Euskadi explora las costuras del Estado
Desde la afortunada desaparición del terrorismo de ETA, Euskadi dejó de tener el protagonismo mediático que había tenido desde la Transición, pero eso no significa que su conflicto político con el Estado haya dejado de existir. La lucha política por obtener más y más autogobierno ha sido encabezada históricamente por el PNV, aunque en los últimos años el giro pragmático de EH Bildu también ha hecho que la izquierda aberzale se haya sumado al carro del pescado al cuerno. La sociedad vasca tiene tan claro que la vía negociadora es la buena, tras el trauma que supuso la violencia política, y que para optimizar esta negociación es necesario reforzar los partidos propios que el PNV y Bildu suman el 65% de los votos en el Parlamento vasco y 54 escaños de 75. preponderante. El día 16 los gobiernos vasco y español firmaron, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, el traspaso de cinco nuevas competencias para Euskadi: Salvamento Marítimo, la gestión del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, las prestaciones familiares no contributivas, la prestación por desempleo y el seguro escolar. También se ha aprobado que Euskadi gestionará la prestación por desempleo a partir del 1 de enero de 2027, por lo que las oficinas del SEPE pasarán a formar parte de la red vasca Lanbide (en Cataluña existe la doble red del SEPE y las OTG de la Generalitat para las políticas activas de empleo). Es muy significativo que todas estas competencias hayan tardado 45 años en ser transferidas, pese a constar en una ley orgánica como el Estatut.
Hay que subrayar que, a diferencia del resto de comunidades autónomas, Euskadi no ha aprobado un nuevo Estatut, tanto por falta de acuerdo político como porque el actual todavía está lejos de haberse aplicado por completo. Y es que algunas de las competencias que incluye para Euskadi, y que el PNV está negociando con el PSOE para que se traspasen, tocan el tuétano del Estado, especialmente el pago de las pensiones, la cesión de los aeropuertos y la política de inmigración. Vamos a palmos.
La cesión de las pensiones es tabú para España porque para ellos supone romper la "caja única de la Seguridad Social". Ésta es quizá la transferencia que está más atascada, ya que el deep state lo considera una especie de casus belli. En segundo lugar está la cuestión de los aeropuertos, que Catalunya mira de cerca. Aquí la oposición viene de Aena, quien argumenta que al tener un 49% de propiedad en manos privadas no puede trocear la compañía. Pero el gobierno español espera encontrar una solución antes de Semana Santa. El traspaso de las competencias en inmigración significa básicamente dar más competencias y recursos en este ámbito a la Ertzaintza, algo lo mismo que Junts quiere para Catalunya.
Se puede afirmar, pues, que Euskadi está explorando ahora mismo las costuras del Estado, sus límites, en un camino que desde Cataluña hay que mirar con atención. Eso sí, lo hace desde la posición privilegiada de quien cuenta con un concierto económico que le otorga recursos suficientes para cubrir las necesidades de sus ciudadanos.