El juicio al fiscal general termina como empezó: sin pruebas
Este jueves se celebra la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que las acusaciones y defensas leerán sus escritos finales. La vista oral, por la que han pasado decenas de testigos, sin embargo, no ha cambiado nada desde el principio del proceso: el juicio comenzó sin que hubiera ninguna prueba inculpatoria directa contra García Ortiz y ha terminado por igual. Eso sí, se ha vivido la situación inédita de ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo.
Recordemos que el fiscal general está acusado de haber filtrado el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que aceptaba un pacto de conformidad con la Fiscalía a cambio de que su cliente reconociera dos delitos fiscales. En la sesión de este miércoles, el teniente coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la UCO, Antonio Balas, sólo pudo declarar que durante la investigación "se veía un dominio del fiscal general en todo el proceso". O sea, que a falta de pruebas concluyentes, lo máximo que ha podido aportar en el juicio la Guardia Civil es que "se veía un dominio", esto es, una suposición sin apoyo probatorio concreto.
En las sesiones anteriores una docena de periodistas declararon haber tenido acceso al famoso correo antes que el fiscal general, y de hecho la información se publicó minutos antes de que se lo reenviaran sus subalternos. Con lo visto en el juicio, pues, parece inimaginable una condena, pero también es cierto que la justicia española es famosa por tomar decisiones inexplicables.
Sin embargo, lo que ya no se podrá reparar es el daño a la institución. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en una víctima colateral de la guerra total entre PP y PSOE, y concretamente de la guerra que el gobierno madrileño de Ayuso mantiene con el ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, es sabido que el PP y también Vox cuentan con muchas simpatías dentro de la judicatura, lo que ha ayudado a alargar procesos como éste o como el que está llevando el juez Peinado contra la esposa de Sánchez. Porque lo que sí ha quedado probado en el juicio es que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se inventó una falsedad y la difundió en chats con periodistas hasta que un medio, concretamente El Mundo, la publicó. "Yo soy periodista, no notario", argumentó, como si los periodistas no tuvieran que contrastar sus informaciones y tuvieran vía libre para mentir.
Habría que esperar a que cuando termine el juicio y haya una sentencia absolutoria, el caso pueda centrarse en lo importante, que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como pareja a un presunto defraudador fiscal que pronto deberá rendir cuentas ante la justicia por un fraude a Hacienda de más de 300.000 euros. ¿Qué hará Ayuso si su pareja es condenada? ¿Seguirá viviendo en el piso que González Amador pagó con el dinero defraudado? ¿Y con qué cara podrá exigir a los ciudadanos madrileños que paguen sus impuestos a la Comunidad?