al caso, también influyó una cuestión relacionada con el equilibrio interno de la Fiscalía, que se rige por el principio de dependencia jerárquica y en la que los versos libres no encajan bien. La sanción a García Cerdá llegó después de que se descubriera que, tomada la decisión de la cúpula de Anticorrupción, habló con un contacto de los Mossos d'Esquadra sobre los correos con la motivación de que la policía judicial no dejara morir esa esfera del caso que a ella le había sido vetada. Cuando se descubrió esta gestión, la Fiscalía le abrió el expediente sancionador. Las mismas fuentes explican que es "frecuente" que García Cerdá discrepe y tenga conflictos con Luzón, que es "un hombre muy reputado dentro de la institución", pero más "racional" y "distante". También está chocado por el caso Púnica. García Cerdá también tuvo un enfrentamiento por el caso Lezo con su predecesor, Manuel Moix.

Pese a estos obstáculos, y aunque la revelación de secretos no es uno de los siete delitos por los que se ha imputado finalmente a Montoro, el grueso de la investigación continuó y la fiscal se ha mantenido en la causa.