La hora de decidir sobre la vivienda
BarcelonaA falta de la concreción exacta de los decretos aprobados por el gobierno español este martes, lo primero que hay que decir es que no hay cuestión más capital y con tantas aristas ahora mismo en el debate público como la de la vivienda. Pero lo que ha puesto sobre la mesa el caso de la madrileña Maricarmen Abascal es que ninguna sociedad democrática puede aceptar que cada semana se desahucien a cientos de personas ni que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan tan difícil el acceso a la vivienda. Lo primero es una cuestión de humanidad, y lo segundo afecta al derecho a tener una vida digna y tiene graves repercusiones en el funcionamiento de la economía.
Por tanto, es positivo que el gobierno haya tenido que correr ahora para plantear un paquete de medidas ambicioso, pero a la vez resulta frustrante que los partidos políticos hayan sido incapaces durante los últimos años de emergencia habitacional de pactar unos mínimos. ¿Y cuáles deben ser, estos mínimos? El consenso básico debería pivotar sobre dos ejes: el primero es que la vivienda no puede funcionar como un bien de mercado más, porque cumple una función social; y el segundo es que el propietario debe tener garantizado el cobro de la renta en cualquier circunstancia y también el derecho a recuperar el piso cuando se cumplan los requisitos que prevé la ley –por ejemplo, para habitarlo él o un familiar–. Se trata de buscar un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda.
En este sentido, es seguro que el contenido del decreto principal, el que incluye la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta el 2030 y las rebajas fiscales a propietarios e inquilinos, no gusta a todo el mundo y tiene cosas mejorables, pero visto en conjunto es bastante positivo, y la situación social es tan desesperada (recordemos el caso de Olga, la mujer de Hospitalet que se suicidó cinco meses después de ser desahuciada) que es absolutamente necesario que reciba el aval del Congreso. En cuanto al segundo, el que incluye la renovación automática de alquileres, quizás merece una discusión más profunda, porque representa un cambio de modelo, pero en última instancia también ataca dos de los grandes problemas de la actual crisis: las subidas de precio excesivas y la inestabilidad e incertidumbre que supone vivir siempre pendiente del vencimiento de un contrato.
En todo caso, estamos hablando de soluciones de emergencia para evitar más casos como el de Maricarmen Abascal o tantos otros, pero hay que reconocer que el problema de la vivienda va mucho más allá y tiene un problema principal, que es la falta de oferta, especialmente de pisos de protección oficial. Los tan anunciados planes para multiplicar la construcción de pisos para destinarlos al alquiler social, que sería una manera de intervenir en el mercado por la vía de la oferta, no están funcionando, ni en Cataluña ni en España. Y aquí es donde se deberían concentrar los esfuerzos los próximos años si no queremos vivir un estrangulamiento de la actividad económica y, en el peor de los escenarios, un estallido social.