Medidas para dar respuesta a la emergencia y el déficit habitacional

A finales de 2024 se aprobaba el Plan territorial sectorial de vivienda de Cataluña (PTSH), el instrumento del Gobierno de la Generalidad para planificar y programar a largo plazo las políticas de vivienda.

Para conocer con más profundidad la propuesta, el ARA en colaboración con la Generalitat de Catalunya ha organizado una serie de mesas centradas en la vivienda. Con el objetivo de valorar las medidas propuestas y los retos de futuro, el 17 de diciembre, bajo el título Las ayudas a la vivienda que ofrece actualmente la Generalitat, la periodista Laura López acompañó a Luisa Fernanda Pinto, abogada especializada en derecho urbanístico, referente de vivienda del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y la Karen Ortega, ' investigadora en el grupo de Vivienda y Demografía del Centro de Estudios Demográficos adscrito a la UAB.

Las ponentes coincidían en que se trata de unas políticas necesarias si se tiene en cuenta que según datos del Centro de Estudios Demográficos en Cataluña hay unos 3 millones de hogares, cada año se crean 50.000 nuevos y últimamente el ritmo de construcción anual no supera las 14.000 viviendas. "La estructura integral creada por el plan incluye incentivos a la oferta, la demanda y la rehabilitación. Es una respuesta más reactiva que preventiva, comprensible si tenemos en cuenta que a la acumulación del déficit de vivienda se suman el volumen de migraciones, el incremento de separaciones o la existencia de nuevas estructuras de hogar", apuntaba Ortega. Para Pinto se trata de unas ayudas esenciales que deberían mantenerse en el tiempo e incrementarse, hasta que no exista un parque estable de vivienda protegida. "Además, es necesario que se trabaje de forma coordinada a diferentes niveles de la administración, que se tenga una visión metropolitana que dé respuesta a todo el territorio. Es necesaria una mirada más amplia, multinivel y sistémica", aseguraba la referente de vivienda del PEMB.

El préstamo de emancipación y las ayudas de emergencia habitacional

Entre las diferentes ayudas está el préstamo de emancipación para jóvenes de 18 a 35 años que quieran acceder a su primera vivienda, con la voluntad de aligerar el impacto inicial del gasto. Ortega recordaba que, aunque es temprano para hacer balance, está en funcionamiento desde el 30 de junio, es una política que abre un camino interesante para incrementar la oferta. Son viviendas que quedan protegidas de forma permanente, durante los tres primeros años no se pueden vender ni alquilar, después de 30 años –ya se habrá pagado el 80% de la vivienda–, se tendrá que devolver el préstamo con un interés cero, y si se decide vender deberá ser a precio de compra más la subida del IPC, hecho. "No es sólo una ayuda individual, también lo es en el conjunto del parque de vivienda porque lo hace crecer, y supone un cambio de mentalidad, haciendo corresponsable al ciudadano que adquiere. Es un cambio de paradigma total respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora, subvencionar la compra totalmente especulativa", apunta Pinto.

Para afrontar el incremento de la exclusión residencial severa, el Gobierno ha elaborado una serie de Prestaciones de especial urgencia que se pueden solicitar en las Bolsas de mediación para el alquiler social y en las oficinas locales de vivienda. Son ayudas para el pago de la deuda de rentas del alquiler, el pago de la deuda de cuotas de amortización hipotecaria y para atender situaciones de pérdida de la vivienda. "Unas medidas que quieren dar respuesta a la realidad de la vulnerabilidad que va en aumento", comentaba Ortega.

Retos de futuro

La investigadora del Centro de Estudios Demográficos entiende que se precisan algunos elementos para dar respuesta a los retos de futuro. Por un lado, la necesidad de contar con toda la información necesaria y así garantizar una buena gestión del problema de la vivienda. También tener varias medidas que ayuden a fortalecer la oferta de viviendas, teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro necesitan ventajas fiscales, financieras y urbanísticas más contundentes.

Pese a reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable en materia de ayudas, Pinto cree que es necesario un replanteamiento sistémico: "Tenemos un sistema de ayudas discontinuo y fragmentado territorialmente que no permite hacer una previsión en el tiempo por parte de la Administración ni de la ciudadanía, por eso habría que ser las convocatorias. También considera esencial la simplificación de los trámites, mejorar la eficiencia y que las ayudas de vivienda sean compatibles con el resto de prestaciones sociales del sistema, revisando posibles incompatibilidades y las cargas fiscales que tienen asociadas. Ambas expertas coincidían en que las ayudas deben ir acompañadas de más parque asequible, tanto en propiedad como de alquiler y para su rehabilitación. Combinar diferentes medidas y realizar una evaluación pública durante y después de la implementación de los programas, para saber el impacto que tiene en diferentes ámbitos –territorial, sanitario o social–, además de fortalecer el equipo humano de vigilancia e implementación de las ayudas.