La judicialización de la lengua, un callejón sin salida
Las entidades en defensa de la lengua catalana, con Òmnium y Plataforma por la Lengua al frente, se preparan para una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desmonte la respuesta legal que se construyó en la anterior legislatura, con un amplio consenso, para evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas. En el 2022, en época del gobierno Aragonés, se aprobó un decreto ley que evitaba la aplicación de porcentajes lingüísticos a la enseñanza (con la mayoría independentista de entonces) y una ley, que en este caso también contó con el voto favorable del PSC y los Comunes, que situaba al catalán como lengua vehicular y decía que el uso de lenguas oficiales educativo. La ley parece que va a pasar el filtro del Constitucional, pero no el decreto ley, que era más explícito en el rechazo a la cuota del 25% y que podría dar pie al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para mantener su ofensiva.
El problema de fondo es precisamente éste, el de una justicia que hace tiempo que se ha convertido en actor político, entrando hasta la cocina de decisiones gubernamentales de carácter técnico. Una cosa es defender genéricamente que todos los chicos y chicas sepan el catalán y el castellano –hecho, por otra parte, que responde al espíritu del Estatut y la Constitución– y una muy distinta es entrar a concretar, lejos de criterios pedagógicos científicos, cómo hacer esto en las aulas.
El sistema de inmersión lingüística, tal y como ha quedado demostrado durante dos generaciones de alumnos, ha garantizado el aprendizaje tanto del catalán como del castellano; y si en algo ha quedado cojo, ha estado precisamente en el catalán, que está sufriendo un retroceso sostenido en su uso social, especialmente entre los jóvenes. De hecho, el sistema de inmersión lingüística se concibió al principio de la democracia y el autogobierno para corregir la anomalía histórica de la prohibición y la marginación del catalán. Por una parte, se ha aplicado con mucha flexibilidad. Y, por otra, el hecho de que de nuevo el catalán esté en desventaja debería hacer reflexionar a todo el mundo. También la justicia. La justicia no puede actuar al margen de la realidad de la sociedad a la que debe servir. Y, en este caso, la imposición del 25% de castellano, aparte de su inviabilidad técnica, y del peligro de división social que puede introducir en el mundo educativo, supondría un nuevo obstáculo para la normalización del catalán, que es la lengua que necesita mayor impulso y protección.
En todo caso, ante el escenario de una sentencia del TC que tumbe el decreto ley, si en efecto el TSJC lo aprovecha para volver a presentar batalla e interferir en la vida escolar, tanto el Gobierno como la sociedad civil catalana tendrán que dejar claro su compromiso a favor del derecho de todos los niños y niñas a un conocimiento pleno de la lengua catalana, como no debe renunciar, y que defiende supone ir en contra del español. La judicialización de la lengua hace tiempo que se ha convertido en un callejón sin salida que, lejos de aportar soluciones, no ha hecho sino complicar las cosas.
