Vivienda pública: falta mucho, y con urgencia
La crisis habitacional es un fenómeno europeo que tiene en Barcelona y Cataluña una de sus áreas más tensionadas. No es de extrañar, pues, que el alcalde Collboni haya viajado una vez más a Bruselas esta semana para abordar la cuestión a través de la alianza Mayors for Housing, que agrupa a 17 ciudades, entre ellas París, Amsterdam, Lisboa, Milán y Roma. El objetivo de sus alcaldes es que la Comisión Europea cree un fondo de vivienda asequible que movilice 300.000 millones de euros públicos y privados anuales.
Este miércoles, en Barcelona han coincidido dos eventos sobre la vivienda. Por un lado, el tercer sector social se ha reivindicado como parte de la solución en la promoción, gestión y acompañamiento de la vivienda social. Entre 2017 y 2024, más de una quincena de entidades han pasado de ofrecer 1.500 pisos a 4.098, y creen que si recibieran reconocimiento jurídico y político y apoyo económico –les falta músculo financiero– podrían dar un gran paso adelante. Tienen la experiencia y conocen la demanda, que, por cierto, sigue siendo muy grave en los sectores sociales más vulnerables (sobre todo la inmigración: en Barcelona, los inquilinos inmigrantes dedican de media un 41,6% de sus ingresos a la vivienda, mientras que entre los autóctonos es un 18,5%), pero que cada vez afecta más a la clase.
En paralelo, la ciudad también ha acogido el salón inmobiliario The District, donde la jefa de la división de Desarrollo Urbano del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Elena Campelo, ha dicho que "la demanda de nuevas viviendas en Europa alcanza los 2,3 millones de unidades anuales, pero en sólo 4 millones", pero sólo. Campelo ha dado a conocer que el BEI cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros para apoyar la construcción de un millón de viviendas asequibles en Europa en los próximos cinco años. En Catalunya, el gobierno de la Generalitat ha prometido construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, una operación para la que varios ayuntamientos ya están ofreciendo suelo público.
Por fin parece que las cosas se mueven, aunque lentamente. El acceso a la vivienda es hoy un problema gravísimo, fuente de malestar, ruptura de la cohesión social y demagogia de la ultraderecha. Como sociedad hemos tardado una década en ser plenamente conscientes de la magnitud de la tragedia. Y ahora, claro, va a costar mucho ponerse al día. Aquí el retraso resulta sangriento: la inversión pública en vivienda en España se situó el pasado año en el 0,5% del PIB. En Catalunya, donde existen 25.000 pisos vacíos, la mayoría en manos de grandes tenedores y bancos, la vivienda pública o social representa el 2% del parque total, mientras que la media europea está en el 15%. La presión turística y especulativa está resultando letal, y las medidas reguladoras para combatirla tienen, por el momento, efectos limitados.
Es urgente dar un salto de escalera y poner la lupa en experiencias como el Housing Firstde Islandia, el ejemplo de Viena (con un 60% de población viviendo en alquiler social o regulado), las 300 housing asociations de los Países Bajos –que gestionan 2,3 millones de viviendas– o el cooperativismo suizo en ciudades como Zúrich y Basilea. El diagnóstico está realizado y las soluciones inventadas. Hacen falta recursos, regulaciones e ir al trabajo.