Una victoria ejemplar por el derecho a la educación
La educación es una herramienta clave, no sólo para mejorar el futuro profesional de sí mismo, sino también para crecer individualmente y como sociedad. Porque no sólo es un mecanismo de transmisión de conocimientos, también es una herramienta para formar ciudadanos que participen y colaboren en la construcción del proyecto común del país. Por eso aquí es un derecho y existe una red pública para garantizarla. Y por eso es lógico que Maria, siete compañeros suyos y sus familias hayan luchado por garantizársela cuanto más tiempo mejor. Lógico, pero no por eso menos valiente ni menos extraordinario. Maria, que sufre un trastorno del espectro autista, ha querido luchar con sus compañeros y familias por su derecho a continuar en un centro de educación especial tanto tiempo como sea posible, y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya les ha dado la razón.
La clave de la cuestión es la expresión "hasta". La ley orgánica de educación española y el decreto catalán que la despliega establecen que "en los centros de educación especial los alumnos pueden estar escolarizados hasta los 21 años". Pero esto el Gobierno lo interpretaba de tal modo que, si un alumno debía cumplir los 21 años durante el año en que se acababa un curso, ya quedaba descartado. En algunos casos esto afectaba a jóvenes de 19 años. Tras quejas y requerimientos infructuosos, las ocho familias llevaron el caso a los tribunales y acabaron ganando.
Puede parecer una victoria pequeña, pero no lo es para los alumnos de los centros de educación especial, que podrán seguir aprendiendo y desarrollándose con la ayuda de profesionales durante más tiempo. También es una victoria ejemplar. María, sus compañeros y sus familias valoran suficientemente la educación para luchar por mantenerla y mejorarla y, por tanto, deberían ser un ejemplo para toda la sociedad en general.
El Gobierno ha reaccionado adecuadamente a la sentencia. Aunque sólo se aplica a los ocho alumnos que han llevado el caso a los tribunales, ha entendido que establecía un precedente, ya partir del próximo curso la conselleria de Educación ofrecerá a las familias que los alumnos puedan estudiar "hasta el último día de los 21 años". Pero también avisa que esto implica que habrá menos plazas libres para alumnos nuevos, sobre todo el próximo curso. Y esto es un problema que el propio Gobierno debería abordar y solucionar lo antes posible. No puede ser que garantizar los derechos de unos jóvenes perjudique a otros.
El padre de Maria –que también es el abogado que ha llevado el caso–, Pablo Feu, denuncia que cuando termina la etapa educativa a menudo empieza para estos jóvenes "una época que se asimila más al asilo que al desarrollo". Pero no son piezas descartables de nuestra sociedad, sino que son miembros, y deberíamos encontrar una fórmula, más allá de las fundaciones que montan familias de afectados, para que esto no sea así. Éste también es otro reto pendiente que deberemos plantearnos como sociedad.