Presupuestos, por fin
El gobierno de Cataluña tendrá presupuestos. Ya era hora. Los últimos se aprobaron en 2023. No nos podemos acostumbrar a considerar normal que se gobierne sin unas cuentas actualizadas. No es admisible que cada vez más se arrastren los presupuestos de legislatura en legislatura por la incapacidad de llegar a acuerdos. La política es precisamente eso: pacto. Sentido de responsabilidad más allá de expresar las legítimas diferencias.
Esta vez las elecciones andaluzas han sido las causantes del retraso. El gobierno español no quería perjudicar a su candidata, María Jesús Montero, en una contienda muy difícil, como ya se ha visto (a pesar de la bajada socialista, el premio de consolación ha sido que el PP no ha podido revalidar la mayoría absoluta y dependerá de Vox). Después de que la entonces ministra Montero pactara el nuevo sistema de financiación autonómica, con un incremento de 21.000 millones para el conjunto (4.700 para Cataluña), el freno vino por el desacuerdo con el traspaso del IRPF, que de entrada era una línea roja para ERC. Con el añadido del contexto de la crisis de Cercanías, los republicanos no quisieron avalar las cuentas de Illa. Pero la ruptura fue solo estratégica. PSC y ERC se instaron a continuar negociando.
Ahora, finalmente, ha habido fumata blanca. ¿Cómo se ha desencallado la situación? Se ha recuperado un viejo proyecto de infraestructura ferroviaria, la línea orbital ferroviaria: una apuesta a largo plazo (2041) para conectar por tren Mataró con Vilanova i la Geltrú, 120 kilómetros de los cuales 68 deberán hacerse de cero y de nuevo, con 40 paradas y un coste global estimado de 5.200 millones. El proyecto se planteó hace más de dos décadas, en época del tripartito de Pasqual Maragall. La demanda potencial de usuarios al año es de 30 millones de viajeros. Si tira adelante –dependerá, en buena parte, del compromiso de los gobiernos del Estado de los próximos años–, ayudará a retirar hasta 29.000 vehículos diarios de la carretera y a reducir 45.000 toneladas anuales de emisiones de CO₂.
Es una apuesta relevante que, sin embargo, no debería comportar la desaparición del IRPF de la agenda negociadora. Cataluña continúa sufriendo un asfixiante agravio financiero. La demanda histórica del catalanismo de controlar y gestionar los impuestos no puede decaer. Esto no quita que sea bienvenido el gesto compartido de aprobar los presupuestos. Era necesario.
Es verdad que sin presupuestos no se paraliza el país, pero queda tocada la gobernanza: se frena la maquinaria pública y, de rebote, el conjunto de la economía y la sociedad se resienten. La legalidad catalana es mucho más exigente que la española a la hora de buscar salidas para incrementar el gasto sin unas cuentas nuevas aprobadas. Para el ejecutivo del Estado hay vías más fáciles para incrementar el gasto. Para la Generalitat resulta más arduo y complicado.
Por tanto, la aprobación de los presupuestos, gracias al acuerdo de socialistas y republicanos –también con el concurso de Comuns– es objetivamente una buena noticia. El mundo económico y todo el tejido social ha insistido hasta la extenuación, en los últimos años, a la hora de reclamar a los grupos políticos que sacaran adelante las cuentas. Desde este diario lo hemos reclamado también con insistencia. Tocaba dar el paso.