Llega el choque institucional de Trump con la justicia
Era cuestión de tiempo. Uno de los pocos contrapoderes que existe en Estados Unidos para detener la deriva autocrática del gobierno de Donald Trump es la justicia. Aunque en su anterior mandato ya logró colocar en el Tribunal Supremo a una mayoría de jueces conservadores –y vale la pena recordar que son cargos vitalicios–, en los niveles inferiores del poder judicial había habido jueces que habían ejercido su independencia y trataron de poner freno al tsunami de abusos de poder. Sin embargo, ayer se llegó a un choque de consecuencias todavía imprevistas. El director del FBI, Kash Patel, anunció la detención de la juez Hannah Dugan, de Wisconsin, por "obstruir" la detención de una persona inmigrante la semana pasada. Aunque inmediatamente ha sido puesta en libertad después de declarar, y que el propio Patel ha borrado el tuit poco después por causas que se desconocen, lo cierto es que el objetivo ya lo han cumplido. Se trata de dar miedo también a los jueces y de presionarles para que dejen de ejercer sus responsabilidades y se adapten a lo que quiere el ejecutivo.
La separación de poderes, y la confianza, por tanto, en la independencia del poder judicial, se iría al garete. Un nuevo paso en la deriva de una administración que la próxima semana cumplirá sus primeros cien días después de haber logrado crear el caos no sólo en su país sino también en buena parte del mundo, donde está poniendo en peligro la economía de muchos países con su aplicación errática de los aranceles.
La situación interna en Estados Unidos es muy preocupante, especialmente por la forma en que está aplicando a la brava su política contra los derechos de las minorías, los desfavorecidos y la libertad de expresión y pensamiento. En el centro de sus ataques se encuentran, precisamente, los inmigrantes, que persigue saltándose en muchos casos los mínimos trámites legales o humanitarios. La operación contra la juez Dugan, que habrá que ver cómo termina, supone un precedente importante. Se le acusa, según el FBI y la Fiscalía, de enfrentarse a los agentes que habían entrado en su juzgado para llevarse a un inmigrante mexicano que estaba allí por cargos menores y después facilitar que pudiera salir por otra puerta. Los agentes de Inmigración están utilizando los juzgados para intentar "cazar" a los inmigrantes que acuden por alguna causa. Como esto puede provocar altercados o problemas de seguridad, además de atentar contra la independencia judicial y el poder de los jueces en sus salas, ha provocado mucho malestar entre los magistrados, que se niegan a dejar que las actuaciones se lleven a cabo en el interior de los juzgados. La detención de la jueza se interpreta, pues, como una advertencia para atemorizar al resto.
La política del miedo al gobierno Trump, sin embargo, da un paso más. En todos los campos. Con las universidades, con los científicos, con los estudiantes extranjeros, con los periodistas y con todo el mundo que le planta cara. Si ahora los jueces también se dejan pisar, el futuro de Estados Unidos como país democrático quedará, más que nunca, en entredicho.
