Cuando la administración ejerce violencia machista

BarcelonaUna madre con una criatura de pocos días entra en un juzgado por denunciar violencia machista. La juez le reprocha que decidiera quedarse en España y no irse a su país cuando supo que estaba embarazada. En el tiempo que permanece en el juzgado tampoco se le permite dar el pecho al bebé. En una comisaría, una mujer relata cómo su pareja le abuchea y la insulta constantemente y, al terminar su testimonio, el policía le responde preguntándole si cree que todo aquello es violencia psicológica machista. Consciente o inconscientemente, los agentes ejercen lo que se llama violencia institucional machista, que es la desatención por acción u omisión de los poderes públicos a estas mujeres. Desde 2020 la ley catalana recoge este tipo deagresiones, muy difíciles de identificar y denunciar, que ahora lo nuevo Observatorio estatal de la violencia institucional (Ovim) pretende documentar y denunciar. Se trata de una iniciativa pionera en Europa nacida de la suma de la asociación Helia y Almena Cooperativa Feminista, que se presenta este viernes oficialmente en Barcelona.

La idea de Ovim surge de las mismas mujeres. Desde hace cinco años Helia tiene en marcha el programa Vecinas por vecinas, en las que voluntarias acompañan a víctimas en el circuito con la administración. En un año, ha realizado 212 acompañamientos, en una treintena de los cuales se han detectado malos tratos institucionales. A menudo a las mismas víctimas les cuesta reconocer ese abuso, porque, imbuidas por el mismo sistema patriarcal y discriminatorio, juzgan una conducta abusiva como la norma, "porque siempre ha sido así", explica Liliana Aragón, cofundadora del Observatorio y coordinadora de Helia.

Esta es la función del Observatorio: romper esta dinámica, que se han encontrado incluso en los servicios sociales, en las escuelas o en servicios especializados en atención a la mujer. Las mujeres más afectadas por estas agresiones son las de colectivos más vulnerables y, por tanto, con menos herramientas para denunciar, como son las mujeres migradas, menores de edad o con alguna discapacidad. Además, también son víctimas las mujeres que las defienden. Es la conocida como violencia de segundo orden, también tipificada por ley. Se han encontrado de todo: personal que no se las ha creído, las ha revictimizado y las ha responsabilizado de las agresiones que han sufrido, explica Aragón.

Una respuesta habitual

Aragón explica que "a menudo" los pocos casos de violencia institucional que se denuncian obtienen como respuesta de la administración que "son casos aislados". Por el contrario, prohibir que una mujer esté acompañada en todo momento o que el funcionario de turno no tenga formación alguna sobre género y reproduzca los estereotipos también es violencia institucional y está muy extendido. Del mismo modo, también es una agresión que en una declaración, en comisaría o en el juzgado, sólo se deje explicar un episodio violento concreto y no todo el historial, lo que daría más elementos para determinar cuáles son las medidas de protección para la víctima.

El observatorio se presenta como una web, en la que, a través de un formulario virtual, mujeres y entidades pueden hacer su denuncia de forma totalmente anónima. "Ponerle nombre a la violencia es el primer paso para que no haya abusos", continúa el activista, que presenta el observatorio como una "herramienta feminista" para "vigilar" el poder público y al mismo tiempo "impulsar pedagogía feminista" hacia la sociedad y la administración.