Marruecos: de una represión a otra
Barcelona¿Cómo sobrevive un régimen autoritario como el de Marruecos? Con la represión. Cuando se tambalea ante el más mínimo sobresalto, recurre a lo que sabe hacer mejor para hacer callar cualquier oposición seria o que considera peligrosa: primero intenta comprar voluntades y, si eso no da resultado, saca la porra, encarcela o, en algunas ocasiones en el pasado, mata. Y así ha sido desde el inicio de la independencia de Marruecos, en 1956.
Durante la terrible revuelta popular de Casablanca de 1965, el rey Hassan II no dudó ni un minuto en lanzar su brutal ejército contra su propio pueblo. Lo masacró. Miles de muertos. Acto seguido, envió a París al comandante Ahmed Dlimi para que secuestrara y asesinara, con la eficaz ayuda del Mossad israelí, al principal opositor de la monarquía, Mehdi Ben Barka. De este último no se volvió a saber nunca nada, pero a Dlimi se le abrieron de par en par las puertas del ejército y del makhzen, el estado profundo, hasta que, a su vez, también fue asesinado como tantos otros militares golpistas. Lo torturaron y asesinaron tal como él mismo había hecho con Ben Barka, y después introdujeron su cadáver en un coche y declararon que había muerto en un improbable accidente en Marrakech, en 1983. El autor de aquellas torturas, que ya roza los 90 años, todavía vive en París, y hace pocos años él también sufrió un intento de asesinato en... Marrakech.
En 1981, en Casablanca, la capital económica del país volvió a ser diezmada por el ejército marroquí y la Gendarmería Real, y en enero de 1984 Marruecos vivió las llamadas revueltas del hambre, en Marrakech, Nador, Alhucemas, Tetuán y otras ciudades, todas ahogadas por el fuego supuestamente patriótico de un ejército que debería defender al país de amenazas externas y no masacrar a su propia gente. Miles y miles de muertos, otra vez.
La nueva era de Mohamed VI
Pero los años de plomo se acabaron durante los últimos años del reinado de un Hassan II viejo, enfermo y apaciguado y con el inicio de otro reinado, el de Mohamed VI, en 1999. No es que el nuevo autócrata convenciera con su nuevo eslogan de "Nueva era", sino que se impuso una idea que todavía hoy continúa vigente. En la era de la aparición de las cadenas de televisión por satélite, CNN, Al-Jazeera y otras, más vale andar con pies de plomo que no con el plomo en la recámara. Nuestros estrategas de la represión llegaron a la conclusión de que se puede y que se debe controlar a la "chusma" con otros instrumentos, menos mortíferos. Por eso, las diferentes policías políticas del reino, ya de por sí eficientes, incrementaron los efectivos, invirtieron en aparatos de escuchas telefónicas y perfeccionaron sus métodos de vigilancia y acoso. Y, para rematarlo, llegaron a crear con la excusa de la lucha contra el "terrorismo islamista", un tribunal especial situado en Salé, la ciudad gemela de Rabat, e integrado por jueces formados por ellos.
Esta experiencia sirvió a la policía política para estrechar todavía más el cerco al poder judicial marroquí, para que nadie, ningún juez, se saliera del guion en cuestiones que consideran tabú: la monarquía, el conflicto del Sáhara Occidental y el islam. No es que los miembros de las centrales de inteligencia marroquíes sean virtuosos adeptos de Mahoma, sino que debían preservar las formas en un país eminentemente musulmán y comandado espiritualmente por un "comendador de los creyentes", una especie de califa en tierras marroquíes que no puede ni debe tolerar disparates teológicos o verbales contra la religión oficial y mayoritaria de los marroquíes. Si no, los islamistas se aprovecharían para despreciar y ridiculizar esta "comandancia".
Todo el mundo lo reconoce. El papel de la policía política ha sido fundamental durante el reinado de Mohamed VI para reprimir a tiempo las diferentes manifestaciones sociales: Sidi Ifni en 2008, Safi en 2011, Taza, Bni Bouayach e Imzouren (Al-Hoceima) en 2012, Zagora en 2017 y Jerada en 2018. Sin olvidar las más grandes, las que han hecho tambalearse al régimen: el Movimiento del 20 de Febrero, entre 2011 y 2012, el Hirak del Rif, entre 2016 y 2017, y, recientemente, el GenZ 212 de 2025. Todas estas revueltas legítimas y pacíficas han sido sofocadas sin la intervención del ejército, mediante promesas individuales de una jugosa vida institucional para los principales cabecillas de estas erupciones populares y, en caso de rechazo, con los viejos recursos policiales de siempre: intromisiones en la vida privada de los disidentes, chantajes contra ellos o sus familiares, y complots inverosímiles que llevan directamente a la cárcel. Todo este entramado ha sido posible con la ayuda de sofisticados programas de espionaje, como Pegasus y tantas otras aplicaciones, y con el potente apoyo del Estado de Israel, que ha formado a responsables y agentes marroquíes en el arte de la vigilancia y la persecución de los disidentes. A los disidentes marroquíes que reclaman derechos fundamentales, el makhzen les aplicó métodos de vigilancia y de guerra procedentes del Próximo Oriente. Pero matar, no. Excepto en un caso concreto. El de Lqliâa, una localidad próxima al turístico balneario de Agadir, en el sur del país.
La noche del 1 al 2 de octubre de 2025, unos jóvenes del movimiento GenZ 212 se dirigieron al cuartel de la Gendarmería Real, un cuerpo policial militarizado, para manifestar su cansancio. No llevaban armas de ningún tipo. Solo la rabia de querer fustigar a este símbolo de la represión del estado.
