Una tragedia inexplicable que ha de tener consecuencias

BarcelonaEl accidente de alta velocidad de Toledo podría ser una desgracia puntual, pero el hecho de que se haya producido solo nueve meses después de otro choque mortal, el de Adamuz, multiplica su impacto y pone las cosas realmente muy difíciles al gobierno español para que convenza a la opinión pública, a poco más de cuatro semanas para las elecciones, de que no existe un problema estructural de gestión o de recursos en el sistema ferroviario. Es verdad que, con la información de la que disponemos hasta ahora, parece que los dos accidentes obedecen a causas completamente diferentes. En el primer caso, el descarrilamiento se debió a una grieta en la vía, por tanto, a un problema de la infraestructura viaria. Y en el segundo habría fallado el sistema de seguridad, primero, y la dirección del tráfico desde el centro de control, después.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que una instrucción "inverosímil" por parte de un operario del centro de control de Atocha habría desencadenado la catástrofe, pero lo cierto es que se acumulan muchas incógnitas. ¿Cómo es que, una vez dada la instrucción errónea, en el centro de control nadie fue capaz de detectar que un convoy se dirigía a gran velocidad contra otro que estaba parado? ¿Qué hizo el supervisor de la sala? ¿Por qué no saltó ninguna alarma durante 17 minutos? ¿Por qué falló en un primer momento el sistema de seguridad LZB? ¿Por qué el Iryo no se movió cuando todos los trenes que estaban parados recibieron la orden de reanudar la marcha a velocidad reducida?

Aquí ya no se puede hablar de un hecho excepcional como una pequeña grieta en un raíl de 30 años y una desafortunada coincidencia horaria. El sistema que rige el tráfico de los convoyes y que debería avisar, e incluso bloquearse de forma automática, cuando se detecta el riesgo de una posible colisión no funcionó. Por tanto, hará falta algo más que una investigación a fondo de los hechos. Será necesario abordar una actualización profunda de los sistemas de seguridad para que no pueda volver a pasar nada parecido. Y en un contexto normal no sería sobrante la asunción de responsabilidad política por parte del ministerio responsable, a pesar de que el clima preelectoral lo condiciona todo.

El objetivo debe ser recuperar la confianza ciudadana en un sistema ferroviario que, al menos en la alta velocidad, funcionaba razonablemente bien hasta no hace tanto. Porque como ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dos accidentes en tan poco tiempo "no son asumibles para un país como España", que ha basado buena parte de su imagen de modernidad y sostenibilidad en esta red. Y no lo son porque, más allá de las causas concretas de los accidentes, también es razonable cuestionar si la apuesta del estado español por la alta velocidad, en detrimento de las líneas de proximidad como Cercanías, y con una configuración radial en la que todo empieza y todo acaba en Madrid, era la mejor decisión posible en términos de retorno económico. En esto, sin embargo, el consenso de los grandes partidos españoles es absoluto.