Editorial

Una regularización justa y pragmática

Varios migrantes a bordo de un barco de Salvamento Marítimo el miércoles 18 de septiembre en El Hierro tras el rescate de un cayuco con 57 inmigrantes a bordo, entre ellos tres mujeres y cuatro menores.
14/04/2026
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BarcelonaEn el estado español el proceso para conseguir la residencia y el permiso de trabajo es tan farragoso y complicado que llevar a cabo procesos de regularización extraordinarios ya se ha convertido en una costumbre. El objetivo es acabar con los cuellos de botella administrativos y los focos de inmigración irregular que, a su vez, alimentan la economía en negro y la perpetuación de situaciones de vulnerabilidad social. Estas regularizaciones las han llevado a cabo gobiernos socialistas y populares. Las hubo en 1986, 1991 y 1996 con Felipe González, en 2000 y 2001 con José María Aznar, y en 2005 y 2006 con José Luis Rodríguez Zapatero. La última, por tanto, fue hace veinte años, antes del boom migratorio posterior a la recesión global de los años 2008-2012.

El consejo de ministros ha aprobado este martes el real decreto que, mediante una reforma del reglamento de extranjería, permitirá regularizar a alrededor de medio millón de personas que se calcula que están en España sin papeles y que cumplen los requisitos para acceder al permiso de residencia. El gobierno de Pedro Sánchez ha vendido la regularización como una cuestión de derechos humanos, con un gesto que le distingue claramente de las políticas migratorias restrictivas que se están aprobando en toda Europa, pero hay que subrayar que también hay una lógica pragmática detrás. La economía española es de las que más crecen de Europa desde hace cinco años, y una parte importante de este crecimiento responde a la incorporación masiva de mano de obra extranjera a un mercado laboral en el que hay sectores enteros, como el primario, el turístico o el de los cuidados, que dependen totalmente de los recién llegados. No en vano, tanto las patronales como los sindicatos se han mostrado favorables a la medida. Con la regularización, el gobierno español busca aflorar actividad económica, aumentar la recaudación de impuestos y continuar profundizando en las políticas sociales.

. O se les regulariza o se les expulsa al estilo del ICE en los Estados Unidos. Y eso ni siquiera el PP tiene el valor de defenderlo.

Y como suele pasar cuando Sánchez pasa a la ofensiva, el PP ha vuelto a quedar descolocado, ya que de votar a favor de la tramitación de una iniciativa legislativa popular a favor de la regularización ha pasado a criticarla frontalmente, a pesar de que Aznar hizo lo mismo en su día. Hay motivos de fondo para defender una política fronteriza más estricta (a pesar de que el Mediterráneo continúa siendo una trampa mortal para miles de personas cada año) y un proceso de admisión más restrictivo, pero difícilmente se puede defender que la mejor opción es dejar medio millón de personas en el limbo y en una situación de indefensión absoluta sine die. O se las regulariza o se las expulsa al estilo del ICE en Estados Unidos. Y eso ni siquiera el PP tiene el valor de defenderlo.

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