Los gendarmes defendieron la entrada de su cuartel alegando la seguridad de sus familias. Una reacción que, hasta cierto punto, se puede comprender; pero fueron más allá. Algunos de los uniformados salieron a la calle para cazar, literalmente, a manifestantes desarmados. Tres vidas segadas por balas disparadas a matar. Al día siguiente, conscientes del desastre que supondría para la imagen del país la difusión de la reacción impetuosa, exagerada y sangrienta de los gendarmes, las autoridades registraron las viviendas de los alrededores del cuartel en busca de vídeos incómodos. En vano. Pronto aparecieron en las redes sociales aquellas imágenes insoportables de gendarmes disparando indiscriminadamente contra civiles desarmados en la calle.
Algunos defensores de la policía política presumieron que sus ídolos son diferentes a los gendarmes. La policía política no mata en la calle. Y es cierto que, a diferencia de Lqliâa, la respuesta del régimen a las protestas, pasadas y presentes, durante este reinado, se ha jugado sobre todo ante jueces complacientes y muy monitorizados que no son muy diferentes a los del famoso tribunal especial de Salé.
La represión del movimiento GenZ 212
En cuanto a la represión del movimiento GenZ 212, las cifras, comunicadas por la propia justicia marroquí, hablan por sí solas: un mínimo de 6.000 personas detenidas durante las protestas, de las cuales más de 2.000 continúan en prisión. Los cargos imputados –rebelión armada, participación en reuniones armadas, posesión de armas, incitación a cometer delitos, violencia contra las fuerzas del orden– forman parte del repertorio clásico del estado contra la disidencia. Son acusaciones lo suficientemente graves para justificar una detención prolongada y lo suficientemente vagas para poder aplicarse a casi cualquiera.
Las primeras condenas, dictadas rápidamente, han impuesto penas que suman cientos de años de prisión; algunas, aún más grave, contra menores de doce años. Se trata, según todos los indicadores disponibles, de la represión judicial más dura del reinado de Mohamed VI desde su llegada al trono en 1999.
El 10 de octubre de 2025, cuando el rey se dirigió al Parlamento, el país esperaba, como mínimo, un gesto hacia la protesta que sacudía sus calles desde hacía unas cuantas semanas. No hubo ni una sola palabra sobre el movimiento. Dos semanas más tarde, un consejo de ministros presidido por el rey aprobó un aumento de los presupuestos de sanidad y educación, y también un fondo destinado a apoyar a jóvenes candidatos en las próximas elecciones. Dinero en una mano, invitación a la política institucional en la otra, pero ninguna palabra sobre los muertos y los detenidos, y ningún indicio de que las promesas se tuvieran que traducir en liberaciones. La estrategia es la misma: sustituir la bala por el presupuesto y por el expediente judicial, pero mantener intacto el mecanismo de intimidación.
Hace poco, el periodista y antiguo preso de conciencia Omar Radi investigó minuciosamente, para la web Orient XXI, la maquinaria judicial marroquí, y dio informaciones impactantes sobre un caso relativamente desconocido. La noche del 28 de septiembre de 2025, en la plaza Sraghna de Casablanca, un grupo de encapuchados bloqueó durante media hora una autopista urbana a la salida del barrio de Derb Sultan. No hubo violencia, insultos ni amenazas por parte de los manifestantes. Pero veinticuatro jóvenes, entre los cuales seis menores de entre 14 y 17 años, fueron detenidos y encarcelados en la prisión de Oukacha, en Casablanca, acusados de haber participado en aquel bloqueo.
"Confesiones" en comisaría
El expediente de instrucción, de 170 páginas, revela un patrón: declaraciones ante la policía judicial redactadas con una uniformidad sospechosa, en las que los detenidos "confiesan" con un vocabulario político y una coherencia narrativa difícilmente creíbles en boca de adolescentes o de transeúntes ocasionales; y versiones radicalmente diferentes ante el juez de instrucción, en las que varios de ellos describen coartadas precisas –una cita en un centro comercial, una parada de tranvía, una peluquería– y denuncian presiones para que firmaran actas que no pudieron leer.
El juez de instrucción, Rachid Oussama, no citó a ninguno de los testigos de descargo mencionados por los acusados, ni solicitó el análisis de los datos de geolocalización de los veinte teléfonos confiscados por la policía, a pesar de que habrían podido confirmar o desmentir varias coartadas en cuestión de minutos. La única prueba material aportada es un vídeo de vigilancia de solo quince minutos, en el que casi ninguno de los acusados llega a ser reconocido. En al menos dos casos, la policía orientó los interrogatorios hacia el consumo de cannabis o las convicciones religiosas de los detenidos, como si se tratara, más que de juzgar un bloqueo de carretera, de instruir un proceso moral contra toda una generación.
Este contraste, entre la escasa entidad material de los hechos que se les reprochan –media hora de tráfico cortado– y la desproporción de la respuesta penal –centenares de años de prisión acumulados, menores encarcelados–, es quizás la mejor ilustración de la tesis de este análisis: el régimen de Mohamed VI no ha renunciado a la represión, sino que la ha judicializado. Ya no necesita que el ejército dispare contra la multitud como en 1965, 1981 o 1984; le basta con una policía judicial que fabrica confesiones tipo, una fiscalía que no cuestiona estas confesiones y jueces de instrucción cuya "convicción íntima" cae, sistemáticamente, del lado de la acusación.