Las víctimas de pederastia en la Iglesia ganan otra batalla
A partir del 15 de abril, aquellas personas que en el pasado sufrieron abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica o en algún otro ámbito religioso podrán optar a una reparación tutelada por el Defensor del Pueblo. Pese a las imperfecciones del sistema, que no recoge algunas de las demandas de las víctimas, la firma ayer del protocolo debe leerse como un nuevo éxito de este movimiento de víctimas que desde hace unos años ha conseguido que se reconozca el daño y se acepten las responsabilidades. El protocolo establece la manera como personas que hasta ahora no podían acudir a la justicia porque su caso había prescrito o porque la persona que había abusado ya había muerto podrán optar a una reparación. Y, lo más importante, el árbitro no será la misma institución eclesiástica en cuyo seno se cometieron los abusos, y que de manera sistemática los ha estado negando o minimizando hasta hace muy poco, sino que será el estado, a través de la figura del Defensor del Pueblo, el que hará de árbitro y que en última instancia decidirá en qué debe consistir la restauración, que en buena parte será económica.
Fue, precisamente, el Defensor del Pueblo quien en 2023 hizo un informe sobre la pederastia en la Iglesia en el que calculó que un 1,13% de la población adulta española había sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso. Son unas cifras enormes, de decenas de miles de personas que habrían sufrido abusos en diversos grados. Según los datos que reconoce la Iglesia, sin embargo, las personas que podrían acogerse al protocolo que ayer se firmó serían unas 2.000, cifra que subiría hasta casi 3.000 según estimaciones de otros estudios. Por el camino de esta larga negociación –el acuerdo inicial se firmó en enero, pero hasta ahora no se ha llegado a definir el protocolo– se han perdido algunas cosas. Por ejemplo, que hubiera baremos mínimos y máximos de lo que se debería pagar, una reivindicación de las asociaciones de víctimas que ha encallado la negociación y que finalmente se ha retirado del acuerdo final. En la firma de ayer estaban el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Casi todos defendieron que la falta de un baremo era, en realidad, una protección para las víctimas, porque no ponía tope a las indemnizaciones. Ya se verá.
En todo caso, lo que no se volverá a producir serán las indemnizaciones ridículas o la minimización de los hechos, como había pasado hasta ahora cuando las víctimas denunciaban directamente a la comisión creada específicamente por la misma Conferencia Episcopal en julio de 2024, conocida como PRIVA (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso). Este acuerdo establece que el sistema debe durar un año, aunque se puede prorrogar si no hay tiempo de revisar todos los casos, y por cada caso el proceso puede durar entre cinco y siete meses aproximadamente. No hay baremos, pero sí que se han establecido criterios para valorar la gravedad de los hechos. Los resultados los sabremos cuando se hayan tramitado todas las peticiones, pero, en todo caso, el protocolo deja claras las responsabilidades del pasado y puede ayudar a hacer que haya todavía más control para que cosas así no vuelvan a pasar.
