La crisis de la vivienda frena la economía

Dos de cada tres pymes catalanas han tenido problemas para cubrir vacantes con los candidatos que habrían querido porque estos se han echado atrás cuando han visto que tendrían problemas para encontrar un lugar asequible donde vivir. De hecho, la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país reconocen que han desistido de proyectos de crecimiento, sea ampliando plantilla o bien abriendo nuevos centros, por culpa de la misma cuestión. Por la tensión residencial que sufrían los trabajadores o, incluso, porque la misma empresa tampoco ha podido encontrar un lugar más adecuado para dar el salto de crecimiento a causa del aumento de precios. El estudio presentado este miércoles por el Observatorio de la Pime de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, es una nueva muestra de hasta qué punto la crisis inmobiliaria está perjudicando no solo a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y a los que tienen unos sueldos más precarios, sino que también es un problema general que lastra de manera clara y preocupante el conjunto de la economía del país y hace que no pueda avanzar al ritmo que se querría.

De hecho, otro informe, en este caso del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), también incide en este problema y avisa que la dificultad para acceder a una vivienda es una de las causas, junto con el estancamiento de la productividad y la persistencia de las desigualdades, que limitan el potencial de desarrollo económico y social del país. Las cifras macro, reconoce, son buenas, pero cuando se pone la lupa se ve que en realidad los números no se corresponden con una mejora global de la sociedad y de la calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas de acceso a la vivienda los tienen sobre todo los trabajadores y las familias jóvenes, que son precisamente el grueso de la mano de obra que se necesita para hacer crecer la economía del país. Es una especie de bucle perverso en el que la falta de vivienda provoca precariedad y lastra el crecimiento, cosa que hace que la desigualdad siga aumentando aunque el conjunto de la economía mantenga buenas cifras, en parte gracias a un mercado inmobiliario en alza que provoca cada vez más exclusión.

Como bien señalan desde el CTESC, para revertir esto se necesitan diversas medidas, la mayoría ya anunciadas, como un aumento de la oferta asequible y la agilización de la promoción y la rehabilitación de vivienda, pero también mejorar la movilidad –y la situación tanto de Rodalies como de la red de carreteras no ayuda, ahora mismo– y plantear un desarrollo territorial sostenible y adecuado a las necesidades de una sociedad que ha crecido y que requiere redimensionar los servicios a la población real. Y, por supuesto, una financiación autonómica mejorada y justa. En todo caso, tanto en lo que respecta a las medidas concretas –que posiblemente se están demostrando insuficientes– como en lo que respecta a la financiación y las inversiones globales, lo que realmente hace falta es ejecución. El diagnóstico está más que hecho, y de promesas sobran. Faltan concreciones, cumplir lo prometido, rendir cuentas y exigir tanto a las administraciones públicas como al sector privado que asuman su responsabilidad. Como se demuestra, la crisis residencial la sufren más los pobres, pero es cuestión de tiempo, y poco, que afecte también al conjunto del tejido económico y social del país.